Ha de ser general en todo ciudadano, y hasta en los que aún no lo son, la sensación de que el país se encuentra en una situación de crisis que despierta espanto. Lo que observa en el día a día con relación a los hechos de violencia en el Catatumbo y el Cauca – que no son los únicos territorios que tienen problemas – se tiene la certeza de que el Estado perdió hace rato el control del territorio y le cuesta trabajo hacer cumplir aquel principio esencial según el cual es el Estado quien tiene el monopolio de la fuerza y es, en consecuencia, el único que tiene el poder de la fuerza para imponer el orden y las buenas maneras de convivir para todos.
Pero además hay otras señales que despiertan alerta, como aquella de que el país se quedó sin dinero para cumplir con el propósito de Gobierno y el cumplimiento de las metas previstas en el Plan de Desarrollo, lo cual significa que el Estado perdió el control sobre los recursos financieros y por ende la posibilidad de hacer su tarea elemental de cumplir con un programa de inversiones que debía contribuir a que las gentes de todo el país pudieran sentirse un poco mejor. Aunque la cuestión es un tanto peor cuando se toma nota de la creciente debilidad estatal para hacer presencia en los territorios, no tanto en la cuestión puramente física e institucional sino en el complejo trabajo de resolver los problemas sociales que alejan las comunidades de la posibilidad de gozar de unos estándares razonables de calidad de vida, seguridad, servicios básicos, bienestar general y perspectiva de futuro.
Cuando todo ello se junta y el Estado se va quedando atrás, se tiene en efecto la sensación de que el Estado desapareció de la vida en los territorios y que restan pocas alternativas para salir del atolladero. No es extraño, en consecuencia, que surjan formas de organización social alternativa que traten de suplir la deficiencia estatal y darse a sí mismas formas de gobierno que puedan cubrir el vacío. No está mal cuando tales formas sociales, de diversidad inmensa, se alzan apercibidas de principios y causas dignas, de modo que las deficiencias que deja el Estado pueden soportarse para que prosperen iniciativas de gestión con algún nivel de resultado.
Pero no siempre hay paso para procesos creativos de orden social porque hay otro tipo de fuerzas que actúan primero y con mayor firmeza para asumir el control de los territorios, dejando a su paso campos sumidos en la miseria y el miedo, acosados por la violencia y desposeídos de toda libertad y esperanza. Así queda dibujada la tragedia de América Latina, todo un continente privado del privilegio de contar con estados eficientes en el control de los territorios y efectivos en su actuación en los espacios de lo social.
El control del territorio
El principal atributo que tiene el Estado para asegurar el control del territorio es el monopolio de la fuerza. Tal condición le permite imponer la ley y establecer el orden, sin embargo, el no hacerlo – o no poder hacerlo – implica una deficiencia del aparato estatal, una pérdida de funcionalidad en lo específico, lo cual da lugar a una situación de crisis que señala no necesariamente la institucionalidad del Estado sino a la burocracia estatal que no logra su tarea. Este podría ser el caso hoy en el Catatumbo, en el Cauca y en otros territorios en donde han tomado ventaja otras fuerzas que no hacen parte del Estado y le cuestionan abiertamente su autoridad en el territorio. La pérdida de capacidades funcionales para establecer el orden es un problema que le corresponde resolver al Gobierno, teniendo presente que su incapacidad o incompetencia para resolverlo arrastra la noción de debilidad del Estado – y acaso de ausencia –, misma que resiente la sociedad en general, particularmente quienes son las víctimas directas de los estados de violencia generalizada en los territorios. No es un asunto menor, porque cada vez que se reclama la presencia oportuna de las autoridades se está haciendo reclamo de reacciones contundentes de parte de los aparatos estatales que deben obrar en la protección de las personas y de sus intereses, lo cual, cuando no sucede, deja en evidencia un problema de incapacidad que alimenta en las personas la pérdida de confianza en el Estado, de donde deriva una señal inequívoca de un Estado en crisis.
De allí que se enfrente a la realidad de una guerra entre guerrillas que se disputan un territorio que debía estar bajo control del Estado, como es el caso en Catatumbo; y una guerra contra la delincuencia del narcotráfico, como sería el caso del Cauca, Nariño y Antioquia; y una guerra contra la minería ilegal en Antioquia, Chocó, Guainía y otros tantos territorios. Sería ésta la primera señal de crisis que se ve reflejada en la imposibilidad de asegurar el orden en cada lugar en donde prima la necesidad de favorecerse la vida de las personas y custodiar la armonía al interior de toda comunidad. Hace crisis un Estado que no puede cumplir el superior Mandato Constitucional de proteger la vida y asegurar el bienestar de sus nacionales.
