Una de las estrategias más sencillas y coherentes, cuando se tienen claras las metas en cualquier gestión administrativa, es revisar con qué recursos contamos y el tiempo del que disponemos para ejecutarlos; pero fundamentalmente, con quienes vamos a hacernos acompañar para lograrlo. En educación, especialmente, no todo es academia; también lo es la preparación técnica y la experiencia, que en este campo no solo es un recurso o una herramienta fundamental, sino que se considera un valor imprescindible e insustituible: ello hace nugatorio, exitoso o simplemente abstracto un proceso educacional en el mediano o largo plazo; porque aquí, definitivamente, la inmediatez no existe, como sí cuenta el talento, la perseverancia, la idoneidad, la integridad, los valores y la inteligencia humana.
Dicho esto, mucho me temo que la nueva burocracia que engrosa la nómina de gerentes y educadores del ministerio del ramo y sus entidades adscritas, deja bastantes dudas sobre tales competencias.
Los colombianos que han tenido el estoicismo de acompañar al jefe de estado en sus “diatribas ministeriales televisadas o alocuciones catilinarias”, pudieron escuchar confundidos, una serie de juicios y estadísticas sobre evolución y desarrollo de los procesos educativos en los últimos tres años, nombramientos y titulaciones exprés, insultos y señalamientos personales, que más que una rendición de cuentas sobre el “estado educativo de la nación”, bien podría oler aquello a lavado de manos con una furiosa distribución de culpas ante la aceptación del fracaso.
Entre muchos, uno muy delicado es el enorme perjuicio que para el presente semestre afrontan cerca de 100 mil beneficiarios del ICETEX, por la eliminación del subsidio a la tasa de interés debido a la compleja situación fiscal, lo cual fue una promesa a fuego durante los meses de campaña del actual gobierno. Si bien es cierto que se han hecho esfuerzos para ampliar el acceso a la educación superior, se ve distante que se pueda cumplir con la meta de 500 mil nuevos cupos en el sector; calculándose un cumplimiento del 40% en este objetivo, como muy optimista, y atendiendo los mayores costos para los hogares, habrá necesariamente un deterioro en el sistema mixto de educación superior en el presente período, viéndose afectada la matrícula de las universidades privadas.
Ciertamente, la apropiación presupuestal en el sector ha sido importante; 70 billones de pesos en 2024 con una ejecución del 96.4% es muy eficiente, destinándose mayormente este recurso para consolidar la política de gratuidad de estudiantes en instituciones públicas de los estratos 1, 2 y 3, aspirando al cierre de este año, beneficiar a 900 mil estudiantes. Sin embargo, otro hito de campaña en materia de promesas educativas fue la construcción de al menos 10 universidades públicas, pero que a la fecha solo se ha entregado una. Creeríamos que la ejecución en infraestructura educativa superior pública, no alcanzará el 30% al terminar el mandato “del cambio”.
Ahora bien, huelga recordar que la gratuidad no es una iniciativa del actual gobierno; este concepto fue creación e iniciativa del gobierno de Iván Duque en 2021, beneficiando a más de 720 mil estudiantes, cifra que si bien ha superado la actual administración, el riesgo grave es la sostenibilidad financiera del programa a mediano plazo.
En materia de educación preescolar, básica primaria, secundaria y media, El Plan de Alimentación Escolar (PAE), tampoco es una iniciativa del gobierno Petro, ni ha evolucionado al alza en su cobertura: en 2022 llegaba a 5.9 millones de estudiantes, atendiendo hoy a 5 millones de beneficiarios.
Con relación a las Pruebas Saber 11 y la deserción escolar, el actual gobierno, a pesar de la insistencia del presidente de la República, en desglosar una confusa estadística intentando mostrar algún resultado positivo comparativo con el anterior gobierno, igualmente se raja: ante el juicio de que “hay un elevamiento del intelecto general de la sociedad” debido a un modesto incremento en los puntajes durante los años 2023 y 2024, el promedio general continúa por debajo del promedio nacional máximo obtenido en 2016, antes de pandemia, que fue de 264 puntos. Por tanto, es un repunte que refleja la recuperación postpandemia y no un cambio estructural en la calidad en los últimos dos años.
En esa línea, otro de los argumentos errados del presidente fue la de atribuir un descenso en el puntaje promedio de los colegios privados a 275.4 puntos promedio en las Pruebas Saber 2024, lo que reducía la meta de desigualdad educativa con los colegios oficiales; pero la verdad es que los privados, antes de bajar su promedio, lo incrementaron a 278.3 puntos, persistiendo la brecha sectorial.
En cuanto al indicador de la deserción, tenemos que la escolar en los últimos tres años se incrementó de 3.3% promedio de 2018 a 2022, a pesar de la pandemia, a 3.9% desde 2022 hasta hoy; en lo correspondiente a educación superior, en igual período, sí hay una leve mejoría, de 10.08% a 9.03%.
En resumen, las cifras oficiales demuestran muchas notas bajas, promesas incumplidas, frustración y espejismos que nunca se convertirán en realidades.
Finalmente, gran preocupación despierta conocer de qué forma algunas instituciones de educación superior, independiente de sus diferentes niveles, pueden “encadenar” currículos en tiempo record, titulando a técnicos, tecnólogos y/o profesionales, muchas veces con violación a los requisitos de ley, para acreditar ciertos cargos públicos, por la condición ideológica.
Ese es un trípode muy delicado entre la mediocridad e incompetencia, la falsedad en documento público y el fraude procesal.
Luis Eduardo Brochet Pineda