La Guajira y el Cesar comparten una condición que pocas regiones del país tienen de forma simultánea: tierra disponible, posición geográfica estratégica y una economía rural que necesita con urgencia nuevas apuestas productivas. La Guajira enfrenta el declive progresivo de la actividad carbonífera del Cerrejón, que durante décadas concentró la inversión y el empleo formal en el departamento. Según informes de la Contraloría General de la República, la contracción de esta operación ha reducido de forma significativa los ingresos por regalías y el empleo directo en el sur del departamento, dejando un vacío económico que el sector agropecuario tiene la obligación (y la oportunidad) de comenzar a llenar. El Cesar atraviesa un proceso similar: la ganadería extensiva y la minería de carbón, sus dos motores históricos, enfrentan presiones ambientales, de mercado y de rentabilidad que los hacen inviables como únicos ejes del desarrollo rural. En ese contexto de transición, el coco no es una apuesta sentimental ni una moda agroalimentaria: es una cadena productiva con datos, con mercado y con condiciones técnicas para desarrollarse en estas dos regiones.
El mercado mundial de derivados del coco supera actualmente los US$13.000 millones y se proyecta por encima de US$30.000 millones hacia 2030, impulsado por la demanda de agua de coco, aceite virgen, harina, fibra y carbón activado. Colombia participa de forma marginal en ese mercado: tiene cerca de 22.000 hectáreas sembradas y una producción que cayó de 155.000 toneladas en 2021 a 117.678 toneladas en 2023, según datos de la FAO y el DANE, debido al envejecimiento de los cultivos y a la baja inversión en tecnificación. Mientras tanto, Brasil consolidó en su nordeste (regiones con clima y condición histórica comparable al Caribe colombiano) un modelo que llevó su producción a 2,9 millones de toneladas en 2023 y multiplicó sus exportaciones en más del 95% en el primer semestre de 2024. El paralelo no es casual. Es una señal de lo que puede ocurrir aquí si se toman decisiones productivas concretas.
Desde el punto de vista agronómico, el argumento para La Guajira merece precisión. La Baja Guajira, con municipios como Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar, El Molino y Villanueva, concentra una porción importante de las más de 2 millones de hectáreas con aptitud agropecuaria identificadas por el IGAC en el Caribe colombiano. Dibulla es hoy el mayor productor de coco del departamento y cuenta, además, con una ventaja logística que pocas zonas rurales del país pueden exhibir: el Puerto Brisa, ubicado en su litoral, ofrece una salida directa al mar Caribe que convierte a esta subregión en una plataforma de exportación agroindustrial sin precedentes en La Guajira. El reto hídrico, que suele citarse como obstáculo para cualquier propuesta agrícola en el departamento, tiene respuesta técnica en el cultivo de coco: la palma tolera periodos de sequía mejor que la mayoría de los cultivos tropicales y, cuando se combina con sistemas de riego por goteo de bajo consumo, los rendimientos pueden alcanzar entre 8.000 y 12.000 frutos por hectárea al año. Fonseca, por su parte, con su tradición agrícola activa y la conectividad vial que une el sur de La Guajira con Santa Marta, reúne las condiciones para consolidarse como segundo núcleo productivo de escala en la región.
En el Cesar, la situación es distinta y más favorable desde el punto de vista de infraestructura instalada. Municipios como Agustín Codazzi, La Paz y Manaure tienen tradición agrícola, red vial funcional y acceso a servicios técnicos que facilitarían la adopción de un modelo tecnificado de coco. Codazzi, en particular, combina disponibilidad de tierra, cercanía al puerto de Santa Marta y una clase empresarial rural con experiencia en cultivos de ciclo largo, lo que lo convierte en un punto de entrada estratégico. La reconversión de áreas con ganadería extensiva (que en el Caribe no supera un trabajador por cada cien hectáreas) hacia sistemas de coco tecnificado, que generan tres empleos directos por cada cinco hectáreas, representa un argumento simultáneo de política rural, ambiental y económica que los gobiernos departamentales no pueden ignorar.
El modelo que ha venido desarrollándose en el Caribe colombiano bajo el concepto de Ecosistema de Coco articula pequeños y medianos productores alrededor de centros de procesamiento con tecnología, asistencia técnica y mercado asegurado. Su Tasa Interna de Retorno estimada es del 21,3% financiando el proyecto con capital propio, sin depender de apalancamiento público. La huella de carbono del coco es 27 veces menor que la de la carne vacuna por kilogramo producido, lo que lo posiciona además como un argumento ante fondos de financiamiento verde y cooperación internacional. Eso significa que es un negocio viable con capital privado, lo que lo diferencia de la mayoría de los proyectos agropecuarios que requieren subsidio permanente para sobrevivir.
La ventaja logística de la región es uno de sus activos más subestimados. La combinación de Puerto Brisa en Dibulla, con acceso directo al mar Caribe desde la zona de mayor producción de coco del departamento, y la cercanía del Cesar y el sur de La Guajira a los puertos de Santa Marta y Barranquilla (que conectan con mercados de América del Norte, Europa y el Caribe insular en menos de cinco días de navegación) convierte a estos dos departamentos en una plataforma agroindustrial de exportación sin paralelo en el norte del país. Del mismo fruto se pueden obtener agua de coco, aceite virgen, harina, fibra de coir y carbón activado: una cadena de valor completa que va desde la producción agrícola hasta la exportación, sin depender de un solo mercado ni de un solo comprador.
Pero el coco no se siembra solo con condiciones naturales. Requiere decisiones concretas: expansión de área cultivada en zonas con aptitud agrícola identificada por la UPRA, introducción de material vegetal de alto rendimiento, transferencia tecnológica y consolidación de infraestructura de transformación. Las gobernaciones de La Guajira y el Cesar, los municipios con vocación agrícola y el sector privado regional tienen hoy la oportunidad de articularse a una cadena productiva que está creciendo en el mundo y que puede tener en Dibulla, Fonseca y Codazzi tres de sus centros de producción más competitivos de América Latina.
El territorio tiene las condiciones. La economía global tiene la demanda. La transición productiva que La Guajira y el Cesar necesitan no llegará en un decreto ni en una convocatoria de Bogotá: se construirá hectárea a hectárea, con decisiones de quienes tienen la tierra, el capital y la voluntad de invertir en el Caribe que Colombia todavía no ve.
Luis Miguel Pico Pastrana