El Gobierno de los Estados Unidos afirma que Colombia ha “fallado notablemente” en su tarea de combatir la producción de sustancias ilícitas y combatir el narcotráfico, y ha sido incorporada en una lista de países que muestran resultados supuestamente cuestionables como Afganistán, Bolivia y Venezuela.
La descertificación es un acto de castigo para quien o quienes no cumplen adecuadamente con su deber. Ser descertificado significa perder una credencial. Puede perder su credencial un profesional que no cumple adecuadamente con su tarea y acaso incurre en conductas dolosas y actos de corrupción; la decisión de descertificar la tomaría la autoridad profesional correspondiente. Puede perderla un conductor que incurre permanentemente en infracciones de tránsito, acción que cumple la autoridad pública correspondiente. Puede perderla una institución educativa que no demuestra capacidad y competencia para cumplir su Misión, decisión ésta que debería tomar la autoridad pública correspondiente; y debería perderla toda institución de salud que no demuestra su idoneidad científica y técnica y se aleja de los buenos resultados en favor de la vida y estado de salud de sus pacientes. Incluso podía perderla toda organización civil que se aparta de sus principios y objetivos misionales, si es que pierde en algún momento su razón de ser. Para todo y cada caso hay una autoridad correspondiente, incluso para suspender los derechos civiles y ciudadanos cuando un ciudadano cae en una situación de condena penal.
Si todo lo anterior nos queda claro, entonces preguntemos ¿quién toma la decisión de “descertificar” a Colombia por sus supuestos malos resultados en la lucha contra el Narcotráfico? Y fallar notablemente, además, como si el país no hubiese hecho nada en ningún sentido, o que todo lo hecho fuese intencionalmente subvalorado, lo cual deja mucho para pensar. ¿Sera acaso que se ha pronunciado una “autoridad” que ha sido legítimamente reconocida en el concierto mundial para determinar qué países se portan bien y cuáles no? Como no hay nada de eso, salvo los organismos derivados de la institucionalidad de las Naciones Unidas, habrá que buscar un poco más a fondo en dónde podría estar la explicación para estar ante el predicamento de perder millones de dólares en financiamiento para la lucha antiterrorista y antinarcóticos que a los colombianos nos resulta imposible pagar.
El acuerdo con los Estados Unidos que es materia de “certificación” se ampara en un pacto formal que fue concebido en 1999 durante el Gobierno de los presidentes Pastrana y Clinton, que recibió en nombre de <<Plan Colombia>> y que buscaba, al lado de soportar la lucha militar contra el terrorismo y el narcotráfico, apoyar al gobierno de Colombia en el impulso de políticas de desarrollo social y económico en los territorios sometidos al flagelo del Conflicto Armado con las FARC –EP y el ELN, y más recientemente con los grupos de delincuencia organizada, y la recuperación social y económica de los territorios dedicados a los cultivos ilícitos. Comenzó a operar desde el 2001 y se esperaba que el país lograra reducir drásticamente la superficie sembrada en coca y amapola y pudiese reemplazar la actividad campesina por cultivos promisorios de alto desempeño económico. Por intermedio del Departamento de Defensa de los Estado Unidos, que es la fuente principal de los recursos, se afirma que entre el año 2001 y el 2016 Colombia recibió más de $10.000 Millones de Dólares que contribuyeron evidentemente al mejoramiento de la seguridad interna para lograr la reducción de actos de terrorismo contra la infraestructura petrolera y energética, la reducción significativa de secuestros y la desmovilización de contingentes de grupos paramilitares y de guerrillas que finalmente abrieron la ruta hacia el Acuerdo de Paz de La Habana, que fue siempre el propósito principal de la cooperación. Aún dado este paso tan trascendental en el 2016, el flujo de recursos continúa llegando en virtud de la necesidad de incrementar la acción de control ante la visible avanzada de la superficie sembrada, ya no en las zonas erradicadas sino en regiones nuevas en los Departamentos de Putumayo, Guaviare, Cauca y Nariño, y el correspondiente incremento de acciones delincuenciales y atentados contra la fuerza pública, todo lo cual ha escalado el compromiso a un nivel bastante superior. Se agrega que ingresaron al país más de $740 Millones de Dólares en 2023, $500 Millones de Dólares en 2024 y $210 Millones de Dólares en lo que va del 2025 ([i]), lo que demuestra con claridad el esfuerzo financiero que han hecho los gobiernos del Presidente Biden y el Presidente Trump por mantener una mano tendida hacia un país que, francamente hablando, se ahogaría frente al tamaño del problema que le corresponde manejar.
