No todo lo que un alto funcionario piensa tiene que convertirse en una declaración pública. La prudencia también hace parte del ejercicio del poder, sobre todo cuando quien habla ocupa una de las dignidades más importantes de la justicia colombiana.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, abrió recientemente el debate sobre la posibilidad de aumentar la edad de pensión de las mujeres e igualarla con la de los hombres. Podrá tener argumentos económicos, demográficos o actuariales para plantearlo. Ese no es, por ahora, el punto que me interesa. Mi inquietud es otra: ¿por qué el presidente de la Corte Suprema tiene que estar proponiendo soluciones sobre un asunto que corresponde esencialmente al legislador?
La Constitución repartió las funciones del Estado por una razón. Al Congreso le corresponde hacer las leyes, al Ejecutivo gobernar y a los jueces administrar justicia. Esa separación no significa que las ramas del poder público vivan incomunicadas, pero sí que cada una debe conservar un espacio propio. Cuando esas fronteras comienzan a borrarse, el equilibrio institucional también empieza a debilitarse.
Definir a qué edad debe pensionarse una mujer no es una discusión menor. Detrás de esa decisión están el sistema pensional, las finanzas públicas, las condiciones laborales, la expectativa de vida, las cargas familiares y una realidad que tampoco puede desconocerse: durante décadas las mujeres han soportado una doble jornada, una remunerada y otra silenciosa dentro de sus hogares. Todo eso merece estudiarse. Pero el escenario natural de esa discusión es el Congreso de la República.
Un magistrado, por supuesto, conserva su condición de ciudadano y puede tener una opinión sobre cualquier asunto nacional. Pero cuando se preside la Corte Suprema las palabras dejan de ser solamente personales. La investidura las acompaña. Lo que diga el presidente de una alta corte inevitablemente adquiere una dimensión institucional que no tendría la opinión de un ciudadano cualquiera.
Por eso la prudencia resulta tan importante. Hoy se propone aumentar la edad de pensión. Mañana podría opinarse sobre una reforma tributaria, sobre el monto de una pena, sobre una política económica o sobre cualquier otro asunto cuya definición corresponde a otro poder del Estado. Poco a poco terminaríamos acostumbrándonos a que cada rama intervenga en el terreno de la otra.
Y eso sería un mal camino.
Siempre hemos reclamado que el Ejecutivo respete la independencia judicial. También criticamos, con razón, cuando algún congresista pretende desconocer una decisión de los jueces o cuando un gobernante se comporta como si pudiera impartirles órdenes. Esa defensa de la separación de poderes debe ser coherente. Si reclamamos que nadie invada el terreno de los jueces, también resulta razonable pedirles a los jueces que sean prudentes frente al terreno de los demás.
No se trata de silenciar a nadie. Mucho menos de negar la gravedad del problema pensional. Colombia tendrá que discutir tarde o temprano la sostenibilidad del sistema y seguramente deberá tomar decisiones difíciles. Pero quienes propongan esas reformas tendrán que explicarlas, defenderlas ante la ciudadanía y asumir el costo político que ellas impliquen. Para eso fueron elegidos el Gobierno y el Congreso.
A los jueces les corresponde una tarea distinta y no menos trascendental: garantizar que las decisiones adoptadas dentro del juego democrático respeten la Constitución y los derechos de las personas.
Cada institución tiene su lugar. Y una democracia funciona mejor cuando quienes ejercen el poder, además de conocer sus facultades, conocen también sus límites.
José Jorge Molina Morales