En la Región Caribe aprendimos que las antorchas no solo iluminan el camino en la oscuridad: también encienden la dignidad de un pueblo. La eliminación definitiva del régimen tarifario especial que durante años exprimió los bolsillos de millones de familias en Atlántico, Magdalena, Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba y La Guajira no fue un regalo del poder: fue el resultado de una lucha cívica y colectiva, liderada desde abajo.
Esta historia comenzó con marchas, reclamos ciudadanos, debates técnicos, acciones judiciales, Foros, y años de resistencia. Desde Riohacha hasta Montería, voces dispares se unieron en un clamor común: ¡No más abusos en las tarifas de energía!
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) acató por fin una acción popular interpuesta por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, y coadyuvada por la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos y los Frentes Amplios del Caribe, desmontando así el régimen discriminatorio impuesto en 2019. Con esta decisión, se eliminan cobros como el 20% adicional por AOM, recargos por pérdidas no técnicas y 300 puntos de cartera, que castigaban especialmente a los usuarios de Air-e. Solo para esta empresa, la rebaja es de $54 por kilovatio hora, lo que representa un alivio de $282 mil millones anuales. Y para Afinia, otros $114 mil millones en ahorro.
Pero este logro fue un ejercicio ejemplar de unión regional:
En Atlántico, la voz infatigable de Norman Alarcón, referente histórico de la Liga de Usuarios.
En Bolívar, Humberto Mendoza lideró el movimiento ciudadano desde Cartagena.
En Cesar, Aníbal Barros no se rindió nunca ante los abusos de Afinia.
En Magdalena, Armando Portela consolidó alianzas con universidades y jóvenes líderes.
En Sucre, Yamil Cárdenas caminó vereda a vereda explicando a la gente su derecho a reclamar. En Córdoba, Yury Begambre convirtió la indignación en acción.
En La Guajira, Emilsa Rojas y Felipe Rodríguez, vocales de control de servicios públicos, ediles, resistieron, y los personeros llevaron la lucha a los estrados judiciales.
Nadie luchó solo. Estudiantes, sindicatos, medios regionales, presidentes de juntas de acción comunal, profesores, líderes indígenas y comerciantes formaron un tejido social resiliente. La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en cabeza de Javier Gaviria, de la cual formo parte, y los Frentes Amplios del Caribe fueron piezas clave para cohesionar esta movilización.
Esta no es solo una victoria tarifaria; es una reivindicación moral. Es la prueba de que la ciudadanía organizada puede cambiar las reglas del juego. Es el recordatorio de que la justicia social comienza por la factura de la luz.
Hoy celebramos, sí. Pero también advertimos: el sistema eléctrico del Caribe sigue en crisis. La infraestructura está obsoleta, Air-e atraviesa una grave situación financiera y el gobierno aún no aporta los recursos necesarios para modernizar el servicio ni respalda con decisión a las empresas intervenidas. La transición energética será una promesa vacía si no se garantiza un acceso justo, confiable y con tarifas sostenibles para todos los hogares del Caribe.
Este logro es significativo, pero aún queda un largo camino por recorrer. Seguiremos con atención cada decisión, cada política, cada inversión que comprometa el bienestar de nuestros territorios. Necesitamos inversiones estructurales que fortalezcan la soberanía energética de nuestra región. En ese sentido, la culminación del proyecto de la represa del Río Ranchería es una prioridad estratégica que no admite más dilaciones. Esta obra, abandonada por años, no solo garantizaría agua potable y riego para La Guajira, sino que permitirá la generación de energía hidroeléctrica limpia, sumando más de 13.000 megavatios al sistema interconectado nacional.
Su finalización representa una pieza clave para la diversificación energética del Caribe colombiano, que tiene el potencial de convertirse en potencia energética de Colombia, articulando fuentes hidráulicas, solares, eólicas y térmicas. La transición energética no puede ser solo una narrativa; debe traducirse en infraestructura, justicia tarifaria y oportunidades para las comunidades que históricamente han sostenido este país y recibido muy poco a cambio.
Juana Cordero Moscote