La opción tarifaria, implementada en medio de la pandemia de COVID-19 en 2020, fue pensada como un alivio temporal, pero para los habitantes de la Costa Caribe, se ha convertido en una carga económica desproporcionada. En lugar de proporcionar un respiro, los usuarios han pagado injustamente por deudas no auditadas, acumuladas durante un año crítico en el que ni AIR-E ni AFINIA operaban plenamente. El costo total de esta medida ronda los 5 billones de pesos, que los habitantes de la región han tenido que asumir en sus facturas.
AIR-E, la principal distribuidora en la región, empezó a cobrar la deuda en febrero de 2024 y ha terminado de hacerlo en septiembre, incluso excediendo en 13 mil millones de pesos lo autorizado. Esto significa que, a partir del 1 de octubre, las tarifas de energía deberán reducirse en un 25%, ya que los usuarios han pagado la deuda acumulada. Es fundamental aclarar que esta reducción no es un logro del gobierno de Gustavo Petro ni de ningún político local como Álex Char; simplemente ya no se cobrará más porque los usuarios ya hemos pagado lo que se debía.
Aunque el gobierno de Petro heredó una crisis energética que lleva décadas gestándose, su falta de acción concreta es preocupante. A través de la Resolución de la CREG 101 028, aprobada en noviembre de 2023, se permitió que las comercializadoras cobraran estas deudas sin una revisión rigurosa. Sin embargo, en lugar de actuar con contundencia para aliviar el sufrimiento de las familias de la Costa Caribe, el gobierno ha optado por dilatar soluciones reales.
El presidente Petro tiene la obligación de tomar decisiones valientes y justas:
Asumir financieramente la deuda AFINIA: El Estado debe absorber la deuda de la opción tarifaria en su totalidad de los departamentos Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba y los municipios del sur del Magdalena. No es aceptable que las familias más vulnerables sigan cargando con una deuda que no fue debidamente auditada ni depurada. El gobierno tiene los mecanismos para asumir esta responsabilidad, y no puede seguir retrasando una solución que afecta a miles de hogares en la región.
Modernización de la infraestructura eléctrica: La crisis en la Costa Caribe no se resolverá solo con promesas de disminución de tarifas. La verdadera solución pasa por una modernización profunda de la infraestructura eléctrica, que ha sido históricamente deficiente. La obsolescencia de las redes y la falta de inversión han provocado que los costeños paguen más por un servicio de peor calidad. Es imprescindible que el gobierno de Gustavo Petro asuma este desafío con determinación, destinando los recursos necesarios para transformar el sistema eléctrico.
Comunidades energéticas, pero con límites: La propuesta de crear comunidades energéticas puede ser viable para zonas dispersas y rurales, pero no para el casco urbano de ciudades como Barranquilla o Cartagena. El enfoque de pequeñas redes comunitarias no solucionará los problemas estructurales que enfrentan las grandes ciudades. El gobierno debe tener claro que, aunque este modelo funciona en ciertas áreas, la modernización del sistema eléctrico urbano requiere de una solución integral y de gran escala.
Revisión profunda del régimen tarifario especial: Es urgente derogar o reformar el régimen tarifario especial que ha castigado a los usuarios de la Costa Caribe con tarifas más altas que en el resto del país. Esta política ha perpetuado la desigualdad, y el gobierno no puede continuar ignorando la injusticia que representa.
Transparencia y control: El papel de la Superintendencia de Servicios Públicos debe fortalecerse para garantizar que las empresas como AIR-E y AFINIA no abusen de su poder y cobren lo que quieran. La falta de auditoría y control ha permitido que estas empresas operen sin una verdadera fiscalización, lo que ha llevado a excesos como el cobro indebido de la opción tarifaria.
El balón está ahora en la cancha del gobierno de Petro. Sin embargo, la realidad es que reducir las tarifas un 25% a partir del 1 de octubre no es una acción heroica ni una medida fruto de la gestión de líderes como Álex Char o Gustavo Petro, como algunos han intentado atribuirse. Esta reducción en las tarifas no es más que la culminación del pago de la deuda acumulada durante la pandemia por parte de la empresa AIR-E que corresponde a los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena, es importante dejarlo claro: los usuarios ya pagamos lo que debíamos. No es que las empresas, ni el gobierno, estén “perdonando” deudas o haciendo concesiones. Simplemente, la opción tarifaria ha llegado a su fin, y la reducción es el resultado de haber saldado una deuda injustamente impuesta.
Este es un buen ejemplo de cómo los discursos políticos a menudo buscan distorsionar la realidad. No se trata de un acto de generosidad, sino de justicia. Los usuarios costeños han estado cargando con una deuda mal gestionada desde la pandemia, y ahora que se ha pagado, las tarifas deben bajar de manera automática. Pero esto no resuelve el problema de fondo: la infraestructura energética sigue siendo deficiente, y la corrupción ha permitido que las empresas continúen operando sin rendir cuentas.
El gobierno de Gustavo Petro tiene la responsabilidad de hacer mucho más que permitir una disminución temporal en las tarifas. Necesitamos una reforma estructural que incluya auditorías detalladas de los cobros realizados por las empresas comercializadoras, inversión pública para modernizar la infraestructura eléctrica, y una política energética que priorice a las comunidades más vulnerables. Sin estas medidas, cualquier reducción en las tarifas será un parche temporal en un sistema roto.
Además, debe implementarse un control real y riguroso sobre la Superintendencia de Servicios Públicos, cuya inacción ha permitido estos abusos. Si no se toman medidas contundentes, el problema persistirá, y las generaciones futuras continuarán pagando las consecuencias de la negligencia actual.
Juana Cordero Moscote