El déficit del Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible (FEPC) nunca fue un tema de la campaña presidencial. Sin embargo, era claramente el elefante en la sala. Infructuosamente, en diversos debates y escenarios, traté de ponerlo en evidencia para confrontar a los diferentes candidatos, que competían en irreales propuestas populistas y asistencialistas, con la inviabilidad fiscal del modelo asistencialista del presidente Duque.
Ya en el poder, el gobierno Petro se vio inmediatamente confrontado con el monumental déficit del FEPC y su gravosa dinámica, a la vez que debía reconocer en la práctica que los mandatarios previos habían agotado el catálogo de medidas asistencialistas mediante cerca de 42 programas de subsidios directos vigentes en el nivel central del estado y una novedosa tendencia de gobiernos locales en grandes capitales, por cuenta de la pandemia, de emular el concepto facilista de la entrega directa no condicionada de subsidios y ayudas a los habitantes de sus jurisdicciones.
La realidad, en suma, era que el presupuesto 2023 era inviable y que los deseos y compromisos políticos de regalarlo todo y supuestamente resolverlo todo regalando plata se enfrentaba al reto no menor de que no había mucho más que regalar ni con que hacerlo.
La respuesta del gobierno era previsible y en línea con la irresponsabilidad fiscal de gobiernos anteriores: una nueva reforma tributaria. Pero no iba a ser una reforma cualquiera. Según el caduco, irresponsable y equivocado ministro Ocampo era la reforma para acabar todas las reformas.
La verdad es que resultó ser la reforma que acabó con el crecimiento y las utilidades y por ende acabó con las utilidades y claro que no acabó con las reformas tributarias ya que, afanosamente y como siempre, Petro aspira a encajarnos una nueva reforma en 2024 para mantener el desastroso promedio de gobiernos anteriores.
Por otra parte, en un inevitable y obligado gesto de cordura, el gobierno le puso la cara al problemón del FEPC. Pero como en casi todo, el lente ideológico, la mediocridad y la ignorancia afectaron severamente la eficacia de las medidas adoptadas. Bajo el absurdo discurso de que el subsidio del precio de la gasolina beneficiaba a los “ricos”, se inició el desmonte progresivo por incrementos mensuales moderados. El efecto fiscal era menor y el ajuste más lento, pero los consumidores de gasolina lo aceptaron sin rechistar demasiado.
El gran error en el manejo de la crisis del FEPC del gobierno Petro, bajo el entendido equívoco de contribuir a la baja de la inflación, fue no abordar de inmediato, en paralelo y con la misma metodología progresiva el desmonte del subsidio al ACPM.
Grave error que diluyó el efecto de ahorro requerido para cerrar el déficit heredado del gobierno de Duque, que irresponsablemente suspendió los ajustes del combustible durante pandemia y después de ella, y que por el contrario terminó dejando lo comido por lo servido en la medida en que lo dejado de pagar por gasolina se lo consumió el subsidio del ACPM impidiendo cubrir la deuda de 2022 con Ecopetrol y creando un nuevo déficit en 2023 y 2024.
Para agravar las cosas, el pésimo manejo de Ecopetrol, de la política minero energética y la absurda tributaria destruyeron las utilidades de Ecopetrol como fuente pago del gobierno. La reforma tributaria Ocampo destruyó la inercia del crecimiento y acabó con las utilidades que pretendía gravar en la industria de hidrocarburos y en las demás.
Mientras tanto, la inflación seguía alimentada en gran medida por las consecuencias del paro 2021, que el mismo Petro promovió, y por los excesos de gasto público no productivo montados por Duque y agravados por el desborde presupuestal de Petro en sus monstruosos presupuestos 2023 y 2024, a pesar de su baja ejecución. Las locuras de Petro, la chambonada, la improvisación y la destrucción institucional lograron lo imposible: recesión con alta inflación.
Ahora, consciente del error de haber dilatado el desmonte del subsidio al ACPM, el ministro de hacienda pretendió encajarle a la brava al sector transportador el desmonte del subsidio del ACPM. Y no pudo. El incremento en la forma planteada, tres incrementos importantes semestrales, no permitía al transporte trasladarlos a los generadores de carga. La alternativa aceptada por los transportadores, después de un costoso y evitable paro, es un espejismo más aceptable pero igual de gravoso para el sector, no le ayuda fiscalmente al gobierno, alimenta la inflación de nuevo y tuvo un alto costo institucional.
Lo extraordinario en todo este viacrucis es que en ningún extremo del espectro ideológico y menos entre los pontífices de la economía, que casi todos tienen responsabilidad como ex ministros de hacienda en el desastre, se ha abierto el debate de la utilidad y los daños que generan subsidios como el del FEPC establecidos en el segundo mandato de Uribe.
Ninguna reflexión realista y sincera sobre esta manía enfermiza de evitar las soluciones estructurales y los procesos de transformación seria de nuestra economía.
Como nunca antes en la historia fiscal reciente del país la doctrina facilista del asistencialismo populista y oportunista tiene contra la pared al estado colombiano, pero como buenos adictos nuestros líderes niegan la realidad del fracaso de más de veinte años de asistencialismo.
Y la adicción a los subsidios, viene desastrosamente aparejada de la adicción a la nómina, la burocracia, el gasto público ostentoso e inútil. Y si en esta terrible crisis ni siquiera logramos confrontar la realidad, estaremos condenados o bien a una catástrofe fiscal y productiva o a otras dos décadas de mediocridad económica que impedirán superar las endémicas violencias y pobrezas.
Enrique Gómez Martínez