El fanatismo ambiental tiene de rodillas el futuro energético del país. También tiene en vilo el resto del desarrollo de vital infraestructura nacional, desde carreteras, líneas de transmisión, puertos, ferrocarriles hasta plantas industriales, acueductos y embalses.
Se han vuelto paisaje las estrambóticas ocurrencias de la ANLA y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) al momento de aparecerse en el desarrollo de proyectos vitales y esenciales para el futuro del país, la productividad y el bienestar de los ciudadanos.
Requerimientos efectuados, la mayoría de las veces, bajo criterios completamente ajenos a la evaluación del proyecto en sí mismo, están casi que regularmente enfocados a completar un supuesto estado del arte y cargar el repositorio de estudios inútiles del Sistema Ambiental Nacional (SINA) y los anaqueles de las CAR.
En la práctica una parte muy importante de estos requerimientos, que dilatan la expedición de licencias ambientales años enteros, a veces como en el caso del pozo de gas Komodo 1 sepultando la viabilidad logística y financiera del proyecto, son lagartadas enfocadas a darle trabajo al amigo consultor o a validar algún tema de inquietud o especialidad académica del funcionario a cargo.
Estas lagartadas se materializan con la sutil insinuación al solicitante de la licencia ambiental de la idoneidad y trayectoria del amigo que, por muy buen precio, atenderá las inquietudes de la autoridad ambiental competente con uno o varios estudios que le darán chanfa por meses o años.
En la mayoría de los casos, recopilados los requerimientos de información y estudios, tarde, a veces demasiado tarde, se otorgará la licencia sin que los estudios ambientales se traduzcan en alguna modificación relevante del proyecto o la imposición de alguna previsión determinada en su desarrollo. El objetivo alcanzado por los funcionarios, en el mejor escenario, fue el de ordeñar al promotor del proyecto, directa o indirectamente con el amigo consultor, dilatando severamente los cronogramas y sumiendo en la incertidumbre el avance de los proyectos, ahuyentando con ello inversionistas, talentos y banqueros.
Ahora, es cierto y reportado, aunque poco denunciado, que al requerimiento de estudios inútiles y de mínima incidencia en el licenciamiento, se suma el peaje, la coima. Una combinación usual y notoria en las CAR y con muchos rumores en la ANLA. Los promotores de los proyectos no denuncian porque se trata de los empleados o contratistas de la misma entidad que define, en últimas, el futuro o viabilidad del proyecto. La justificada incredulidad en la justicia inoperante y morosa, y la perspectiva de quedar “marcado” como un sapo, extinguen cualquier posibilidad de luchar contra esta forma de corrupción.
Pero en el atravesamiento ambientalista, como bien lo denuncia Aurelio Suárez en Semana[1], opera también el interés competitivo. Los competidores del promotor del proyecto, sino lo han podido detener o inhabilitar en otras instancias regulatorias o de vigilancia y control, verbigracia en el Ministerio de Minas y Energía, tienen con la ministra o ministro del ambiente una nueva posibilidad de atravesarse para impedir la entrada de un competidor o quedarse con descuento con el proyecto.
Ahora, hay otras fantasías que han puesto de rodillas al país en su propósito de desarrollo. Que tal la de “Camino a cero” del anterior gobierno, que detuvo y descuidó la exploración petrolera y gasífera y “convenientemente” para muchos generadores se abstuvo de hacer subastas de energía de fuentes convencionales para atender desvaríos ambientales, buscar visaje internacional pero, esencialmente, atender la “agenda” empresarial de fabricantes de cacharros (paneles solares y molinos de viento) con los cuales alegaron que llegarían a generar el 35% de la oferta de electricidad del país en 2050.
La agenda de transición energética acelerada de los ambientalistas radicales y los amigos del negocio, resulta que se estrelló contra… ¡los ambientalistas radicales! Al margen de la ironía, los efectos en la crisis energética serán demoledores. Con menos de 5% de ejecución en los proyectos de generación no convencionales, su aporte de por sí pírrico (recordemos que en solar el aporte efectivo es solo del 25% de la potencia declarada) e incierto, le terminará haciendo falta a un sistema que se dejó derivar, intencionalmente y para beneficio de los generadores, a escenarios de escasez (la oferta hoy en día representa solo el 104% de la demanda).
Pero el futuro energético de toda Colombia, como el resto de los componentes de la agenda de desarrollo, se enfrenta además a las perversiones motivadas por abogados escabrosos que, en punible ayuntamiento con comunidades codiciosas, han generado una bonanza de chantajes cuyo objeto son todos nuestros grandes proyectos, esos que pueden asegurar un futuro de bienestar para la mayoría y que terminan sojuzgados por el oportunismo y el abuso disfrazado de la agenda de comunidades instrumentado impunemente mediante las consultas previas.
Lo anterior, como si fuera poco, se agrava con el delirio fanático del cambio climático, la agenda de abandono de los combustibles fósiles y la destrucción de la industria petrolera mediante cargas fiscales adicionales.
La pérdida de autosuficiencia en gas golpeará fuerte los bolsillos de todos los colombianos, agravando la recesión económica en un país impulsado por el consumo y nos colocará, de nuevo, en las fronteras del racionamiento. Fantasías y perversiones nunca cambiaron tanto y tan rápido la realidad.
Enrique Gómez Martínez
[1] https://www.semana.com/opinion/articulo/nexos-discutibles-e-intereses-cruzados-la-trama-de-muhamad-de-greiff-y-hernandez/202400/