Ausencia y abandono
Es posible pensar que, en tanto la forma corriente de Estado en Colombia ha sido casi por norma histórica un esquema centralista, y se fue a la guerra civil cada vez que surgieron pretensiones de Estados independientes, existe el riesgo de que los territorios – y en consecuencia los asuntos territoriales- puedan sufrir de “falta de prioridad”. Explicaría por qué razón, con el paso del tiempo, se ha llegado a construir tremendas estructuras centrales llenas de burocracia mientras en los territorios apenas se llega a tener presencia, lo cual explica además la relativa displicencia con la que parecen ser atendidos los asuntos periféricos.
Este esquema centrista, que se repite con exactitud en los departamentos, al respecto del centralismo que suele vivirse en las capitales, puede ser el factor decisivo para que un Estado entre en crisis. ¿Cómo imaginar lo qué puede llegar a suceder en los territorios cuando hace crisis un Estado que acumula una deficiencia tras otra en el entorno territorial?
¿Y qué decir de un Estado ausente? La crisis de ausencia lleva décadas sin ser resuelta, lo cual es indicador de que el modelo de Estado se ha hecho obsoleto, en tanto incapaz de resolver su propia ausencia en la vida de los territorios. Ha sido quizás el Estado, y con precisión los vicios del modelo de Estado, los causantes del rezago social en los territorios, sobre todo en la concepción de su desarrollo, en tanto ha sido presa de una nociva tendencia universalista que tiende a ver todas las cosas en una sola dimensión simplista y carente de matices sociales que son sistemáticamente ignorados. La actitud negligente del Estado ha generado violencia, una que se legitima en la protesta por el incumplimiento y el abandono; una que reclama justicia y equidad. La burocracia centralista, que no se ocupa de estudiar y entender el territorio, cayó en la trampa de homogenizar la intervención del Estado, como si las políticas pudieran tener el mismo resultado en cada rincón. Desde este punto de vista se diría que el Estado perdió hace tiempo la visión multidimensional del territorio y aplaza peligrosamente la posibilidad de ensamblar burocracias territoriales y locales competentes para hacer intervenciones efectivas bien diferenciadas. Recordamos acaso el modelo INCORA de los años 70.
Suplantación del Estado
El peligro de la ausencia está en que el Estado viene a ser suplantado. Sin discusión de todos los esfuerzos que se realizan para cumplir con eficiencia la tarea de Gobierno, la realidad presente es que el Estado ausente es reemplazado por diversidad de estructuras privadas que asumen, a las buenas o a las malas, el control de los territorios, y no siempre, o casi nunca, con la intención de cumplir con la tarea de desarrollo social que el Estado incapaz ha dejado pendiente. Las estructuras criminales ligadas al narcotráfico y la minería ilegal se han tomado los territorios y establecido en ellos sus propios códigos de fuerza, lo cual apalanca esa señal de crisis ya explicada un poco antes. Pero a la suplantación sigue el despojo, y esa viene a ser una consideración adicional para figurar que tenemos un Estado en crisis, porque los territorios han pasado a ser “botín de guerra” sin que el Estado haga mayor cosa por evitarlo. Ya no es solo la tierra, que se mira como escenario potencial de cultivos ilícitos y minería ilegal, sino que también son los jóvenes, quienes ahora son arma de guerra y sujetos de reclutamiento forzado, y las mujeres que son el botín preferido para la comisión de todo tipo de delitos contra la dignidad de la persona, y en general todos los hombres y mujeres en los territorios, que son el valioso recurso de “mano de obra” para las actividades ilegales introducidas. Todo esto sucedió mientras el Estado se “distraía” en asuntos de gran trascendencia nacional, en una agenda de Gobierno central, mientras los territorios caían en manos de delincuentes.
La suplantación por grupos de poder privados ha conseguido avances impresionantes en otro tipo de asuntos, que no son los de corte delincuencial. El Estado disminuido, debilitado, afectado de ineficiencia en muchos aspectos de la tarea de Gobierno, encontró atractivo ceder espacios a organizaciones privadas para encargarles la tarea que no supo hacer: hoy están fortalecidas en los servicios de salud, en la educación, en los servicios públicos, en la construcción y manejo de la infraestructura, en la generación energética, lo que ofrece nueva señal para argumentar que hay un Estado en crisis que, al sentirse incapaz de cumplir con eficiencia las tareas que le son propias, encuentra muy conveniente el contratarlas. Esta circunstancia agrava el debilitamiento funcional del Estado y el sacrificio de su capacidad de gestión para competir con los estamentos privados, lo cual le reduce al mediocre papel de un mero “aparato de contratación”.
