Colombia: un país donde el territorio avanza y el Estado retrocede:
Tres décadas después de la Constitución del 91, amplias regiones del país siguen sin Estado real. La ausencia institucional dejó de ser coyuntural para convertirse en una forma de organización territorial.
En Colombia, donde la geografía suele ser más clara que la política, una frase se repite desde hace décadas: “tenemos más territorio que Estado”. Lo inquietante no es la frase, sino su creciente vigencia. Mientras las selvas se expanden, los ríos se pierden y los desiertos avanzan, el Estado se repliega, incapaz de ocupar la geografía que pretende gobernar.
La Constitución de 1991 diseñó un país robusto, garantista e integrado territorialmente. Pero para amplias zonas, ese diseño sigue siendo una promesa. El artículo 2, que ordena proteger a la población y garantizar sus derechos, opera más como declaración aspiracional que como realidad verificable. La Corte Constitucional ha debido declarar Estados de Cosas Inconstitucionales por desplazamiento forzado, crisis carcelaria, pueblos indígenas y víctimas del conflicto; diagnósticos judiciales que revelan un Estado que llega tarde o nunca.
La Colombia real —la que no aparece en los discursos oficiales— está llena de territorios donde el Estado es un visitante ocasional. No faltan normas: falta presencia. No faltan planes: faltan capacidades. Existen municipios donde la justicia sigue siendo un pacto verbal bajo un techo de zinc; donde la seguridad la administran fusiles sin escudos nacionales; donde la economía ilegal reemplaza al presupuesto público y la institucionalidad es apenas un rumor.
En muchas de estas regiones se ha consolidado un federalismo de facto, administrado no por autoridades legítimas sino por grupos armados, clanes locales y redes criminales.
Allí la Constitución no rige: se tolera. No se aplica: se menciona. No se defiende: se lamenta.
Esta realidad no es nueva. Desde la Guerra de los Mil Días hasta las bonanzas ilegales y los ciclos del narcotráfico, la debilidad territorial del Estado ha sido estructural. Más que una falla, parece una herencia nacional. La ausencia estatal se ha vuelto parte del paisaje, y su normalización es quizás el fracaso más profundo de la vida republicana.
Incluso la Justicia Transicional, que prometió transformar las raíces del conflicto, tropieza con el mismo obstáculo: sin presencia estatal no hay garantías; sin institucionalidad no hay verdad completa; sin control territorial no hay paz posible. La propia Corte ha advertido que existen zonas donde los derechos se violan de manera masiva y continua. Pero el Estado sigue avanzando con pasos cortos, torpes e insuficientes.
Mientras tanto, millones de ciudadanos esperan lo elemental: salud que atienda, educación que transforme, justicia que responda y seguridad que no dependa del humor del comandante armado de turno. Esperan un Estado que llegue con escuelas y jueces, no solo con operativos. Con agua potable y carreteras, no solo con promesas. Con inversión sostenida, no con visitas esporádicas.
Colombia no sufre por falta de diseño institucional: sufre por falta de capacidad territorial. El país produce reformas que nacen con expectativa y mueren con aplazamientos; políticas públicas que prometen mucho y ejecutan poco; inversiones que se pierden en trámites, improvisaciones y corrupción. La distancia entre Bogotá y el territorio no es geográfica: es política y administrativa.
Lo más grave es el acostumbramiento. El país actúa como si fuera natural que haya regiones donde la ley no pesa, donde la presencia estatal es mínima y donde los derechos no se garantizan. Ese conformismo silencioso ha permitido que la ausencia estatal deje de ser excepción y se convierta en regla.
Colombia necesita asumir, con urgencia, que la presencia del Estado no puede seguir siendo simbólica. Debe ser integral, continua y coordinada: seguridad, justicia, infraestructura, inversión social y gobiernos locales avanzando de manera conjunta y sostenida. Un Estado que llegue completo, no en fragmentos.
Porque mientras el desierto de La Guajira sigue avanzando, el Pacífico continúa en su abandono histórico, el Amazonas respira sin Estado y la Orinoquía permanece como horizonte vacío de institucionalidad, la frase seguirá siendo dolorosamente cierta:
Colombia tiene más territorio que Estado.
Y esa es la verdad que todavía nadie ha logrado gobernar.
William David Ospino Quintana