Cuando fue redactada y aprobada la Constitución Política en 1991 los colombianos experimentamos un sentimiento generalizado, con la esperanza de un mejor país. Un país en equidad, con igualdad de derechos, pero sobre todo con separación de poderes entre las tres ramas de poder público.
No hay duda de que, desde entonces, el país ha tenido avances en materia de derechos ciudadanos. ¿Quién se atreve a negarlo? Pero también ha tenido grandes decepciones. Una de ellas, y quizá la más decepcionante es la Corte Constitucional.
Pero no me refiero a su creación, me refiero al giro que dado a sus funciones con el pasar del tiempo, cuando debía consolidarse como órgano de cierre de la justicia en Colombia.
Lo que estamos viendo cada día es la sorprendente usurpación de las funciones que le corresponden al Legislativo.
Con el paso de los años, fue combinando su función jurisdiccional con una nueva función que ella misma se arroga, denominada “Legislador en Sentido Positivo”, bajo la cual se permite legislar sobre los temas que dividen al país, lo cual es un despropósito que los legisladores han venido permitiendo desde hace décadas.
Para mí, como candidato al Senado de la República, los grandes temas que dividen al país no pueden quedar en manos de unos magistrados sino de quien tiene el deber constitucional de resolverlos: el Congreso de la República, que es el poder legislativo.
No es la primera vez que la Corte Constitucional, en su creencia de legislador, provoca cismas en la sociedad colombiana; y el aborto fue el último de una seguidilla de temas sensibles que ha venido definiendo bajo el paraguas de la ideología.
La Corte Constitucional aprobó el matrimonio infantil en jóvenes a partir de los 14 años, tumbó la cadena perpetua a violadores de niños, reguló la eutanasia, y ahora despenaliza el aborto hasta las 24 semanas de gestación. No todo lo legal es correcto. Y tampoco es que esos temas sean buenos o malos. Lo que pasa es que los debió desarrollar el Congreso de la República.
¡Si bien ya todo lo anterior es un adefesio, alzo la voz para exigir a los legisladores que ejerzan sus funciones y legislen sobre lo importante para la sociedad!
El Congreso ha desconocido sus funciones y las ha entregado -por omisión- a la Corte Constitucional; un mal ejemplo y un adefesio jurídico que en cualquier país decente ya se habría corregido. Los colombianos pagamos los altos sueldos de ambas corporaciones, y ambas dejan de hacer el trabajo para el cual fueron creadas.
El Congreso legisla sobre el carriel, el sombrero vueltiao, el ajiaco, el sancocho y otros temas que no necesitamos, pero sirven para hacer populismo barato. Y la Corte Constitucional ejerciendo impunemente el “activismo judicial” con decisiones políticas de criterio ideológico, robándole a los colombianos el derecho de tener una justicia limpia y efectiva, sin que el Congreso haga nada para evitarlo, que es lo peor de todo y empeora el problema.
La Corte Constitucional, igual que otras corporaciones judiciales, no se dejan reformar, no se dejan evaluar, no se dejan tocar, con la excusa de que eso violaría la Constitución, lo cual es una vil mentira con la que han engañado a los colombianos, nos han tratado como a niños inocentes que no conocen sus derechos.
Por si fuera poco, y para agravar el problema que tiene el país con ese sistema “mixto” en el que vive la Corte ejerciendo las funciones de ambas ramas del poder público, también encontramos su carencia de diligencia para administrar justicia. Una Corte llena de escándalos -aunque no la única- como el cartel de la toga, que avergüenza a nuestra sociedad y que nos hace desconfiar de esta “justicia”, obligando a los colombianos a buscar justicia fuera del país.
El Congreso que sea elegido el 13 de marzo tiene la obligación moral y la función constitucional de poner fin a este adefesio jurídico-político en el que vive la Corte Constitucional que está destruyendo la confianza de los colombianos en sus instituciones.
Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí…
Luís Alonso Colmenares Rodríguez