“Destruirle la autoestima a una niña, adolescente o mujer no solo es gritarle o agredirla, basta un mensaje mañoso, injurioso o desacreditador en redes sociales buscando likes”
Cuando iba a iniciar esta columna, recordé un escrito que me publicaron en diversos medios de comunicación por allá en diciembre de 2022 denominado “La fiesta del chivo”, en la que analizamos una trama cotidiana vergonzosa y por la cual la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres” en honor a las hermanas Mirabal de Republica Dominicana.
Por ello, la ONU insta cada año a sus Estados miembros que deben prestar más atención a las discriminaciones y violencia en general que afectan a las mujeres, en especial la acaecida en el mundo digital como principal arma que avanza inexorablemente por el frenesí de la comunicación y la información, desplegando normalmente fuerzas destructivas y deformantes.
Veamos. Nuestra democracia necesita ciudadanos que cuestionen al poder, pero también instituciones que protejan la dignidad humana como pilar fundamental de nuestro Estado constitucional. Esta tensión viene adquiriendo especial relevancia en las redes sociales, donde la crítica política, la confrontación ideológica y las agresiones personales suelen confundirse.
Hace pocos días, la Corte Constitucional profirió la Sentencia T-348 de 2026 donde ofrece a los operadores judiciales y a los ciudadanos en general una línea judicial para reflexionar sobre los límites de la libertad de expresión y la protección de las mujeres frente a la violencia digital.
El caso en comento surgió de una acción de tutela promovida por la gestora social del municipio de Arauca contra un creador de contenido digital o llamado “influencer”, quien había difundido publicaciones relacionadas con su apariencia física, su intimidad y sus actividades públicas. Una vez fue revisada por esa corporación, se planteó la sala una pregunta problema a resolver ¿puede invocarse la libertad de expresión para justificar manifestaciones que reproducen estereotipos de género, generan violencia contra la mujer y afectan la dignidad de una mujer públicamente visible?
La Corte en su fallo delimita dos aspectos fundamentales, el primero aduce que la crítica sobre asuntos de interés público goza de especial protección constitucional y en segunda medida establece que, las expresiones que sexualizan, violentan, cosifican o degradan a una mujer por razones de género no encuentran amparo en ese derecho, por lo tanto, es imperativo proteger los derechos fundamentales de quienes accionan.
Ahora bien, en dicha providencia se reafirma que la libertad de expresión, reconocida en el artículo 20 de la constitución política, constituye un presupuesto esencial de la democracia y su protección no puede depender que las opiniones sean moderadas, agradables o favorables a los gobernantes de turno.
Sin embargo, reconoce a su vez que la violencia contra las mujeres también puede manifestarse mediante prácticas digitales que instrumentalizan su cuerpo, reproducen estereotipos o pretenden deslegitimar su participación pública, realzando el artículo 13 del texto constitucional cuando exige que la igualdad no se garantiza únicamente mediante prohibiciones formales de discriminación, sino también mediante la protección efectiva frente a prácticas que perpetúan relaciones de subordinación.
La trascendencia de esta sentencia supera este caso en particular e invita a reflexionar sobre el papel de la sociedad a través de las redes sociales, donde se han convertido en escenarios de deliberación política y el derecho constitucional debe garantizar que ninguna persona sea excluida del debate mediante agresiones discriminatorias, pero también que quienes gobiernan, queden sustraídos del escrutinio ciudadano.
Poder desenvolvernos como personas en el mundo digital debe convertirse cada vez más en un derecho fundamental, por eso es necesario que el Estado colombiano garantice que este espacio público sea un lugar seguro para todas las personas. Para destruirle la autoestima a una niña, adolescente o mujer no solo es gritarle o agredirla, basta un mensaje mañoso, injurioso o desacreditador en redes sociales buscando likes para lograr el mismo nefasto objetivo.
Reitero a través de esta columna a los congresistas colombianos la invitación desde mi escrito en 2022, legislar sobre violencia digital de género se hace imperativo en nuestro país.
La democracia no se fortalece silenciando la crítica ni tolerando la violencia. Se fortalece cuando el poder puede ser cuestionado y la dignidad humana permanece protegida.
Roger Mario Romero