Acabar con la exploración de petróleo implica que a la vuelta de unos 8 años podríamos tener que importar combustibles –teniendo en cuenta que las reservas actuales alcanzan para 7.6 años-. Esto podría ser catastrófico para empresas y hogares en períodos de altos precios internacionales porque no podría existir el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles como existe hoy; que permite reducir en parte el incremento de los precios que pagamos todos los colombianos por gasolina o ACPM. Ese fondo ha permitido que el galón de gasolina esté en $9.000 y no en casi $16.000 como sería si el precio se ajusta a niveles de los precios externos.
Además, si no hay nuevas exploraciones, el país perdería más de USD 2.000 millones al año en inversión extranjera directa al sector, la cual representa cerca del 20% de la inversión extranjera total al año. Estos flujos de recursos son claves para financiar el alto déficit comercial que tenemos. De hecho, suspender la exploración petrolera implicaría que, a futuro, lo que se produzca en materia de combustibles tendría que destinarse para consumo interno, con lo que perderíamos casi el 32% de las exportaciones totales del país. Esto sin duda, sería mortal para el crecimiento de la economía.
Entonces, el efecto de suspender la exploración de petróleo es doblemente negativo: por un lado, se pierde el 32% de las exportaciones y aumentaría las importaciones; y por otro lado, dejaríamos de recibir más de USD 2.000 millones por inversión extranjera que son necesarios para financiar un déficit comercial que, además, sería cada vez mayor. Esto significaría, entre otras, menos recursos para las empresas y para que el Estado cumpla sus funciones sociales. La ñapa perversa es que la variable de ajuste que determinaría el precio de los combustibles sería el dólar y nadie sabe a cuánto podría llegar con la creciente inestabilidad global. Finamente, las regiones tendrían que abandonar o renunciar a proyectos estratégicos en sectores clave, pues se dejarían de percibir regalías por cerca de 1% del PIB al año, es decir, casi 10 billones por año.
Por último, sin tener en cuenta que, a precios de petróleo de hoy, los ingresos totales del gobierno central superan el 1% del PIB, Gustavo Petro quiere que nuestra seguridad energética petrolera, que además financia los programas sociales del gobierno, dependa de “un tubo que nos conectaría con Venezuela”. A todas luces, cómo el senador y candidato quiere su improvisada y populista transición energética nos puede llevar a una crisis sin precedentes.
Juan Manuel Galán