“La Minga es un concepto que se deriva del conocimiento ancestral indígena sobre el trabajo compartido para el bien común. Se hace Minga para realizar algo de beneficio común, o se hace Minga para beneficiar, con el esfuerzo de todos, la necesidad de alguno de los miembros de la comunidad, siempre en el marco de una acción voluntaria y cooperativa.” [i]
Se habla de la Minga Indígena desde el momento en que ha comenzado a ocurrir en el país una serie de movilizaciones y marchas de protesta protagonizadas por organizaciones indígenas que representan diversidad de etnias originarias del sur del país en los departamentos del Cauca, Nariño y Putumayo, principalmente. No es éste un fenómeno nuevo, claramente, porque desde muy temprano en la vida colonial y republicana los pueblos indígenas supieron ponerse de pie para protestar por algo que pudiera herir su integridad de pueblo y su dignidad como personas. Basta recordar los hechos políticos que siguieron a la fundación de la República de Colombia y que, según Pineda Camacho (2002)[ii], desde la promulgación de la Constitución de Cúcuta (1821), quedó establecida la necesidad de dividir los resguardos – vistos estos como reductos de propiedad colectiva de fastidiosa herencia colonial – para que los indígenas pudieran acceder al derecho de “propiedad privada”. Desde entonces, y con mayor intensidad desde la ley 90 promulgada por el Estado Soberano del Cauca (1859), los resguardos vinieron a ser el botín preferido de los terratenientes y objeto de apropiación salvaje con amparo legal, porque los pueblos indígenas comenzaron a ser perseguidos y expulsados “a plomo”. Llegado el momento de la Constitución de 1986 y expedida la Ley 89 (1890), se concedió a “los salvajes” una forma indirecta de gobierno bajo la tutela de las Misiones Religiosas de la Iglesia Católica, distribuidas por una extensión de más de la mitad del territorio nacional, mientras se surtía el proceso de “civilización” y la disolución definitiva de los cabildos y los resguardos inherentes. Las Misiones Religiosas tuvieron desde entonces el control la educación primaria para los varones indígenas en los territorios asignados por el Estado, llegando a ser ellas el único elemento visible de la presencia del gobierno en tan apartadas zonas del país. Sin embargo, la política nacional orientada a la extinción de las comunidades indígenas se fortaleció con los años, de tal modo que la Asamblea Nacional Constituyente de 1905, convocada por el general Rafael Reyes, ratificó mediante la ley 5 (1905) la legalidad de la venta de los resguardos indígenas. Vino luego la ley 104 de 1919 que ratificó la división de los resguardos y dispuso severos castigos expresados en despojo de las tierras para aquellos indígenas que se oponían a la Ley. Hasta aquí, parte del autorizado recuento de Pineda Camacho sobre el ataque del Estado contra la propiedad natural de los territorios indígenas en el s.XIX y parte del s.XX, llegando a considerar que ésta pudo ser la causa del surgimiento del movimiento armado dirigido por Manuel Quintín Lame (1914 – 1918) – de raíz indígena pura – que defendió la soberanía indígena en las montañas del Cauca frente a la codicia de la clase dominante de Popayán, y casi con seguridad el motor de la reacción del gobierno contra los núcleos indígenas que se alzaron en rebelión.
A partir de 1946, se incrementó la lucha del Estado contra la propiedad colectiva indígena y los Resguardos comenzaron a ser divididos por Decreto. El alto gobierno se encontraba plantado en una política de “negación” de las culturas y de las sociedades indígenas y negras, en cuanto que se percibían éstas como “estigma de inferioridad racial”, tal como lo afirmó claramente Laureano Gómez en su conferencia «Interrogantes sobre el progreso de Colombia» (1928) (Pineda Camacho, 2002). Afortunadamente, anota el mismo autor, con la llegada del Frente Nacional y con base en el trabajo del INCORA, comenzaron a establecerse Reservas Indígenas en varios departamentos y territorios nacionales, y se sentaron las bases para la reconstitución de nuevos resguardos
La nueva institucionalidad, y la oportuna adhesión de Colombia al Tratado de la OIT (1957), animó la lucha por los derechos de las minorías tribales y puso de nuevo en la mesa el debate de la autonomía y la necesidad de proteger las reservas y resguardos indígenas. Las décadas de 1970 y 1980 permitieron el surgimiento de movimientos sociales fuertes que acometieron la defensa de los territorios y la recuperación de la tierra. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y otras organizaciones indígenas que hacen parte, asumieron además la recuperación de las lenguas, las culturas, las tradiciones y la defensa de los derechos colectivos como pueblo.
