Quién no recuerda las excéntricas imágenes de Chávez en el centro de Caracas en 2010, rodeado de seguidores que exultantes aplaudían tras cada sentencia del dictador: ¡exprópiese!
Lo que vino después con una de las economías más prósperas del continente es historia; de 2013 a 2020 experimentó una caída acumulada del 80%, con una inflación que alcanzó 9.500% en 2019, una deuda pública en 2017 de 133,61% del PIB, y hoy, con más del 90% de los hogares en pobreza y 65,2% en pobreza extrema.
En Colombia, empezamos a ver con inquietud las medidas del Gobierno Petro en relación con la propiedad privada y el uso del suelo. Con el pretexto de brindar seguridad alimentaria y al amparo del artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo (que está demandado), se introdujo un nuevo esquema de “determinantes de ordenamiento territorial”, es decir, factores que prevalecen en la planificación y uso del suelo en municipios y distritos, a través de las denominadas Zonas y Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA y APPA). Una vez establecidas, el derecho al uso y disposición del suelo por parte de sus propietarios, y las facultades de planificación de las autoridades municipales y distritales, quedan condicionadas a lo que autorice el Gobierno Nacional.
La primera de estas Áreas fue establecida mediante Resolución 161 del 20 de junio de 2024, en La Guajira, abarcando 8 de los 15 municipios, con una extensión de 79.961 hectáreas, dentro de las cuales se restringió el uso agrícola, pecuario y agroturístico, en tanto que se prohibió la minería, el comercio y la industria.
El 26 de diciembre de 2024, el Ministerio de Agricultura expidió la Resolución 377, mediante la cual se delimita una ZPPA en el Suroeste Antioqueño, que abarca 250.000 hectáreas en 22 de los 23 municipios de la subregión. Este es el primer paso para la determinación de la correspondiente APPA, y el fin de la libre disposición de sus terrenos por parte de sus legítimos propietarios.
Con el mismo propósito, el Gobierno adelanta una evaluación de cerca de 100 municipios en los departamentos de Córdoba, Cundinamarca, Tolima, Santander, Putumayo, Cauca y Meta.
En un foro organizado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y la Fundación Konrad Adenauer, el pasado 13 de febrero en Medellín, académicos, expertos y varios alcaldes de los municipios del Suroeste Antioqueño, expusieron los graves riesgos que supone la conformación de estas zonas y áreas. En el proceso se desconocieron principios fundamentales como la participación, el acceso a la información, y las competencias de los entes territoriales para definir la vocación de su territorio acorde con sus realidades económicas, sociales y ambientales. Además, afectan la autonomía administrativa y fiscal, así como el derecho a la libre disposición que tienen los propietarios de sus tierras.
Por ello, varios panelistas coincidieron en calificar el alcance de estas figuras como una “expropiación indirecta”, anticipando una grave afectación a las finanzas locales, el libre goce y flujo de bienes y, paradójicamente, la producción alimentaria. Con su implementación, el Gobierno Petro avanza, vía decretos reglamentarios y resoluciones administrativas, aceleradamente hacia la Reforma Rural Integral (RRI) pactada en el Acuerdo de La Habana, que responde a la clásica y anacrónica visión comunista de la tenencia y aprovechamiento de la tierra, que -entre otros factores- se convirtió en la ruina del campo y la economía de tantas naciones.
Por ello, radicamos demanda de nulidad contra la resolución 377 de 2024. Hoy más que nunca, necesitamos firmeza para defender la propiedad privada y el derecho a definir nuestro desarrollo.
Paola Holguín