Para no aburrir ni hacer prácticamente interminable y/o fastidiosa esta columna, voy a referirme, escasamente, a los sucesos circenses de un gobierno ilegítimo, acaecidos en el último mes. Entendiendo, eso sí, el alcance y significado de la palabra SARTA, según la Real Academia Española de la Lengua, en su segunda acepción: conjunto de personas o de cosas que van o están en fila.
Dicho esto, de manera abreviada, enlistaré una serie de presuntas conductas típicas profusamente descritas en nuestro Código Penal, sin considerar otras fuentes normativas de orden supraconstitucional o internas, que recrean los comportamientos antijurídicos del poder ejecutivo del gobierno del “Cambio”.
Hace menos de un mes y por segunda ocasión, el presidente de la República, a través de las redes sociales, da a conocer estrategias militares de seguridad nacional y ubicación de grupos terroristas y narcotraficantes que asolan una región de la geografía nacional. Seguidamente, el gobierno expide un decreto de conmoción interior que tiene un claro precedente de alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo, subestimada por el gobierno; finalmente, en una charlotada televisada denominada “Consejo de Ministros”, el presidente confesó públicamente que, efectivamente, él dio a conocer las coordenadas a los grupos criminales por redes sociales, “por descuido”. Concurso de delitos (Menoscabo de la integridad nacional, espionaje, prevaricato por acción, omisión y agravado, utilización de asunto sometido a secreto o reserva).
Hace menos de un mes, de nuevo se evidencia la ilegitimidad en el proceso electoral del presidente, independiente al artículo 109 constitucional, cuando sale a la luz pública, la relación político – comercial de la campaña Petro, bajo total conocimiento del candidato, hoy presidente, con el extraditable “Papá Pitufo”, involucrando a otros funcionarios del actual gabinete. Concurso de delitos (Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, violación de los topes o límites de gastos de las campañas electorales y omisión de información del aportante; estos tipos penales han sido modificados por la ley 1864 de 2017).
Hace menos de un mes, con un presidente ausente, en Haití, alucinando sobre historias mitológicas del Caribe que nunca han ocurrido y que nadie entiende o le interesa, el Sátrapa delincuente de lesa humanidad, Nicolás Maduro, en perfecta coordinación de operaciones con sus esbirros, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, todos facturados con millones de dólares de recompensa por sus cabezas, ingresaban al territorio nacional por vía terrestre y aérea para “controlar actividades ilícitas en el Catatumbo y apoyar al pueblo de Colombia”, violando la soberanía nacional y suplantando las fuerzas legítimas constitucionales del Estado. Concurso de delitos (Espionaje, soborno transnacional y menoscabo de la integridad nacional).
Hace menos de un mes y quizás a diario o semanalmente, la familia cercana del presidente y la vicepresidenta se transportan por vía aérea, sean destinos nacionales o internacionales, utilizando abusiva e indebidamente los bienes públicos, en detrimento patrimonial del Estado; así mismo, casi a diario por redes sociales o por alocuciones en directo o televisadas, el presidente señala, insulta, degrada, individualiza y amenaza a periodistas, opositores y ex presidentes. Delitos (Peculado por uso y amenazas).
Y nuevamente, cuando se pretenden aprobar a las patadas las malogradas versiones de la reforma a la salud y otra tributaria; cuando de nuevo aparecen mayores “cuantías” en el escándalo de la UNGRD – CARROTANQUES, se completa la SARTA de punibles, tan grotescos, públicos, rutinarios y “enmermelados”, que ya nos parecen normales: Cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencia de servidor público, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, etc., etc., etc.
Al tiempo, el operador judicial, llamémosle altas Cortes, Juzgados, Fiscalía o Comisión de Acusación, permanece silencioso, estático, inerme, paquidérmico. Las investigaciones, profusas en evidencias, no avanzan. Mientras tanto, al presidente Álvaro Uribe Vélez, le han manipulado y tergiversado un proceso hasta el límite de lo absurdo y lo vergonzoso. Afortunadamente, su defensor, el doctor Jaime Granados ha solicitado el retiro de una juez nada imparcial que ha asumido y exteriorizado una conducta sistemática de vulneración de las garantías procesales, que ya ha surtido los efectos debidos, mediante una acción de tutela.
¿Qué fuerza y poder irresistible existe para que la ley se aplique sin distingos de ideología política o partidista en este país? ¿Hasta cuándo existirá esa expresa e histórica inmunidad para los militantes de la izquierda, no solo en Colombia, sino también el Latinoamérica y El Caribe? ¿Para cuándo una depuración del poder judicial en Colombia para aspirar a contar con verdaderos e idóneos administradores de justicia, éticos, informados, incorruptibles, valerosos?
La corrupción aceptada es la cicuta de la democracia. El próximo gobierno debe organizar un equipo académico de élite y alta probidad, con suficientes herramientas y recursos, para perseguir judicialmente a todos aquellos que han expoliado al erario, hasta que la ley se cumpla con todo rigor y extensión, restaurando el superior respeto y cuidado por los bienes públicos.
Luis Eduardo Brochet Pineda