Para que todo marche bien en una cooperación como ésta SE NECESITA DEUN PRESIDENTE con talante de verdadero líder. No sirve mucho un ególatra engreído que cree que con actitudes groseras y desafiantes frente a sus homólogos de otros países puede asegurar el mejor porvenir para el suyo, ese que le corresponde gobernar y llevar hacia los mejores destinos. Se equivoca de plano. Lo hace día tras día y cada vez con efectos más complicados para el país. Un asunto tan delicado como la “certificación” se maneja entre jefes de Estado, no entre enemigos, no entre contrincantes, porque el resultado no podría ser otro que el que ya conoció el país entero: perdimos la credencial de país que lucha contra la violencia y el narcotráfico, no porque no hagamos nada, cosa que nos ofendería en el alma si eso se dijera así, sino porque no convencemos con lo que hacemos, y tampoco demostramos que estamos haciendo bien la tarea, no ante los Estados Unidos y tampoco ante el propio país.
¿Qué se podía esperar como resultado de la inadecuada gestión del Gobierno? Que el hombre que da la orden de girar los recursos de apoyo financiero, que no salen de su bolsillo sino de las arcas federales, como aporte del buen pueblo norteamericano para vencer en esta guerra que nos supera y que el Presidente Trump considera estratégica para su proyecto político, decidiera que ya no contribuye más y que nosotros tuviésemos que buscar qué hacer con nuestro problema. Podría ser esa la respuesta de un arrogante de marca mayor frente a la actitud desafiante de otro que puede ser peor, sin embargo, fue el propio Presidente Trump quien se adelantó a señalar cuáles serían las señales que permitirían cambiar su decisión. El peor resultado de toda esta tensión es que el país entre en un problema fiscal enloquecedor, porque se enfrentaría a la disyuntiva de tener que reordenar los escasos recursos de que dispone para sostener la acción de gobierno que el país necesita para no volar en pedazos por gracia maldita de la violencia armada y el narcotráfico. Corresponde a un Presidente que, en el mejor ejercicio de sus capacidades de estadista, pueda liderar tan complicada crisis y llegue a una solución urgente, no a uno que, a veces borracho, a veces perdido entre nubes amarillas, rehúye la responsabilidad de afrontar el costo de su soberbia y su desacierto en la gestión.
Se equivocó el comando de las FARC-EP cuando, dos décadas atrás, afirmó que el “Plan Colombia era una entrega formal para la intervención de los Estados Unidos”, y se equivoca el Presidente Petro cuando afirma hoy que el país “no necesita limosnas, o que se siente sometido a la extorción de los Estados Unidos”. ¿Limosna de qué, extorción de qué?… cuando el aporte que recibe el país cada año, que afortunadamente no se interrumpiría, es necesario para sostener una acción ordenada y contundente contra el narcotráfico, la violencia de los grupos armados, la delincuencia organizada y la minería ilegal. ¿Qué otra manera habría para que el país lograra soportar ese gasto militar?
Es probable que la situación entre Washington y Bogotá se ponga peor cada día, sobre todo cuando el Presidente Trump ha puesto en firme su lucha contra el narcotráfico para librar su país del infierno de las drogas, mientras que el Presidente Petro persiste en una actitud ofensiva y desafiante, de seguro para congraciarse con sus admiradores de la izquierda política. ¿Por qué no acercarse más bien como Jefe de Estado, con la dignidad que le da el cargo y en cumplimiento de su responsabilidad, para establecer una alianza aún más fuerte para lograr objetivos más avanzados que interesan a ambos gobernantes y que les comprometen por igual frente a sus propios países? Ello no implica, por supuesto, claudicar en postulados de soberanía nacional ni ceder al “dominio gringo”, como repite el Presidente cada vez, pero sí evitar cualquier postura vanidosa y arrogante que despierte malestar en el quisquilloso interlocutor, mientras logramos demostrar capacidad de acción frente al visible avance de los cultivos de hoja de coca y el innegable incremento de la producción de cocaína, que es el principal valor de cambio exigido a título de canje por la cuantiosa cooperación financiera. ¿Dónde estaría la extorción que señala el Presidente? Puede ser que el país requiera de “alternativas pacíficas al cultivo de la coca”, como él mismo lo dice, pero el socio contribuyente pide mayor contundencia en la detención de más traficantes y la eliminación de más área de cultivos, así como la destrucción de más laboratorios, la intervención de más redes de comercio y suministro, y en todo caso más incautaciones. Si eso se logra, la tendencia va a cambiar, y ello no tiene nada de ofensivo ni invasivo para el país, solo serían los parámetros mínimos para un trabajo bien hecho.
