El afán del gobierno nacional por acelerar la transición energética, lo que se ha convertido en una obsesión del presidente Petro, lo está llevando a transfor su discurso ideologizado en acciones concretas, como las planteadas en la actual propuesta de reforma tributaria, que buscan afectar la viabilidad y la competitividad del sector minero en Colombia y persiguen materializar su “decrecimiento”, a pesar de la alta demanda global actual de carbón para satisfacer las necesidades de desarrollo y bienestar de los habitantes del planeta. Para los líderes mundiales es axiomático que sólo con crecimiento y desarrollo se puede aliviar la creciente hambruna existente.
Ese empecinado interés del gobierno nacional es displicente con el contexto global y con las conclusiones de expertos en prospectiva energética, quienes nos indican que la demanda de estas fuentes de energía se mantendrá por algunas décadas adicionales, mientras la comunidad de países productores y consumidores crea, en forma coordinada, las condiciones necesarias para una deseable transición gradual que contribuya en forma efectiva a la mitigación del cambio climático y, simultáneamente, garantice la seguridad energética. Nos preguntamos, entonces, ¿por qué y para qué ese afán de actuar aisladamente por parte de un país que solo contribuye con el 0,6% de las emisiones totales de GEI, en un contexto que requiere acciones colectivas simultaneas globales? En un escenario así se puede vaticinar que ese podría ser un esfuerzo inútil, que en nada contribuirá al propósito planteado. Por el contrario, sí afectará la economía y el bienestar de sus habitantes, especialmente de La Guajira y del Cesar.
Han transcurrido ya varias semanas desde que se presentó la propuesta original de la reforma tributaria con la que del gobierno pretende recaudar alrededor de $25 billones de pesos. Luego de las discusiones que se han dado en audiencias públicas en varias regiones del país, en las que se han concertado algunos ajustes en algunos sectores, hasta el momento, la ponencia que está próxima a presentarse para su posible debate y aprobación final por parte del Congreso de la República, aún mantiene incrementos tributarios que afectarían seriamente a los dos sectores que más recursos económicos entregan a la economía nacional: la minería del carbón y la industria del petróleo. Pareciera no importarle al gobierno que el sector minero ya es uno de los sectores más gravados del país.
Según los más recientes anuncios del Ministerio de Hacienda, el proyecto de reforma tributaria incluye una sobretasa al impuesto de renta de 5 puntos porcentuales y 20 puntos porcentuales como impuesto a las exportaciones. Con respecto a este último, se trata de un impuesto sobre el ingreso y no sobre las utilidades. Esta posición del gobierno es claramente violatoria de los tratados de libre comercio vigentes en el país y sobrepasa la capacidad contributiva de las empresas.
El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, ha advertido que con los cambios que pretende implementar el gobierno con la reforma, el sector minero estaría aportando el 48% del recaudo total, evidenciando así una recarga tributaria excesiva en un solo sector. Adicionalmente, indicó que con esa reforma la tributación efectiva de la industria minera pasaría de 67.9% a 90.1%, poniendo en alto riesgo la viabilidad del sector minero colombiano, las potenciales inversiones futuras y la estabilidad de 750.000 familias que, directa e indirectamente, obtienen su sustento de este sector. Con estas condiciones tributarias, lo más probable es que los inversionistas buscarán otros países mas favorables en los cuales podrán continuar sus proyectos mineros.
Dada la gran incidencia de las operaciones de Cerrejón en La Guajira, a la que como parte del sector de minas y canteras contribuye con el 46% de su PIB, la mencionada reforma tributaria finalmente también tendrá potenciales impactos negativos en su frágil economía.
Es muy conveniente y necesarísimo que todos los guajiros, nativos y adoptivos, incluyendo los senadores y representantes a la cámara que tienen la responsabilidad de revisar y aprobar este proyecto de reforma tributaria, reflexionemos seriamente sobre el futuro de la economía de este territorio y su contribución a la economía del país, en el corto y mediano plazo, si Cerrejón se vuelve inviable. Por ejemplo, como reemplazaríamos los beneficios que genera esta importante empresa y que se resumen en los siguientes hechos y datos, solo del año 2021: Mas de 11.000 empleos de calidad, entre directos y contratistas -sin incluir los encadenamientos productivos-; inversiones sociales por más de 20.000 millones de pesos; pago de regalías por 383.000 millones de pesos y 1,38 billones de pesos generados por el impuesto sobre la renta; y más de 39.000 millones de pesos pagados en impuestos locales y regionales. En 2022, todas estas cifras van a ser mucho mayores debido a los precios del carbón y a la mayor ejecución de proyectos sociales por parte de la empresa.
Estas son evidencias poderosas de los grandes beneficios que genera el sector de la minería para las regiones y el país. Por eso mismo, más que afectar e intentar decrecer este sector, se deben implementar estrategias gubernamentales para fortalecerlo. En ese sentido, también es importante, continuar el proceso para adjudicar las áreas carboníferas de La Jagua y Calenturitas (devueltas por Prodeco).
Necesitamos apoyar al sector y asegurar que la reforma tributaria no se convierta en una espada que amenace la sostenibilidad de estas empresas ni la estabilidad de miles de puestos de trabajo en Colombia, pero especialmente en La Guajira y el Cesar.
Álvaro López Peralta