Sencillo y falso dilema. Mientras el jueves pasado se develaba la financiación ilícita y la violación de los topes de gasto de la campaña Petro Presidente por parte de su propio hijo, como encargado de las finanzas de la campaña en la costa Atlántica, en Corferias se adelantaba otra jornada del circo de las negociaciones con el ELN, en el vergonzoso Comité Nacional de Participación.
En este circo perverso, donde estamentos no representativos de la política, la iglesia connivente con la violencia y todo el alto gobierno se rodearon de los jefazos terroristas irredentos del ELN y donde todos a una, miran para otro lado ante la expansión de las actividades terroristas del ELN ‘negociador’, incluyendo el infame plan pistola contra la fuerza pública, el aumento del secuestro, del reclutamiento de menores, el hurto de crudo, el tráfico de cocaína y la extorsión a ciudadanos y autoridades municipales en todas sus zonas de influencia, el presidente, en su lógica chantajista de siempre, no dudó en ordenar al congreso que debía incorporar a la ley y la constitución todo los despropósitos que la comisión negociadora anda concediendo a los cínicos del ELN.
Y claro, como siempre lo han afirmado los capos de la guerrilla: nanay cucas de desmovilización y dejación de las armas. Eso nunca ocurrirá, ¡hágame el favor!
Petro en sus afugías, y buscando avanzar en un golpe de estado a la constitución desde el poder presidencial, propone este falso dilema a la sociedad colombiana y una evidente coerción al congreso.
Pero el dilema, además de inmoral, está vacío. Como nunca en los últimos años, el ELN, como los demás grupos terroristas, campean por todo el país. Amplían su presencia criminal en el narcotráfico, la minería ilegal, el reclutamiento de menores, la extorsión y el secuestro. Copan espacios institucionales impidiendo además el ejercicio democrático de octubre de 2023 decidiendo, en los municipios donde avanza su presencia, que ciudadano puede presentarse al elector y cual no. Y ya veremos, sin duda, la coerción al elector en el Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Nariño y más departamentos.
¿Acaso lo que pretendía decir el presidente, casi como si dependiera de una orden del él, es que nos garantiza a los colombianos aún más violencia, extorsión y planes pistola?
Revisen bien la postura y la retórica del presidente en la jornada del pasado jueves del Comité Nacional de Participación. Petro parece ser orgánico del ELN y no jefe del estado. No hay duda alguna de que en su mensaje al congreso insinúa que él y los elenos aumentarán la sangre y fuego sobre los colombianos de no aceptarse la conversión en ley y constitución de la agenda del ELN.
Y apareció en concreto la referencia a la alternativa de la constituyente como ruta alterna al congreso.
Para muchos, la añoranza de la paz justifica todo. La muerte de policías en el plan pistola, las emboscadas a los soldados, el secuestro, la extorsión, el reclutamiento y las minas antipersona, son anécdotas de su compromiso con la paz.
Compromiso con la paz, que como en el caso de la conferencia episcopal colombiana y los comisionados, se mide en la sangre, la angustia y la ruina de otros. Ellos, los obispos y los negociadores solo están para las fotos, los contratos jugosos y la palabrería vacía de siempre.
Mientras la Nación colombiana, por lo menos en su reflejo de las encuestas, sigue ilusionada con negociar la ley como ruta para la convivencia pacífica, indiferente a los detalles donde ronda el diablo de un comisionado de paz que quiere correr la línea del desastroso proceso de la Habana.
En esta nueva ronda de delirio y entrega de la soberanía, el comisionado Rueda no se conforma con buscar la impunidad frente a los crímenes de lesa humanidad, consagrada institucionalmente con la farsa de la JEP. Ahora los negociantes de la dignidad nacional, buscan asegurarle al ELN la conservación de las armas y la no desmovilización.
Buscan un nuevo formato de democracia fallida en la cual una minoría terrorista, narcotraficante, saqueadora de la riqueza nacional (no olvidemos que es el ELN el que alimenta a los comercializadores de crudo robado y quien controla extensos frentes de minería ilegal) violadores sistemáticos de los derechos humanos, puedan modificar la constitución, fijar la ley, mantener las armas para seguir hostigando y sometiendo a la población y mantener sus imperios criminales a pesar de adelantar un disque proceso de paz.
Esta concesión suprema, implica la ruptura de la soberanía nacional y la entrega del poder constituyente a los violentos y la entrega incondicional de amplios sectores del país y sus habitantes al designio de los terroristas.
Petro, en su creciente ilegitimidad, en su incapacidad para gobernar y ante el agotamiento de su discurso demagógico, ve en el empoderamiento del ELN y en la indiferencia ciudadana, la ruta más clara para perpetuarse en el poder y llenarse de facultades extraordinarias al margen de los escenarios previstos en la constitución política de 1991.
Enrique Gómez Martínez