Colombia se prepara para un evento político de gran relevancia: la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro. Este mecanismo de participación ciudadana, contemplado en la Constitución Política de 1991, busca que los colombianos decidan directamente sobre temas clave, como las reformas laboral y de salud, tras los bloqueos legislativos en el Congreso. A continuación, exploramos en qué consiste esta consulta, su contexto, las preguntas propuestas, los retos y las implicaciones para el país.
La consulta popular es un instrumento de democracia directa regulado por los artículos 103 a 105 de la Constitución Política y la Ley 134 de 1994, complementada por la Ley 1757 de 2015. Permite que los ciudadanos expresen su opinión sobre asuntos de trascendencia nacional, departamental o municipal mediante un voto en las urnas, respondiendo con un «sí» o un «no» a preguntas claras y específicas. A diferencia de un referendo, que aprueba o deroga normas, o un plebiscito, que busca respaldo a decisiones políticas, la consulta popular no modifica leyes directamente, pero sus resultados son vinculantes si se alcanza el umbral de participación requerido. Para que una consulta sea válida, debe participar al menos un tercio del censo electoral (aproximadamente 13.6 millones de votantes, según los 40.9 millones habilitados en 2025). Además, para que una pregunta sea aprobada, el «sí» debe obtener más de la mitad de los votos válidos (mínimo 6.8 millones). Una vez aprobada, el Congreso tiene la obligación de implementar las decisiones en el mismo período de sesiones o, a más tardar, en el siguiente. Si no lo hace, el presidente puede emitir un decreto con fuerza de ley dentro de los 15 días posteriores.
La consulta popular de 2025 surge como respuesta a los reiterados obstáculos que han enfrentado las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, especialmente la reforma laboral y la de salud. El 11 de marzo de 2025, la Comisión Séptima del Senado archivó la reforma laboral, un proyecto que buscaba mejorar la estabilidad laboral, reducir la precarización, fortalecer la seguridad social y regular la tercerización. Este revés llevó al presidente Petro a anunciar una consulta popular, argumentando que «es al pueblo al que le toca decidir» frente al «bloqueo institucional» del Legislativo. El gobierno también ha enfrentado críticas por la reforma a la salud, que busca reducir la intermediación de actores privados y fortalecer el rol del Estado. Ante la dificultad para avanzar en el Congreso, Petro ha apostado por la participación ciudadana como una herramienta para legitimar su agenda de cambio y presionar al Legislativo.
El Ministerio del Interior, liderado por Armando Benedetti, lanzó el 7 de abril de 2025 la plataforma ‘Consulta Digital’, un aplicativo diseñado para que los colombianos propongan preguntas y aporten ideas para la consulta popular. Esta herramienta busca garantizar la inclusión, permitiendo la participación desde las grandes ciudades hasta las zonas rurales, conocidas como la «Colombia profunda». Además, incluye una sección para que los ciudadanos contacten directamente a sus senadores, instándolos a apoyar el mecanismo. El ministro Benedetti ha enfatizado que la consulta «va, sí o sí», y el gobierno ha promovido movilizaciones, como la convocada para el 1 de mayo de 2025, para generar apoyo popular. Sin embargo, sectores de la oposición han cuestionado la iniciativa, argumentando que podría ser una estrategia electoral de cara a las elecciones de 2026 o incluso una «mini reelección» de Petro, según palabras del propio Benedetti.
La consulta popular enfrenta varios desafíos, tanto jurídicos como políticos: Aprobación en el Senado: El gobierno debe presentar las preguntas al Senado, que tiene 20 días (prorrogables por 10 más) para pronunciarse sobre su conveniencia. Se requieren 53 votos de los 108 senadores para aprobarla. Si el Senado no se pronuncia, la consulta se considera aprobada automáticamente. Sin embargo, partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical han anunciado su oposición, mientras que el Pacto Histórico y aliados como Comunes y la Alianza Verde buscan consolidar apoyos. Umbral de Participación: Con un censo electoral de 40.9 millones, la consulta necesita 13.6 millones de votantes para ser válida. Este umbral es un obstáculo significativo, como se vio en la consulta anticorrupción de 2018, que no lo alcanzó pese a obtener 11.6 millones de votos. Petro enfrenta el reto de movilizar a más votantes que los 11.2 millones que lo eligieron en 2022.
La Registraduría Nacional estima que la consulta podría costar alrededor de 700,000 millones de pesos, similar a una elección presidencial, aunque Benedetti sostiene que sería inferior a 300,000 millones. La financiación sigue siendo un punto de incertidumbre. Dudas Jurídicas: La Corte Constitucional podría revisar las preguntas si se presentan demandas, asegurándose de que sean claras, no sugieran respuestas y no violen la Constitución. Algunos expertos, como el exmagistrado Alejandro Linares, han cuestionado si la consulta busca respaldar la agenda del gobierno más que ofrecer opciones equilibradas. Además, la instalación de comités ciudadanos antes del decreto de convocatoria ha generado críticas por posibles violaciones a la Ley 1757 de 2015. Polarización Política: La consulta se desarrolla en un contexto preelectoral, con las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 en el horizonte. Algunos analistas, advierten que podría agudizar la ruptura entre el Ejecutivo y el Legislativo, llevando a un «callejón de ingobernabilidad». Otros temen que la oposición promueva la abstención para que la consulta fracase, como ocurrió en consultas previas.
Para Colombia La consulta popular representa una apuesta arriesgada pero significativa para el gobierno de Petro. Si logra el respaldo ciudadano, podría fortalecer su proyecto político y obligar al Congreso a aprobar las reformas, consolidando su legado como el primer presidente de izquierda del país. Además, sentaría un precedente para el uso de mecanismos de participación directa en la toma de decisiones. Sin embargo, un fracaso en alcanzar el umbral o una derrota en las urnas podría debilitar su liderazgo y dar fuerza a la oposición de cara a 2026. La consulta también pone a prueba la capacidad del gobierno para movilizar a la ciudadanía y superar la apatía electoral, un desafío histórico en Colombia.
La consulta popular de 2025 es más que un mecanismo para revivir las reformas laboral y de salud; es un ejercicio de soberanía popular que busca redefinir el papel de la ciudadanía en la democracia colombiana. Con la plataforma ‘Consulta Digital’, las 12 preguntas propuestas y las movilizaciones previstas, el gobierno de Gustavo Petro apuesta por un modelo de gobernanza más participativo. No obstante, los retos jurídicos, políticos y logísticos serán determinantes para su éxito. En un país polarizado, la consulta podría ser tanto una oportunidad para el cambio como un punto de inflexión hacia mayores tensiones políticas. Lo cierto es que, como afirmó Petro, “este es el pueblo que manda”, y será en las urnas donde se escriba el próximo capítulo de esta historia.
Antonio Pinzón