Un asunto absolutamente atinente a intereses económicos, laborales, fiscales y ambientales, cruciales en el ámbito regional, propició posturas abiertamente antagónicas de la multinacional suiza GLENCORE con respecto a sus respectivas inversiones en las minas de carbón del Cesar y de La Guajira. Prácticas extrañamente contradictorias que merecen comentarios. Desgranaremos sucintas elucubraciones para interpretar la ambigüedad.
Inicialmente, para describir la primera de las dos caras de la moneda, realizamos superficial evaluación de las supuestas razones alegadas en la solicitud de su filial en el Cesar – PRODECO– en febrero del año 2021 de abandonar operaciones carboníferas en las minas Calenturitas, y La Jagua. PRODECO invoca dificultades “para operar debido a la crisis económica”, lo cual dejaría cesantes a millares de trabajadores. Pesquisas realizadas por el suscrito, plasmadas en investigación a publicarse en febrero de 2022, establecen paralelos en factores económicos, laborales, calidad del mineral, precio a boca de mina, distancias similares a mercados a los que acceden, amén de otros elementos comunes a los operadores de los proyectos de los dos departamentos, todo lo anterior conlleva a descartar sustanciales argumentos diferenciales en ambos territorios. Lo que afecta a los proyectos de allá afecta en la misma medida a los proyectos de acá.
La crisis derivada de la Pandemia como argumento esencial, socorrido por PRODECO, es invalido en la medida que las dificultades sanitarias constituyen fenómeno universal. Aflige por igual a todas las empresas. Mal puede usarse como pretexto medular. Inclusive, se ha dado una situación Post Pandemia paradójica en el mercado internacional de fósiles. Aun así, la Agencia Nacional de Minería aceptó la renuncia a los tres títulos mineros que la empresa poseía en las minas aludidas. La empresa justificó su decisión en el descuadre de cuentas desde el punto de vista financiero, por la baja cotización del mineral en el mundo.
Argumentos adicionales esgrimidos por PRODECO apelan a factores internos asociados a falta de estabilidad jurídica y al licenciamiento ambiental y/o factores de orden público que se traducen en altas cargas sociales y ambientales. Cuestionables, ya que los conflictos ambientales y las disputas laborales tampoco insinúan certezas de la empresa en estas causas. Todo sugiere que más bien han presionado gabelas adicionales a las ostentadas. Evidencias ocultas apuntan a una tutela que les ordenó no disponer del botadero El Palomo – a dos kilómetros de una de las minas- hasta tanto no se delimite el territorio ancestral de la comunidad yukpa y como antesala se exige consulta previa.
Esa tesis ostenta más verosimilitud, habida cuenta de que GLENCORE optó ´por adquirir el 67% de la participación de sus socias en CERREJON, lo que desnuda la otra cara de la moneda.
GLENCORE por razones indirectamente relacionadas con la extracción y como resultado de esa “jugada maestra” en la que decidió adquirir el 100% de su participación en el CERREJÓN, se está frotando las manos. Al contrario de sus pretéritas socias BHP y ANGLO AMERICAN, que eligieron gestionar el agotamiento de sus minas de carbón. La compra del 67 % a sus antiguos socios por la suma de US $ 588 millones de dólares; por obra y gracia de la coyuntura del mercado de combustibles fósiles le generará a GLENCORE una bonificación de cientos de millones de dólares antes de que culmine el trato (2022). Ese trato contiene una cláusula inusual: GLENCORE se haría cargo de los flujos de caja de la mina a partir del 2021. La contraprestación del precio de compra se basó en una fecha de vigencia económica del 31 de diciembre de 2020.
“El corredor Liberum estima que CERREJÓN generará US $ 1,000 de flujo en efectivo de EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación, y amortización), solo en la segunda mitad de 2021”. La coyuntura de precios del carbón así lo determinará.
José Luis Arredondo Mejía