El gobierno Petro y el Pacto histórico se descuelgan por las orejas cuando se les responsabiliza por la escasez de gas que obligó a importarlo para satisfacer la demanda esencial desde diciembre de 2024. Tienen razón cuando afirman que las reservas probadas de gas han caído el 50% en los últimos 15 años. ¿Pero cuál es la responsabilidad que les cabe a ellos? Lo primero es que, a sabiendas de que las reservas probadas de hidrocarburos (petróleo y gas) vienen cayendo, resulta insensato descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación.
Se procedió, además, a apagar los pilotos que estaban llamados a establecer, con criterio técnico y científico, la viabilidad de la implementación de la técnica del fracking en Colombia para explotar los yacimientos no convencionales, los cuales gozan de una gran prospectividad. Y lo hicieron por razones eminentemente ideológicas, al tiempo que promovieron y avalaron la presentación de un proyecto, con mensaje de urgencia para su prohibición. Así fue cómo nos quedamos sin saberlo. De haberse determinado su viabilidad a partir de los pilotos, con su utilización Colombia habría revertido la tendencia a la declinación de las reservas de hidrocarburos y el país contaría con mayores producciones de petróleo y gas, consolidando su seguridad y la soberanía energética. Al impedirlo, es responsabilidad de este gobierno la pérdida de una y otra.
Es de anotar que todas las críticas y reparos que se le hacen por parte de los anti fracking a esta tecnología está referida a la técnica del fracking 1.0, pero la misma ha evolucionado mucho y ya estamos en la técnica del fracking 6.0, que la torna menos impactante sobre el medioambiente y sobre el entorno de donde de utilice.
Esta nueva técnica incorporó el uso de la inteligencia artificial y monitoreo sísmico en tiempo real para optimizar la perforación, tornándola de alta precisión y reducir el número de pozos, utilizando plataformas multipropósito, al tiempo que reduce la huella superficial, como también la reutilización y reciclaje de aguas de producción, que no compite con los acuíferos, disminuyendo el consumo de agua dulce. Se emplean ahora fluidos biodegradables, menos tóxicos, arenas sintéticas de menor impacto y se reduce al mínimo el uso de químicos peligrosos. Muy en línea con la transición energética, que conlleva la electrificación de los procesos productivos, ahora los equipos que se utilizan han reemplazado el consumo del diésel por la electricidad, en lo posible proveniente de fuentes renovables y limpias, bajando de esta manera las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Se ha mejorado, además, el sellamiento y encamisado de los pozos perforados para minimizar el riesgo de filtraciones. Un aspecto clave de la misma es la captura y control de las emisiones fugitivas de metano.
En términos técnicos, el fracking ha avanzado hacia una mayor precisión. La combinación de perforación horizontal multilateral, modelamiento geológico en 3D y sensores inteligentes permite optimizar la ubicación de los pozos y reducir la cantidad de intervenciones necesarias. Hoy, algoritmos de inteligencia artificial analizan en tiempo real variables como presión, micro-sismicidad y comportamiento del fluido, ajustando la operación para maximizar la eficiencia y minimizar riesgos. Esto se traduce en menos consumo de agua por barril producido y una menor huella superficial.
Ello fue lo que llevó a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum a dar un viraje a su posición de enantes de 180 grados con respecto al uso de esta técnica en México. Ella defendió en una rueda de prensa el pasado 9 de abril su apertura al uso de tecnologías de extracción de gas no convencional a través de la fracturación hidráulica, conocida como fracking, pese a haberse pronunciado en contra antes y aseguró que es una forma de “fortalecer” la soberanía nacional con técnicas de “bajo impacto ambiental. Hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía nacional…Son nuevas tecnologías de explotación con menores impactos ambientales que nos abren la posibilidad de utilizar ese gas…De las primeras tecnologías que se usaron a las actuales hay una diferencia muy grande”, dijo la mandataria.
Ello explica, a guisa de ejemplo el contraste de las emisiones de CO2 en el Permian, en el Estado de Texas (EE.UU), YNC en el cual ECOPETROL está asociado con la OXY en la explotación del mismo utilizando la técnica del fracking. Mientras en el Permian se emiten 8 kilogramos de CO2 por cada barril que se extrae, en Colombia, en los campos de yacimientos convencionales, en desarrollo de su actividad extractiva, en la que no se utiliza la técnica del fracking, las emisiones de CO2 atribuibles a la extracción de cada barril de crudo es de 64 kilogramos, 8 veces las del Permian (¡!).
Es más, en algunos desarrollos avanzados, la misma infraestructura utilizada para la fracturación hidráulica puede adaptarse, al final de la vida útil del yacimiento, para inyectar CO₂ en formaciones geológicas profundas. Esto abre la puerta a modelos híbridos en los que la explotación de hidrocarburos no convencionales se combine con estrategias de descarbonización, reduciendo parcialmente su impacto climático. ¡La lección que nos deja la Presidenta Sheinbaum es que los principios hay que modularlos con el pragmatismo!
