La renuncia irrevocable del director de la UNGRD, como desenlace parcial del bochornoso episodio de la oscura compra de los carrotanques enviados al territorio guajiro por el gobierno nacional, era claramente previsible, pero no es suficiente; aún quedan pendientes los resultados de las investigaciones que adelantan las entidades de control, los que de forma coherente deben acarrear consecuencias penales y disciplinarias para todos los involucrados en ese inaceptable corrupto proceso.
Por supuesto, también queda pendiente materializar el castigo moral y político de los colombianos al que se hizo elegir como el “gobierno del cambio”; quien, a pesar de las evidencias contrarias a ese eslogan electorero, continúa diciendo con cinismo que lo es. No puede pasar indemne ese hecho que simboliza la conocida frase atribuida al político y filósofo italiano Nicolás Maquiavelo, actualmente convertida en realidad cotidiana en el país, sintetizada en la expresión “el fin justifica los medios”, que en la coyuntura actual no es otro que el de continuar la estrategia de promoción de la ideología socialista, aspirando obtener el triunfo político en las próximas elecciones presidenciales y mantenerse en el poder.
El propio presidente en cada evento del gobierno en que pronuncia algún discurso ha aprovechado para reiterar que “en el 2026 tenemos que volver a ganar”, lo que evidencia que ya se encuentra en campaña, a pesar de las regulaciones electorales existentes.
Este bochornoso hecho de los carrotanques reveló, una vez más, la usual práctica gubernamental de entregar algunas entidades del Estado a algunos congresistas aliados, pertenecientes a los partidos tradicionales, pasando por encima de los necesarios y bien estructurados acuerdos, soportados por bancadas y que respondan a las necesidades del país, con la finalidad de lograr la aprobación de las reformas inconvenientes para la mayoría de los colombianos.
El cortoplacismo se ha enquistados en la cultura política en forma dañina. Es evidente que la costumbre de anunciar resultados y obras en el corto plazo es el principal enemigo del desarrollo territorial, que necesita la ejecución de iniciativas y obras integralmente bien planificadas.
Pero hacen lo contrario y por eso asumieron que era más rentable políticamente -creando, además, un escenario propicio para continuar la corrupción galopante- adquirir y enviar los 40 carrotanques, con el consabido montaje mediático, que continuar y terminar el proyecto multipropósito del rio Ranchería, tomando agua de una fuente abundante como es la presa de El Cercado y llevarla, a través de una estructura de tubería bien diseñada, a las necesitadas comunidades de la alta Guajira, en forma más sostenible y menos compleja.
Concomitante con estas prácticas corruptas, el gobierno nacional avanza en su estrategia política de hacer discursos y pronunciamientos que no propenden por la unión de los colombianos en algún propósito común, como es su obligación constitucional. Por el contrario, crea división y atiza permanentemente el odio entre ricos y pobres, entre empresarios y trabajadores, y en general entre todos los segmentos de la población que tienen características diferentes, como lo hace con los blancos y negros, con los que estudian maestrías y doctorados y lo que no, etc.
La incertidumbre que nos genera el accionar del gobierno nacional sobre el futuro de la sociedad colombiana es aterradora. Es evidente que eso está incrementando la polarización política, lo que se reflejará en más plantones y marchas cada vez más concurridas, para protestar en su contra, como las que se realizaron el pasado miércoles 6 de marzo en las principales ciudades del país.
Álvaro López Peralta