Los pueblos organizados del Cauca han conservado desde entonces una posición de liderazgo frente al Gobierno Nacional en esta lucha por la defensa del territorio, lo cual no es ningún asunto menor, según es fuerte la resistencia de distintos estamentos que pretenden ejercer dominio sobre las tierras y acuden sin ambages a la violencia: violencia contra líderes que alzan su voz en contra del despojo y la usurpación de sus tierras; violencia contra poblaciones que se oponen a la ocupación de fuerzas que ultrajan la dignidad del territorio; violencia contra hombres y mujeres que reclaman la protección del Estado.
Miembros de organizaciones indígenas en el Departamento del Cauca y Nariño, lideradas principalmente por el pueblo Nasa, ocuparon la carretera Panamericana en octubre del 2008 y marcharon hasta la ciudad de Cali para sentar un precedente histórico de movilización pacífica para entablar conversaciones con el Gobierno Nacional. Como quiera que no hubo cuerdo en Cali, marcharon hasta Bogotá en desarrollo de una movilización que lanzó a la luz pública una forma de resistencia masiva que tiene claros visos políticos y que se anima en el propósito principal de reivindicar los derechos de las comunidades indígenas para la protección de la vida y los territorios ancestrales, con la extensión obvia hacia la solución de los problemas de atraso y falta de condiciones de vida digna que afectan tales comunidades.
La acción colectiva que se conoce como “la Minga” ha tomado relevancia política en tanto marca una pauta con respecto a la forma como los pueblos originarios se enfrentan a la falta de atención de un Estado que les estigmatiza, les despoja, les excluye en su concepción del desarrollo y les margina sistemáticamente de las oportunidades para alcanzar mejores condiciones de vida. Tan fuerte es su mensaje que ha dado pie para nuevas movilizaciones posteriores, con dimensiones que superan en número lo visto en el 2008 y comparables a las protestas masivas que vivió el país durante el Paro Agrario de octubre de 2017.
La Minga Indígena ha marchado sobre la capital luego que se han visto frustrados los intentos de diálogo con el Gobierno Nacional. Sucedió en el 2008 durante el gobierno del Presidente Uribe Vélez y en el 2020 durante el mandato del Presidente Duque. Pareciera que el Ejecutivo no entendió en aquellos momentos la trascendencia del reclamo indígena y no facilitó ningún acuerdo, lo cual abrió la senda para que la protesta marchara hacia Bogotá. Y es que se encuentra en la actitud soberbia y cobarde del gobierno un desafío que impulsa a los manifestantes a intentar acciones extremas, como ésta de marchar, lo cual hace de la acción colectiva de la Minga un acto ciertamente extorsivo, o aparentemente agresivo y cargado de violencia, aunque nunca ilegítimo. Se esperaría que ante la nueva avanzada de 2024 el gobierno del Presidente Petro no caiga en el mismo desacierto de sus antecesores y desconozca reclamos que llevan décadas en las mesas de negociación, pero así mismo se espera que el acercamiento al diálogo no se torne en una feria de dádivas y premios onerosos e incoherentes que arrodillen al país por el simple propósito de acallar los ánimos y facilitar la liquidación de la protesta.
Siempre decimos que el valor de marchar por un propósito justo y de justicia es propio de valientes y de sabios. Si se hace necesario tomar las vías de hecho, será porque todo reclamo y advertencia previa ha sido inútil, mientras se siguen acumulando asesinatos de hombres y mujeres que decidieron ejercer alguna acción de liderazgo en defensa de los intereses de sus pueblos en los territorios, bien contra acaparadores y depredadores de tierras, bien contra el narcotráfico y la delincuencia, bien contra intervenciones de cualquier orden que van en contra de sus principios de soberanía ancestral. Si el Gobierno Nacional no capta la gravedad de este asunto, se entiende que haya siempre motivo para nuevas mingas y mil marchas más.