Amylkar Acosta Medina
[1] Miembro de Número de la ACCE
¿Es legítimo exigirle a la ciudadanía sacrificios civiles y patriotismo, cuando el aspirante a liderarla ha demostrado que las fronteras de su lealtad legal son dinámicas y se adaptan a sus intereses económicos o residenciales personales?
Si los pilares de la tecnocracia son la objetividad y el rigor científico alejados de las pasiones partidistas, ¿con qué autoridad moral se puede criticar la gestión técnica de un gobierno alegando ‘terquedad ideológica’, mientras en paralelo se aplauden o validan decálogos y propuestas de candidatos cuyos programas carecen del mismo rigor técnico que ustedes exigen?
Cuando un actor político adopta históricamente una postura tibia y ambivalente ante los grandes debates nacionales, ¿no es una contradicción que pretenda fungir hoy como juez implacable de la polarización del país? ¿Qué responsabilidad ética le asume al centro político por haber dejado los vacíos de liderazgo que terminaron fragmentando a la sociedad?
Hay que ser muy ignorante o muy malintencionado para seguir con el mismo libreto mediocre. Iván Cepeda jamás ha empuñado un arma; toda su vida ha sido un civil, una víctima de la violencia que decidió hacer política de frente, respetando las leyes y la Constitución. Mientras otros solo saben insultar desde el teclado, él lleva décadas ganándose su curul con votos y debates serios en el Congreso. Respeten la historia y eleven el nivel, que el país ya se cansó de las mentiras de tarima.
Analicen, el cerebro está para eso señores:
Crisis en la educación y la alimentación escolar: Recientemente se han garantizado billonarios recursos ($2.3 billones) para asegurar la gratuidad y la alimentación escolar al 100% de los niños en zonas rurales dispersas de la región. El modelo de austeridad extrema y la falta de capacidad de articulación política amenazarían la continuidad y el flujo de estas transferencias nacionales hacia el departamento.
Bloqueo a la Transición Energética: La Guajira es el epicentro de los proyectos de energía eólica y solar. Estos proyectos no avanzan solo con inversión privada; necesitan de un Gobierno Nacional con altísima capacidad de diálogo social para resolver las consultas previas con las comunidades locales. Un enfoque basado únicamente en la imposición y la confrontación judicial rompería los canales de concertación, ahuyentando las mesas de desarrollo tecnológico y las alianzas STEAM que ya se impulsan en el territorio.
Actualmente, a través de Prosperidad Social, se ejecutan en municipios como Fonseca e internamente en el territorio Wayúu infraestructuras clave para la economía popular, comedores comunitarios y distribución de bienestarina. Un recorte fiscal radical bajo la lógica de que «el mercado todo lo soluciona» dejaría desamparadas a las poblaciones en mayor rezago socioeconómico.
En Colombia rige la separación de poderes. Un presidente no puede gobernar como el dueño de una empresa. Quien prometa cambiar el país a punta de decretos unilaterales está engañando al elector, pues la Corte Constitucional tumbará cualquier medida que salte las competencias del Congreso. La soberbia corporativa no supera el control constitucional.
De la Espriella compite bajo su movimiento independiente Defensores de la Patria. En las elecciones legislativas de este año quedó demostrado que el Congreso está totalmente atomizado. Sin un partido estructurado ni mayorías parlamentarias, su agenda legislativa nacería muerta. Petro, teniendo una bancada mucho más grande, ha sufrido parálisis para aprobar sus reformas debido a la falta de acuerdos. Alguien con una bancada casi nula e incapaz de conciliar generaría un apagón institucional absoluto.Ademas suele confundir ( en sus discursos) administración corporativa con gobernabilidad democrática.
Nada de lo anterior es francamente viable.
El nuevo periodo legislativo en Colombia demanda una rigurosa mutación en la praxis parlamentaria, transitando del letargo presencial a la idoneidad técnica; resulta imperativo que los cabildantes dejen de concebir las curules como un simple claustro de básica primaria —donde el quórum se disuelve ante el primer aguacero y las sesiones devienen en tertulias de mutuo asombro contemplativo— y asuman el rigor académico que el erario público les financia. La dignidad del cargo no se ejerce desde el blindaje ostentoso de un convoy de camionetas oficiales blindadas en la capital, sino a través de la articulación científica de sus Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), las cuales deben ser provistas con el más excelso capital humano y técnico del país en lugar de ser rebajadas a feudos de clientelismo doméstico. El país que costea sus exorbitantes privilegios no espera de ellos un desfile de vanidades vehiculares, sino una producción normativa robusta, asumiendo de una vez por todas que el Congreso es el epicentro de la soberanía jurídica y no un campamento de recreación pagado por el bolsillo de todos los colombianos.