Colombia tiene en sus manos el 6 % de la oferta hídrica del planeta, según el IDEAM. Pero esa cifra es un espejismo: en el campo, la abundancia no se traduce en bienestar, sino en una suerte de lotería climática. El agua sigue siendo un factor de azar: o falta cuando la tierra se cuartea por la sequía, o sobra sin control, llevándose por delante cultivos, suelos y la esperanza de los productores. Esta paradoja —tenerlo todo y no aprovechar nada— es el mayor lastre del desarrollo agropecuario y la prueba reina de que nunca hemos construido una gobernanza del agua con visión de futuro.
Mientras otros vecinos dejaron de improvisar, Colombia sigue atrapada en el diagnóstico. Perú, por ejemplo, logró con el Proyecto Olmos lo que parecía imposible: convertir 40.000 hectáreas de desierto en un motor exportador de alta tecnología. No fue un milagro, fue una apuesta de Estado. Brasil hizo lo propio integrando riego, ciencia y planeación, blindando su liderazgo agrícola incluso frente a las crisis climáticas.
En nuestro país, el panorama es otro. Aquí el agua se despacha como un asunto ambiental aislado y no como el activo económico estratégico que es. Las cifras de la UPRA son tajantes: menos del 8 % del área agrícola cuenta con riego tecnificado, y lo poco que hay funciona a medias. La Agencia de Desarrollo Rural reconoce que el 60 % de los distritos de riego tienen fallas graves de operación o gobernanza. En resumen: tenemos los tubos, pero no el orden (y a veces, ni siquiera el agua llega a los tubos).
El contraste en el territorio es doloroso. En La Mojana, el agua es sinónimo de tragedia recurrente. Entre 2010 y 2023, las inundaciones devoraron más de medio millón de hectáreas. Allí, la respuesta política siempre es la misma: diques de emergencia que se rompen y ayudas humanitarias que no solucionan nada. Seguimos sin entender que La Mojana no necesita parches, sino una ingeniería que transforme el manejo hidráulico en una ventaja productiva adaptada al ciclo del agua.
Al otro lado del mapa, en La Guajira, el río Ranchería es el monumento al desperdicio. Es el caso más simbólico de nuestra desidia: una represa terminada, pero un distrito de riego inconcluso. Mientras la pobreza rural castiga a la región, miles de hectáreas con potencial siguen esperando el agua. La falta de coordinación institucional ha convertido una inversión estratégica en una oportunidad perdida que nos cuesta millones.
A esto se suma un vacío imperdonable: no tenemos una política nacional de “siembra y cosecha de agua”. Hemos ignorado los reservorios comunitarios y los microacueductos veredales, soluciones de bajo costo que cambiarían la vida del pequeño productor. Salvo esfuerzos aislados en Cundinamarca, el resto del país es un archipiélago de iniciativas fragmentadas de las CAR, sin una hoja de ruta coherente que las una.
El fondo del problema es, por supuesto, institucional. La gestión del agua para el agro es una colcha de retazos repartida entre Ambiente, Agricultura, Planeación y autoridades locales. Esa dispersión diluye la responsabilidad y paraliza las decisiones. El Ministerio de Ambiente advierte que el cambio climático será cada vez más agresivo, pero esa advertencia no ha logrado que el Estado rediseñe su arquitectura para conectar el agua con la producción.
Por eso, hablar de gobernanza hídrica es, hoy más que nunca, un acto político. En plena carrera al Congreso, el silencio sobre este tema es atronador. Los candidatos se llenan la boca hablando de subsidios y créditos, pero casi nadie menciona el riego, el drenaje o la planificación hídrica a 2050. Sin agua gestionada, cualquier promesa de «revolución agrícola» es un castillo de naipes.
Una agenda seria debería concentrarse en cuatro frentes: modernizar los distritos que ya tenemos; diseñar nuevos proyectos bajo criterios técnicos y no clientelistas; empoderar a las comunidades en el manejo del agua; y crear, de una vez por todas, una institucionalidad ágil y especializada que deje de ver el agua como un problema y empiece a verla como el motor del desarrollo.
El agua puede ser el mayor activo de Colombia o su mayor riesgo. Todo depende de cómo se gobierne. Seguir reaccionando a las emergencias es condenarnos a repetir la misma historia de barro y sequía. Ver el agua como infraestructura productiva es la decisión más urgente que el Congreso y el próximo Gobierno deben tomar si de verdad quieren que el campo deje de ser una deuda pendiente.
Luis Miguel Pico Pastrana