En la dinámica política de Colombia, el cambio de roles entre el gobierno y la oposición suele activar una memoria selectiva que resulta difícil de ignorar. Lo que ayer se defendía como una muestra de cercanía institucional o de necesidad fiscal, hoy se señala como un grave desacierto desde la orilla contraria. El panorama actual del país, marcado por las críticas de sectores afines a la administración anterior frente a las decisiones del actual Ejecutivo, ofrece un ejemplo claro de cómo el discurso público se transforma dependiendo de quién ocupe la Casa de Nariño.
El episodio más reciente de esta controversia gira en torno a las prendas militares utilizadas por el jefe de Estado durante sus desplazamientos a zonas de frontera y sus operativos de seguridad en el oriente del país. Diversas voces de la actual bancada de oposición cuestionaron con severidad que el mandatario vistiera uniforme camuflado y boina, calificando el hecho como un espectáculo innecesario y recordando su falta de trayectoria castrense. Sin embargo, este argumento parece pasar por alto la historia reciente del cuatrienio pasado. Durante el mandato anterior también se suscitaron intensos debates cuando el entonces presidente portó prendas de la fuerza pública en actos oficiales. En aquel momento, sus defensores argumentaron que la Constitución establece al primer mandatario como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y que el uso de dichos distintivos simbolizaba respaldo institucional. Hoy, bajo exactamente las mismas facultades constitucionales, el gesto es interpretado por esos mismos sectores como una afrenta a la civilidad. La crítica pierde peso cuando se evidencia que la vara con la que se mide el simbolismo militar cambia según la afinidad ideológica del gobernante de turno.
Un fenómeno similar ocurre en el terreno de la transparencia y el manejo de los recursos públicos. Durante años, el proyecto político que llegó al poder en 2022 construyó su narrativa sobre la promesa de erradicar las prácticas clientelistas y elevar los estándares éticos del Estado. No obstante, el balance de ese periodo dejó abiertos varios frentes de cuestionamiento administrativo y graves escándalos de corrupción que golpearon la confianza ciudadana. Por ello, resulta llamativo que hoy, apenas tres meses después de haber entregado el mando, figuras de esa misma corriente se erijan como jueces implacables de la moral pública. Exigir pulcritud en la gestión estatal es un deber legítimo y necesario de cualquier oposición democrática, pero la credibilidad de ese reclamo se debilita cuando no viene acompañado de una autocrítica sincera sobre los errores cometidos durante el ejercicio propio del gobierno.
Donde la amnesia política alcanza su punto más crítico es en el debate económico y fiscal. La reciente decisión de la Corte Constitucional de avalar, con condiciones, el estado de emergencia económica decretado por la actual administración ha reavivado las críticas de los líderes del gobierno saliente y sus seguidores. Desde esa tribuna se ha intentado instalar la idea de que las medidas extraordinarias buscan afectar a la clase media y responden únicamente a la orientación económica del nuevo mandato. Este diagnóstico omite dos realidades fundamentales que condicionan el margen de maniobra del país en este cierre de año.
En primer lugar, la declaratoria de emergencia respondió de manera directa a una catástrofe natural de proporciones devastadoras: el fuerte terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, apenas tres días después de la posesión presidencial, que dejó cientos de víctimas y cerca de ochocientos mil damnificados. Ningún gobierno habría podido atender una calamidad de esa magnitud con las herramientas presupuestales ordinarias. En segundo lugar, y más relevante aún para el análisis estructural, la estrechez financiera que enfrenta hoy el Estado no surgió por generación espontánea en agosto de este año.
Los datos macroeconómicos evidencian que el Ejecutivo actual recibió unas finanzas públicas fuertemente presionadas. Según análisis técnicos conocidos durante el empalme, la administración saliente priorizó un ambicioso gasto social y una expansión de la inversión directa que, si bien impactaron algunos indicadores sociales, se financiaron sobreestimando los ingresos fiscales e incumpliendo las metas de recaudo durante tres años consecutivos. A esto se sumó el aumento en las retenciones en la fuente, una medida que adelantó recursos a costa de sacrificar los ingresos de vigencias futuras. El resultado de esa estrategia es la herencia que hoy limita el presupuesto nacional: un incremento histórico en el pago de intereses de la deuda y la obligación de cubrir decenas de billones de pesos en compromisos adquiridos previamente. Cuando la cartera de Hacienda advierte sobre la necesidad de congelar partidas y reperfilar obligaciones para evitar un incumplimiento financiero, no lo hace por capricho ideológico, sino para contener el desbalance fiscal acumulado durante el periodo anterior.
La democracia colombiana se fortalece cuando existe una oposición vigorosa, vigilante y capaz de señalar las fallas del poder ejecutivo. El actual gobierno, como cualquier otro, debe estar sujeto al escrutinio permanente sobre sus formas de comunicar, sus decisiones de seguridad y el alcance de sus decretos económicos. Sin embargo, para que el debate público sea constructivo y eleve el nivel de la discusión nacional, se requiere un mínimo de coherencia.
Criticar el uso de un uniforme cuando antes se justificó, señalar fallas éticas pasando por alto las propias, o desentenderse de la responsabilidad en el déficit fiscal mientras se cuestionan las medidas de choque para superarlo, son actitudes que alimentan la polarización y erosionan la confianza en la palabra política. Los ciudadanos merecen una oposición que fiscalice con rigor, pero también una clase dirigente que tenga la madurez de asumir el peso de su propia historia.
Oscar Christoffel Díaz