Estamos ante un gobierno que parece despreocupado por los graves problemas de seguridad que afectan a los colombianos. Varias decisiones de este gobierno parecen estar favoreciendo el fortalecimiento de los grupos ilegales. El Gobierno Petro renunció a la lucha contra el narcotráfico, cedió el control territorial ante los grupos ilegales a través de los ceses al fuego, y ha reducido el mando y afectado la Fuerza Pública.
Los erradicadores pasaron de 10 mil en 2021 a 3 mil en el 2023, el presupuesto de 236 mil millones a menos de 90 mil millones. El año pasado se erradicaron 20 mil hectáreas de coca cuando en el 2021 se erradicaban más de 100 mil. El presidente Petro afirma que la nueva política de drogas es la interdicción. Sin embargo, no ha funcionado. El año pasado incautaron 739 toneladas de coca, cifra cercana a la que se tuvo con Duque donde se incautaban más de 650 toneladas. Sin embargo, comparado con 2021 disminuyó en un -15% la incautación de marihuana, un -12% la de bazuco, un -42% los insumos sólidos, y la infraestructura destruida cayó en un -9%. Según el Ministerio de Defensa, el narcotráfico en Colombia produce 67,5 billones de pesos al año (4,5% del PIB). La incapacidad del gobierno de combatir el narcotráfico es un factor que fortalece a los violentos.
La reducción de la cúpula ha sido sensible: -17% de los generales en el Ejército -comparado con 2021- (11 generales menos) y -20% de coroneles (108 coroneles menos). Además, tenemos 35.435 colombianos menos presentando servicio militar (una caída del -45%). En la Fuerza Aérea tenemos una caída del -13% de los generales (17 menos) y de un -14% de los operadores militares (1.064 menos). En la Armada han caído en -58% los oficiales insignia (14 menos), un -18% los capitanes (21 menos) y un -23% los operadores militares (5.502 menos). La cifra más dramática es la de la policía que ha disminuido en un -54% los generales de la policía y un -32% los coroneles.
Hemos recibido testimonio de varios retirados sobre el desánimo que sienten.
Afirman que tienen equipamiento vencido. Como el gobierno ha decidido no hacerle mantenimiento se ven obligados a hacer los ejercicios desde los árboles para no perder las habilidades. Sin contar que los retirados llevan más de 8 meses esperando que les paguen la liquidación laboral y las cesantías. Les explican que tomará tiempo pues hay 6 mil hombres retirados.
El gobierno a través de los ceses al fuego les ha cedido espacio a los grupos criminales. No pudimos obtener por parte del alto comisionado de paz información sobre cómo se desarrollan y si existen violaciones. Nos dicen que todo está sujeto a reserva legal. Encontré una ONG que viene haciendo seguimiento al asunto: Coordinadora Humanitaria. Ellos sostienen que se han registrado 573 acciones hostiles y 744 violaciones al cese al fuego.
Uno de los resultados más graves de los ceses al fuego lo registra la Defensoría que muestra el aumento de control de los grupos sobre varios municipios: en 2022 las disidencias de las Farc tenían presencia en 230 y en 2023 llegaron a 299 municipios; el ELN pasó de 189 a 231 municipios; y el Clan del Golfo de 188 a 210 municipios.
Hoy el país cuenta con 16.700 hombres en armas ilegales, es el número teníamos antes del Acuerdo de la Habana. En los casi dos años de este gobierno el aumento ha estado por encima de 3.500 hombres ilegales adicionales. Supera el aumento de cada gobierno anterior. Si las cosas siguen así, llegaremos a 2026 a 25.153 hombres. Volveríamos a las cifras de 2008.
La Paz total como las decisiones del gobierno han beneficiado más a los violentos que a los colombianos que siguen viendo cómo aumentan las masacres, la extorsión y el reclutamiento.
Paloma Valencia Laserna