Evaluar un mandato presidencial a escasos dos meses de su inicio suele ser un ejercicio estéril o un acto de prematura pleitesía. Ninguna administración logra transformar las bases estructurales de una nación en 60 días de gobierno, y pretender lo contrario es ignorar cómo opera el Estado. Sin embargo, en el caso del presidente Abelardo de la Espriella, las primeras ocho semanas en la Casa de Nariño exigen un análisis que supere la visceralidad de las redes sociales y el aplauso automático de sus copartidarios. Para defender prudentemente este arranque, no hace falta recurrir al elogio desmedido, sino al pragmatismo elemental: observar qué se ha sembrado y en qué condiciones climáticas se está labrando la tierra.
El primer elemento que debe ponderarse con frialdad es la herencia institucional recibida. La administración actual asumió las riendas de Colombia en un contexto de marcada desaceleración económica y con alertas críticas sobre la baja ejecución presupuestal del periodo inmediatamente anterior. A esto se sumó un desafío de fuerza mayor: el fuerte sismo que golpeó varias regiones del país casi en paralelo a la toma de posesión, obligando al Ejecutivo a virar de inmediato hacia la atención de emergencias. Un inicio accidentado que habría descarrilado a un equipo sin brújula clara. Ante la coyuntura, la respuesta inicial del gobierno no ha sido la del discurso abstracto, sino la de una articulación técnica visible.
La estructuración del Plan Nacional de Desarrollo, denominado por el Ejecutivo como “Colombia, la Patria Milagro 2026-2030”, comenzó a regionalizarse rápidamente. El lanzamiento de esta estrategia en el Eje Cafetero, priorizando la reconstrucción urbana tras el sismo con una proyección de inversiones millonarias y la generación de empleos directos, demuestra que el talante confrontativo de la campaña se ha canalizado, al menos en lo sectorial, hacia proyectos de infraestructura concretos. Sostener que el país ya cambió sería una falacia; argumentar que se ha respondido con orden institucional ante la crisis es un hecho fáctico.
Donde mayor resistencia y debate ha generado el mandatario es, previsiblemente, en su retórica de seguridad y justicia. Su estilo punitivo y directo, característico de su trayectoria profesional, se ha traducido en los primeros decretos orientados a desmontar los remanentes de las negociaciones de la administración anterior y agilizar los procesos de extradición. Quienes critican esta postura argumentan un endurecimiento innecesario de las tensiones políticas. No obstante, desde una óptica de pura coherencia democrática, De la Espriella está ejecutando con precisión el mandato para el cual fue elegido por las mayorías en las urnas: restablecer el principio de autoridad. Un gobernante que cumple las líneas maestras de su programa electoral en sus primeras semanas no está cayendo en el autoritarismo, sino respetando el pacto básico con sus electores.
Asimismo, las recurrentes advertencias lanzadas por el presidente frente al manejo de los dineros públicos merecen una mirada desprovista de sesgos. Su advertencia explícita a mandatarios locales y funcionarios —afirmando que los recursos del Estado son sagrados y que se perseguirá con igual firmeza tanto al terrorismo como a la corrupción de cuello blanco— ha sido catalogada por la oposición como un mero libreto de micrófono. Sin embargo, la posterior expedición de directrices presidenciales estrictas en materia de austeridad matiza esa crítica.
La restricción real al gasto público mediante la Circular 06 —que limita de manera severa los viajes internacionales de funcionarios, prohíbe la contratación de pauta publicitaria destinada a exaltar la imagen de los servidores públicos y restringe la edición de textos institucionales suntuosos— introduce un control fiscal que la tecnocracia venía reclamando. No se trata de simpatía estética por el gobernante; se trata de validar medidas administrativas rigurosas que apuntan a la disciplina fiscal en un momento en que las finanzas de la nación se encuentran bajo estricta observación internacional.
Por supuesto, el camino apenas comienza y los nubarrones en el horizonte son densos. El tono confrontativo que el mandatario mantiene frente a los sectores de la oposición y sus declaraciones respecto a no tolerar los bloqueos de vías públicas siguen polarizando el termómetro social. El riesgo latente de que la retórica del «tigre» termine por asfixiar los puentes de diálogo institucional con el Congreso es real y constituye el mayor examen de madurez política para su equipo de gobierno. La gobernabilidad de los próximos cuatro años no se construirá únicamente con decretos de mano dura o mensajes vehementes en plataformas digitales, sino con la capacidad de procesar las inevitables discrepancias en los escenarios legislativos y judiciales.
Defender con prudencia estos primeros 60 días consiste, entonces, en reconocer el valor del orden y la dirección clara dentro de una transición política compleja. Tras un periodo de profundas incertidumbres institucionales, el arribo de un ejecutivo que imprime velocidad a las decisiones presupuestales regionaliza la planeación estatal mediante proyectos específicos y recorta el gasto superfluo del aparato burocrático de la Presidencia es una señal de seriedad administrativa. No es una apología a la perfección, pues los errores de coordinación y los excesos verbales están a la vista de los analistas; es el reconocimiento legítimo de que el timón del Estado se ha empuñado con firmeza en medio de la tormenta.
El beneficio de la duda, ese que se le niega sistemáticamente en la plaza pública, es el mínimo requisito analítico que merece cualquier administración en su labor. El gobierno de Abelardo de la Espriella ha mostrado las cartas con las que pretende jugar su partida: austeridad hacia adentro, autoridad hacia afuera y priorización de la infraestructura regional. Corresponderá al tiempo determinar si estas acciones iniciales consolidan el «milagro» prometido o si se quedan en el ímpetu de un arranque vigoroso. Por ahora, los primeros dos meses demuestran que el mandatario trabaja al ritmo de sus convicciones y que el Estado, lejos de paralizarse, avanza con un rumbo firmemente definido.
Oscar Christoffel Díaz