El proceso de contratación del Estado pareciera que esta diseñado para robar, y para demostrarlo solo hay que conocer la información que publica la Contraloría General de la República (CGR), relacionada con el inventario de obras inconclusas, elefantes blancos o proyectos críticos, que existen a lo largo y ancho del país, en todos los órdenes y niveles de la administración pública.
Como su mismo nombre lo indica, una obra inconclusa es la que no haya concluido de manera satisfactoria para el interés general, o no esté prestando el servicio para el cual fue contratada.
Se identifica como elefante blanco la obra civil exagerada cuyo costo, mantenimiento, dificultad de uso, o todos los conceptos, la convierten en inútil, innecesaria, o nunca se usa.
Y un proyecto es crítico cuando aún tiene posibilidad de salvarse, pero requiere de altos recursos para llevarlo a cabo hasta el final.
En ese sentido se encuentran viviendas cubiertas por la maleza y que nadie habita, hospitales que nunca han atendido pacientes, terminales de transporte a donde no ha llegado ni salido un pasajero, puentes y vías que no vienen de ninguna parte ni van para ningún lado, pero ahí están, acueductos sin agua, represas llenas de agua pero que no prestan ningún servicio.
¡Esto parece una maldición!
Para buscar la forma de corregir todo ese desgreño de plata, la Ley 2020 le asignó a la CGR la competencia de llevar el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, en la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), con base en la información que deben reportar todas las entidades públicas sobre las obras civiles inconclusas que tengan a cargo.
Ese inventario de obras inconclusas es público para que también la ciudadanía advierta la existencia de esas obras civiles en ejercicio del control social.
Pero, además, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente también reporta información para actualizar el inventario con base en los contratos de obra que están registrados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).
Es decir, en apariencia hay todo un flujo de información que debería permitir hacer el seguimiento al desarrollo de las obras civiles para que lleguen a feliz término, de acuerdo con la forma como hayan sido contratadas.
¡Pero qué va!
Nada de eso es suficiente para evitar que se roben la plata.
El paisaje de obras civiles sin terminar en el país que actualmente están identificadas por la CGR y reportadas a la DIARI a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI) es de 1.527 obras que en suman $23,2 billones, valor equivalente a casi dos reformas tributarias.
Del total, 237 están calificados como elefantes blancos en los que se invirtieron algo mas de $2,3 billones; 455 son obras inconclusas por valor de $10,5 billones, y 835 proyectos en estado crítico que ascienden a la suma de $10,4 billones.
Varias de las obras civiles identificadas tienen hasta 20 años de abandono.
¡Y en ese estado de cosas tenemos la culpa todos!
Los contratistas, interventores y supervisores que son unos ladrones; las entidades públicas que son permisivas en el proceso contractual y también se llevan su tajada de corrupción, la comunidad que no se vincula a los procesos de construcción de las obras para ejercer la veeduría y todas las formas de control social que existen, y los operadores de la rama judicial que tienen su cuota de responsabilidad con el vencimiento de términos y la casa por cárcel.
Hasta el mismo sistema de información SECOP es permisivo porque tiene todo tipo de dificultades para consultar cualquier información de un proceso contractual; cuando mas bien debería ser algo simple para encontrar información. Pero no. Para que un usuario interesado pueda consultar alguna información en el SECOP tiene que hacer primero un posgrado, en razón al nivel de dificultad de la consulta.
No hay un solo argumento que explique las razones por las cuales se contratan las obras públicas para que no se lleven a cabo, se quede el cemento, arena, acero, hierro y toda clase de materiales tirados por todo lo largo y ancho del país, y los contratistas se roben la plata en contubernio con los directivos de las entidades públicas.
Es que pareciera que ese es el fin: contratar de todo para no construir nada y robarse la plata. De nada han servido leyes anticorrupción, modificaciones al código penal, sistemas de información de acceso público.
¡Nada ha servido! Porque siguen robando como el primer día.
De acuerdo con la información que ha contabilizado la CGR, el top 10 de los departamentos que tienen más obras civiles sin terminar son Casanare (con 104), Cundinamarca (93), Nariño (94), Meta (93), Boyacá (76), La Guajira (53), Antioquia (48), Córdoba (38), Sucre (35) y Cauca (34).
Pero si hace una clasificación teniendo en cuenta la cantidad de recursos invertidos el orden del top cambia y lo pasa a liderar La Guajira con más de $1,2 billones, Tolima $798.722 millones, Casanare $731.906 millones, Magdalena $555.122 millones, Bolívar $503.914 millones, Antioquia $463.821 millones, Valle del Cauca $439.914 millones, Meta $341.615 millones, Cesar $322.079 millones, Córdoba $308.262 millones.
Pero lo irónico de las estadísticas de obras sin terminar que contabiliza la CGR es que La Guajira, uno de los departamentos mas pobres del país, con índice de pobreza multidimensional del 48,8 según el DANE para 2019, sea el departamento que tiene las obras civiles atrasadas más costosas del país.
De todos es conocido que está representado en la Represa del Embalse Multipropósito del Río Ranchería, que podría ayudar a mejorar las condiciones y calidad de vida de mucha población guajira en riego, energía y acueductos. Pero ahí se quedó.
También están las obras del Emisario Final de Riohacha (laguna de oxidación) que lleva 30 años en construcción. Debería darles vergüenza a los ladrones que han participado en estas obras.
¡Pero ni al purgatorio llegarán!
Luís Alonso Colmenares Rodríguez
la conciencia de esos desgraciados contratias no los dejara morir en paz ratas