La Minga le agrega un valor excepcional a la protesta social en tanto procura preservar tres valores fundamentales: i) su carácter pacífico y en cierto modo festivo, correlacionado con el gran despliegue de música y de color cercano a un carnaval; ii) su organización y unidad de mando, lo cual garantiza un orden para la acción colectiva y asegura su poder de argumentación y negociación, cuando se llega al caso; y iii) su propósito político del bien común, lo cual blinda su legitimidad. De dicho modo, los gobiernos enfrentan en la Minga un poder político formidable que no obedece a ningún propósito individualista, y menos se pliega a ninguna doctrina partidista, sino que obedece sólo las órdenes de sus principales y mantiene en su acción el interés cultural y ancestral de los pueblos que representa como eje central de la protesta y propósito principal del reclamo. De allí brota una fuerza política prodigiosa que más de un partido quisiera manipular. El poder no está en el jefe de la Minga, que además no lo hay, sino en todos y cada uno de quienes se agregan a ella por voluntad propia y soberana, y en la totalidad de los pueblos que ellos representan y que se quedan en casa. Así de fuerte es su estructura. Y servirá la Minga para recuperar otro valor perdido en la bruma de los tiempos, que es la soberanía sobre sus territorios, la soberanía para decidir qué se protege, para decidir cómo se usa la tierra y qué se cultiva, soberanía en materia alimentaria, soberanía en materia cultural, soberanía sobre el conocimiento ancestral, que son valores que conducen de manera inequívoca a un tratamiento justo de los destinos de las comunidades ancestrales. [iii]
El que la Minga llame la atención sobre lo que sucede en el Cauca y el sur de Colombia, y ofrezca un ejemplo de reclamación colectiva, pacífica y bien intencionada, es un favor enorme que se le hace al país. Ahora bien, si la acción política que se vive en torno a la Minga pone en evidencia el hecho de que una presión social ordenada y coherente, en tanto pacífica e inteligente, puede imponerse como recurso viable para lograr una acción de Gobierno más justa, sin privilegios ni discriminación, sino orientada a reducir las brechas sociales y atender viejas reclamaciones de derechos ignorados por décadas, tiene asegurados todos los méritos posibles, aunque también es cierto que está cercana a convertirse en un recurso extorsivo con efectos perversos para el país si acaso llega a salirse de los patrones pacíficos y conciliadores que la legitiman. Y del lado gubernamental se exige precisión y firmeza en las diligencias, en medio de una postura también conciliadora y firme, pero nunca dadivosa y entregada que pueda dejar abierto el camino para un sinfín de concesiones que pueden resultar perjudiciales para muchos y desestabilizantes para el país. El Estado debe saber ser cauteloso y esquivo en esto de otorgar prebendas a quienes acuden a las vías de hecho, con supuesta legitimidad o sin ella, acaso impulsados por la idea de que lo más efectivo para conseguir algo del gobierno es tirarse a las calles y bloquear las carreteras.
Nos duele, por supuesto, que sufra el país tremendos atrasos en el terreno de los derechos colectivos, económicos y sociales, y que poblaciones enteras hayan caído hasta niveles inaceptables de abandono e indignidad que den permanente motivo para la protesta social, particularmente en lo que tiene que ver con los privilegios sobre la tierra, el agua potable, la seguridad alimentaria, la riqueza, pero entendemos que no hubiésemos caído tan bajo si no es por responsabilidad directa de gobiernos que han ignorado sistemáticamente este problema y no buscan una forma eficiente de resolver las deficiencias, sin embargo aseguramos que no es mediante la extorción y la presión social indebida que debemos entendernos.
[i] Moncaleano Archila Arturo. Fragmento publicado originalmente en… https://fundacionalderecho.wordpress.com/2020/10/15/a-la-minga-indigena/
[ii] Pineda Camacho, Roberto. Estado y pueblos indígenas en el siglo XIX. Credencial Historia No. 146. febrero 2002
[iii] Moncaleano Archila Arturo. Fragmentos publicados originalmente en… https://fundacionalderecho.wordpress.com/2020/10/20/surge-nuevo-poder-politico-la-minga-indigena/