La economía
Hace crisis un Estado que se declara impedido para cumplir con el programa de inversión social que constituye su esencia, y todo por el sólo hecho de carecer de los recursos necesarios que debían haber sido recaudados por la vía de impuestos que estaban previstos en una reforma tributaria que fracasó estrepitosamente en el Congreso. Y no es culpa del Congreso, que quede claro, porque ya quedó explícita la responsabilidad del Gobierno Nacional en ese fiasco. La Nación, que es fuente principal de recursos para cumplir con las distintas modalidades de intervención en los territorios, tiene la responsabilidad de priorizar necesidades y acelerar inversiones esenciales en el orden social, lo cual, en caso de no cumplirse, necesariamente conduce a otra señal de deficiencia que acumula indicadores de crisis no resuelta que agregan evidencias y motivos de preocupación a la hora de considerar que el Estado ha entrado en una profunda situación de crisis.
La disyuntiva de la crisis
Las crisis de Estado son casi connaturales con la vida de los pueblos. Así lo discute Chantal Mouffe en su bella obra “El retorno de lo político”.[i] Se puede entender que no hay vida política sin una que otra crisis; la crisis y el conflicto son propios de la vida política, por lo tanto no hay que perder la razón cuando aparecen, porque los Estados deben ser aparatos capaces de superarlas. Para enfrentar las crisis están los Gobiernos, que deben ser en esencia organizaciones burocráticas capaces de congregarse para hallar soluciones y ponerlas en práctica. Y detrás de los gobiernos están los líderes, que deben inspirar el trabajo de sus subalternos, todo en procura del mejor ejercicio político y el beneficio de la Nación. Siendo así, toda crisis de gobernabilidad tiene que resolverse en los más razonables términos de tiempo y costo. Para ello es que existen los Gobiernos. Para ello es que se constituyen Estados capaces y eficientes.
Cualquier tipo de crisis en los territorios debe resolverse concentrando los recursos que son prerrogativa del Estado: el monopolio de la fuerza y la fuerza de la Ley. No habría razón válida para que un territorio cualquiera, por remoto que fuera, estuviese por fuera del dominio legítimo del Estado. Cuando sucede, como en efecto ocurre en Colombia, hay necesidad de revisar la funcionalidad del Estado y su capacidad para reaccionar.
La crisis económica y la falta de recursos para inversión social se resuelve también con un trabajo ordenado al amparo de la Ley. La crisis de ausencia se resuelve con planificación y trabajo ordenado con apoyo en burocracias competentes que están presentes en los territorios. Toda crisis, que por principio debe ser temporal, ha de ser resuelta con extrema eficacia para que no se altere el buen transcurso del ejercicio de Gobierno y la estabilidad del Estado. Cuando no hay soluciones y las crisis prevalecen, se hace frente a una situación en extremo peligrosa que es aquella en la cual el Estado, vinculando todo lo que representa frente a la Nación, ha entrado en crisis y queda abocado a ser cambiado, reformado, suspendido, o en extremo, disuelto. Las crisis de Estado las resuelven los Gobiernos con trabajo estratégico bien ordenado. Los Estados en crisis deben ser reformados, y para ello debe actuar la Nación entera.
Ahora bien, el Presidente Petro ha precipitado una crisis de gabinete bajo la consideración de que necesita conformar un equipo de Gobierno capaz de afrontar la oleada de crisis que se le ha venido encima. En realidad, tiene que demostrar que sí tiene un Gobierno capaz de superar las crisis que se le presentan y sacar adelante su “promesa de cambio”. Ha dicho que “siente que su Gobierno está totalmente intervenido” y que está dispuesto a soportar las investigaciones que sean del caso, “así caiga el que caiga”. En otras palabras, ¿no confía el Presidente en el equipo que tiene y ha decidido actuar en consecuencia pidiendo la renuncia de todos? Pero a su vez ha dicho que la mayoría de los ministros renunciados protocolariamente se quedan con él, entonces ¿para qué metió tan tremendo ruido en su gobierno, sabiendo el costo que podía tener para su ya muy baja popularidad y las posibilidades de buena gestión en los escasos meses que restan de Gobierno? ¿O será más bien que la crisis fue calculada para desprestigiar su equipo de Gobierno, haciendo de ellos “corderos de sacrificio”, y poder alzarse él como el verdadero salvador de la jornada? Falta ver qué macabro propósito puede haber detrás de todo esto.
Arturo Moncaleano Archila
[i] Mouffe Ch. El Retorno de lo Político. PAIDOS Estado y Sociedad. (1993)