ACUERDO SOBRE LO FUNDAMENTAL

Veo con escepticismo un acuerdo para levantar el paro nacional, en principio no existe confianza de cumplimiento de los compromisos entre las partes, además de existir agendas independientes en cada uno de los municipios y en cada uno de los sitios donde hay marchas, plantones y/o bloqueos; solo con escuchar las respuestas a las preguntas que les hacen los medios de comunicación se advierte que los marchantes de Riohacha promueven unas arengas diferentes a las del comité del paro que lidera desde Bogotá; en ese mismo orden de ideas si observas las reclamaciones de los habitantes de Tasajera no tienen relación si quiera con las que aspiran se cristalicen los caminantes de Santa Marta, situación que pone en jaque una solución a corto plazo, por lo que se hace necesario hacer un acuerdo fundamental sobre el ejercicio del derecho a la protesta social y a la garantía del orden público por parte de las autoridades.

El derecho a la protesta social es un derecho fundamental, reconocido y protegido legal y constitucionalmente. (Art 37 de la Constitución), es preciso indicar que la protesta está estrechamente relacionada con otros derechos también reconocidos y protegidos por la Constitución como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de locomoción y el derecho a la participación. (Art 20, 38, y 40 de la Constitución, Sentencia T-518/92, Sentencia C-150/15, Sentencia C-223/17).

Debe tenerse en cuenta que, el derecho a la protesta tiene dos condiciones esenciales debe ser pacífica y sin armas, es por ello que cualquier acción violenta que se realice dentro de una manifestación puede ser sancionada o intervenida por las autoridades encargadas del orden público; si es pacífica se tiene derecho a protestar públicamente por el tiempo que se considere necesario, partiendo de allí todos los ejercicios realizados por las personas son válidos, hasta que afecten derechos de otros como la movilidad, la salud, la seguridad alimentaria y el trabajo.

A pesar que no hay comunicación fluida o asertiva entre los manifestantes, el común denominador es evidente, existen diferencias claras con la gestión del gobierno nacional en cuanto al manejo general del país, lo que ha llevado a cada colectividad regional a aprovechar la coyuntura para realizar sus propias demandas y tratar de resolver de manera definitiva los padecimientos en cuanto a solución de necesidades básica insatisfechas más las garantías a los derechos de la salud, educación y el trabajo, principalmente.

Recientemente se conocen denuncias por abuso de autoridad y exceso de fuerza por parte de miembros de la policía nacional y de su cuerpo élite ESMAD en casi todo el país, se habla de muertes, desapariciones forzadas de personas y violencia sexual, hechos que son repudiables y censurables, además que son  considerados crímenes de derecho internacional que cualquier Estado está facultado a investigar y perseguir de manera expedita, imparcial y exhaustiva, garantizando los derechos y la seguridad de las víctimas y testigos.

Colombia viene luchando contra la polarización política entre dos extremos que han logrado generar una conciencia colectiva de que las protestas no son más que actividades proselitistas para las próximas elecciones al congreso y a la presidencia de la república, logrando generar una estigmatización y sembrando dudas sobre las legítimas reclamaciones; no obstante, a pesar de esos juicios el uso de la fuerza para mantener el orden frente a situaciones que no supongan una amenaza concreta a la vida o integridad física de terceros se considera un uso desproporcionado de la fuerza, y por ende contrario a los estándares internacionales de los derechos humanos.

En ese sentido antes del uso de la fuerza las autoridades deben buscar mediante equipos de diálogo una comunicación permanente con los convocantes de las manifestaciones, a fin de que entre las partes se privilegie el dialogo en primera instancia, señalando que el uso de la fuerza será el último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas, por lo que también se hace menester que internamente entre los convocantes se establezcan los alcances, derechos y deberes que constitucionalmente se deben tener en cuenta.

La Policía Nacional ha manifestado que los presuntos abusos de que se le señalan no son más que respuesta a la violencia y abuso de lo que consideran “el derecho a la protesta” pues algunos amparados en este derecho consideran que están por encima de todo el ordenamiento jurídico con permiso para destruir y/o dañar el mobiliario urbano público y privado, así como obstrucción de las vías públicas y a maltratar física y verbalmente a los miembros de la fuerza pública buscando provocarlos para que cualquier reacción se convierta en la chispa adecuada para encender el fuego que legitime los actos vandálicos y los saqueos.

Derechos y deberes tenemos como parte de la sociedad, por tanto, se debe indicar que todo tiene un límite y debe ser respetado; en principio debe haber un acuerdo nacional en que la protesta pacífica es un ejercicio válido y constitucionalmente consagrado ligado a los derechos a la expresión y a la participación política, esto debe llevar a que el Gobierno Nacional acabe la estigmatización que han generado funcionarios como el Ministro de Defensa cuando las considera terrorismo; así mismo, exigir a los miembros de la fuerza pública y agentes del estado a racionalizar el uso de la fuerza en el manejo de manifestaciones pues debe ser un último recurso y guiarse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas; aunado a lo anterior,  se deben investigar las acciones de la Fuerza Pública en cuanto a las intervenciones arbitrarias y violentas en manifestaciones públicas.

Por otro lado, los manifestantes deben exigir de manera pacífica sus derechos sin atentar contra bienes y servicios públicos y/o particulares que generan lesión a intereses generales distintos a los de su reclamación pues de lo contrario se activan los protocolos policiales que podrían desencadenar en abuso de la fuerza; además de guardar los límites al trato que los participantes hacen a los agentes y autoridades del estado. Entre otras cosas, también sería bueno que se pongan de acuerdo en lo que se pide para ver si reiniciamos social y económicamente nuestro país.

ADAULFO MANJARRÉS MEJÍA

DESCARGAR COLUMNA

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Abrir chat
💬 ¿ Necesitas ayuda?
Hola 👋 ¿En qué podemos ayudarte?