La Guajira está en una encrucijada como consecuencia del pronunciamiento que hicieron público unos líderes del pueblo wayúu representados en Asocabildos, el Consejo de Palabreros y algunas autoridades tradicionales.
Alzan su voz enérgica contra el Decreto 1270 que establece una reforma del modelo de salud en el marco de la emergencia económica, social y ambiental que declaró el gobierno de Petro. ¿Un salvavidas o una amenaza?
En aparente defensa de su legado ancestral, los firmantes del pronunciamiento dicen que el decreto irrespeta los pilares fundamentales de los derechos indígenas que están reconocidos en la Constitución Política, las leyes y tratados internacionales, pero esos mismos firmantes se han olvidado de los deberes que tienen para garantizar la vida de sus comunidades a través de las entidades de salud en las que han influido por siempre.
Para ellos la reforma del gobierno pone en jaque la esencia misma de la cosmovisión y realidad sociocultural wayúu porque no ha seguido los trámites legislativos adecuados, y pasa por encima del reglamento establecido en el Decreto 1953 de 2014 que ahora si comparten. ¿Es esta lucha verdaderamente homogénea?
No obstante, la narrativa de esta lucha incendiaria omite conexiones y motivaciones ocultas entre los firmantes del pronunciamiento público y el mundo de las IPS y EPS indígenas que se han convertido en empresas familiares con lazos políticos y candidatos propios que aspiran a cargos electorales, lo cual levanta dudas sobre las motivaciones que están detrás de la resistencia a un modelo de salud propio e intercultural que propone el decreto 1270. ¿Esta lucha es una defensa inquebrantable de los derechos del pueblo wayúu? ¿No será que más bien se trata de una maniobra calculada para mantener el nivel de vida de unos pocos?
Lo que en principio se observa son unos líderes indígenas que reclaman por la equidad y el respeto de los derechos de la población wayúu que en el fondo esconde la salvaguarda de sus intereses particulares.
No les conviene entender que, en un contexto de emergencia, la consulta y el consentimiento libre e informado son un obstáculo a la acción rápida y eficiente; razón por la cual se tiene que priorizar la supervivencia inmediata de una población en riesgo sobre los procesos democráticos. ¿No saben que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional a favor de la niñez wayúu?
La consulta previa, libre e informada es un lujo en tiempos de crisis. La necesidad inmediata de medidas y acciones efectivas tiene que chocar con el principio de la participación comunitaria. ¿Dónde reside la solución? ¿Cómo reconciliar las necesidades apremiantes con el respeto a los derechos indígenas?
Lo que salta a la vista de un ciego es una red de actores con intereses políticos y económicos para sus beneficios personales y familiares, con agendas y visiones para seguir manteniendo sus modos de vida en grandes mansiones y carros de alta gama rodeados de escoltas, como si fueran unos jeques árabes.
¿Y en esas condiciones quién tiene el derecho moral de hablar en nombre de todos? La verdadera voz del pueblo wayúu es el gobierno propio de las comunidades. ¡No sean ilusos!
En medio de toda esta situación se hallan los niños wayúu, víctimas de una realidad desoladora por la falta de acceso a la salud adecuada que ha dejado un rastro de desnutrición y sufrimiento. ¿Cómo pueden los cabildos, palabreros y autoridades tradicionales retrasar decisiones vitales cuando está en juego la vida de los más vulnerables? ¿No les importa?
En este escenario turbulento, la lucha por los derechos indígenas choca con la urgencia de salvar vidas en un territorio castigado por la escasez, además del hambre y la sed. Los intereses personales se entrelazan con la visión colectiva.
La Guajira está sumida en este conflicto. El desafío está planteado y la comunidad wayúu se debate entre mantener su legado intacto y adaptarse a un mundo en constante cambio. El futuro de la salud en La Guajira está en juego y la voz de cada wayúu es crucial para tejer el destino de su tierra.
Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí…
Luís Alonso Colmenares Rodríguez
Tiene razón, los tales que protestan ahora son los dueños de las EPS indígenas , en la foto se pueden identificar con claridad.
Las comunidades indígenas en cabeza de sus autoridades son las que menos tienen voz.
La sentencia T-302 de 2017 dió la oportunidad de un diálogo genuino, pero resulta que valiéndose de sus amigos en el Ministerio del Interior , los que tanto daño le han hecho al pueblo wayuu , ahora son sus voceros.
Si se hace una revisión, se encuentran voceros de Riohacha, Maicao , Uribia y Manaure dueños de EPSs o IPS, además de ser operadores del ICBF, PAE, administran Pilas Públicas.
Unos lucharon por la reivindicación de los derechos de la niñez wayuu y aquellos que nunca en la Vida radicaron siquiera un derecho de petición para evitar la muerte de los niños y madres gestantes, por esas cosas de la vida y maniobras políticas ahora son defensores y claro con un alto manejo de contratación como los contratos de DPS, Ministerio de Agricultura etc.
Es triste ver esa realidad acá en el territorio, el ciclo se repite.