La descertificación, estemos seguros de eso, no es contra el país, es contra “el Gobierno de ese país” que no da muestras de conseguir resultados en la lucha contra el narcotráfico. La descertificación pudiera no haber prosperado si el Presidente se hubiera ocupado de mantener el mejor clima y ánimo de diálogo, pero se sabe perfectamente con cuánto fastidio el Jefe del Gobierno se refiere a su homólogo norteamericano y con cuánto ahínco trata de contagiar ese rencor en su Consejo de Ministros y en el país entero. No puede parecer extraño el desprecio con que el Presidente Trump se refiere al trabajo del Gobierno de Colombia, obviamente sin ocultar su resentimiento contra el Presidente Petro en particular. Ello nos deja frente a un tire y afloje permanente de aquí pa’llá…, de allá pa’cá, dejando entrever que las cosas han llegado al terreno de lo personal y quién tiene mayor responsabilidad sobre lo que está sucediendo.
La descertificación, de otra parte, sí es un castigo flagrante contra quienes, con un gran sacrificio de sangre, luchan a diario contra un mal que se alza como un verdadero Tsunami, siendo tan grande el poder destructor que muestra. El acto de descertificación deshonra el trabajo de numerosos hombres y mujeres que, sin reparo de sus vidas, permanecen en las zonas de combate para tratar de minar el poder devorador de las mafias del narcotráfico y los grupos armados fuera de la ley, dejando en el camino víctimas que dejan familias desamparadas que no volverán a ver sus padres, o sus hijos. Lástima que esas víctimas nunca sean valoradas como se debe a la hora de pedir “cuentas sobre los resultados”, pero es que ya se sabe que en los escenarios de guerra deshumanizada los soldados son material prescindible. Tan dolorosa y cruel es la cuestión. Por eso duele tanto la descertificación, si es que el esfuerzo pagado en vidas, en personas mutiladas, en familias desaparecidas, no contara a la hora de medir resultados, y en cambio se dirija la mirada hacia cuántas hectáreas menos de cultivos de hoja de coca, cuántos laboratorios menos, cuántas toneladas incautadas, cuantos delincuentes capturados, o cuántos extraditados.
Y duele, no porque no se haya hecho nada para combatir el mal, si no que hablen los miembros de la fuerza pública que han sido destacados en zonas de conflicto y han tenido que soportar de todo. Duele porque el Gobierno de Colombia ha sido evidentemente incapaz de alcanzar la altura necesaria para llevar el proceso con la rigurosidad y eficacia que era necesaria para convencer – que no engañar- al evaluador que pide cuentas. Esa tarea no quedó bien hecha. Acaso sería que el Gobierno no se movió bien, con toda su capacidad diplomática y técnica, y se dedicó en cambio a todo tipo de vociferaciones y debates conducentes a nada. Era una tarea para las más altas esferas de un Gobierno Nacional mucho más idóneo. ¿Qué se hizo desde el momento en que se insinuó la decisión del Gobierno Trump? ¿Cómo se movilizó el alto Gobierno? Vamos a ver qué clase de informe presentará el Presidente Petro ante el Congreso de la República.
Al final no es el país el que debe preocuparse, porque en el pronunciamiento de Washington que publicó CNN ([ii]) se lee con claridad que hay un reconocimiento hacia “…las instituciones de seguridad y las autoridades municipales de Colombia (que) siguen demostrando habilidad y valentía al enfrentar a grupos terroristas y criminales, y Estados Unidos valora el servicio y sacrificio de sus servidores públicos dedicados en todos los niveles de gobierno” Esta afirmación acalla de sobra nuestra protesta dolorida. En sentido contrario, para Washington está claro que el “fracaso de Colombia para cumplir con sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político”, lo cual confirma todo lo que se ha dicho aquí.
[i] Fuente de los datos:
[ii] Fuente de datos : https://cnnespanol.cnn.com/2025/09/15/colombia/trump-descertifica-narcotrafico-trax