La situación energética en la Costa Caribe de Colombia ha llegado a un punto crítico que no podemos seguir ignorando. Las recientes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y la empresa de servicios públicos Air-e no solo son insuficientes, sino que también representan una bofetada a millones de ciudadanos que luchan diariamente contra tarifas exorbitantes y un servicio deficiente. Hoy, más que nunca, debemos unirnos para exigir una verdadera justicia energética. La Costa Caribe no puede esperar más.
Recientemente, el Gobierno Nacional y Air-e han implementado los llamados «Períodos de Continuidad» (PC), que limitan el suministro de energía en nuestros hogares. Estos periodos, presentados bajo el pretexto de mejorar la gestión del servicio, son en realidad una forma de castigo colectivo. Los ciudadanos no deben ser responsables de los déficits de recaudo ni de las ineficiencias de la empresa prestadora de servicios. Es indignante que se nos imponga la carga de financiar y gestionar áreas de difícil acceso y barrios subnormales. Esta es una tarea que corresponde al Estado Central y a las empresas, no a los ciudadanos ya golpeados por la pobreza y el desempleo.
Air-e ha ofrecido una suspensión temporal de estos Programas de Continuidad, siempre y cuando cumplamos con metas de recaudo y ahorro. Esta condición es un claro chantaje, una manera de obligarnos a aceptar condiciones inaceptables bajo la amenaza de volver a una situación aún peor. Cómo es posible que una empresa privada tenga tal poder sobre nuestras vidas y nuestras comunidades. Los alcaldes necesitan la fuerza de una ciudadanía informada, unida y cohesionada ahora más que nunca, ojalá y ahora si entiendan que es el único camino que tenemos.
El Ministerio de Minas y Energía ha propuesto deflactar los precios de los contratos bilaterales de energía para corregir la inflación artificial de los años 2021 y 2022. Aunque esto podría aliviar temporalmente nuestra carga, es solo un paliativo que no aborda las causas profundas de nuestra crisis energética. Necesitamos soluciones estructurales, inversiones en infraestructuras adecuadas y una visión a largo plazo para garantizar tarifas justas y un servicio eficiente.
El compromiso del Ministerio de Minas y Energía de gestionar el pago de los subsidios causados a los operadores de red es una obligación que ya debería haberse cumplido hace mucho tiempo. Sin embargo, estos subsidios no deben ser una excusa para que las empresas continúen operando sin mejorar el servicio y sin asumir su responsabilidad por años de negligencia y abusos.
La Costa Caribe posee una abundancia de recursos naturales, como gas, carbón y vientos continuos en la Alta Guajira. Además, la represa del Río Ranchería tiene un inmenso potencial de generación de energía, pero ha sido tristemente abandonada. Es hora de que reclamemos nuestra soberanía energética y exijamos inversiones en energías renovables y en la modernización de nuestras infraestructuras, pero sobretodo que se derogue el régimen especial tarifario para la Costa Caribe. Solo así podremos liberarnos de la dependencia de empresas privadas que han demostrado ser incapaces de cumplir con sus responsabilidades.
El presidente Gustavo Petro y su administración deben adoptar una postura más firme y decidida frente a esta crisis. No podemos seguir soportando una carga financiera tan pesada, especialmente en medio de un sofocante calor y condiciones de vida difíciles. La Costa Caribe posee el potencial para ser una región líder en energía, y es hora de que utilicemos nuestros recursos naturales en beneficio de nuestras comunidades.
No podemos permitir que estos acuerdos sean la última palabra. La ciudadanía de la Costa Caribe ha demostrado una capacidad de resistencia admirable, pero no podemos seguir pidiéndoles que soporten más. Hago un llamado urgente a todos los ciudadanos, autoridades locales y representantes en el Congreso. Unámonos en la exigencia de una solución justa y equitativa a nuestra crisis energética. Exijamos tarifas justas, un servicio eficiente y una vida digna para todos.
Juntos, podemos construir un futuro en el que la región Caribe no solo tenga suficiente energía, sino que también sea un modelo de gestión energética eficiente y justa para todo el país. La hora de actuar es ahora.
Juana Cordero Moscote
Buen analisis, pero debemos ser senatos, mirntras el estado busca utilidad social, la empresa privada busca un utilidad economica, debemos entender que ellos no trabajen a perdida y solo son operadores del servicio, las privatizaciones el servicio de energia fueron un msl invento, fuimos conejillo de indias por que ni Bogota, Medellin o Cali permitieron eso a pesar que tambien quisieron hacerlo, ya lo habiamos vivido con el agua que se privatizó primero y nada pasó, reversar ese proceso ahora es muy costoso, pero no creo que haya forma distinta de mejorar calidad de servicio y tarifas, a Aire y Afinia solo les sirve mostrar utilidad financiera a sus socios , pensar que esas empresas cedan a la presion ciudadana es iluso, a ellas les interesa quitar el servicio en horas que el.costo del kllovatio en bolsas sea alto, por eso siempre van a programar racionamientos, mucho menos van a reducir tarifas que es lo que les da rentabilidad.
No hay estímulo a la inversión sin un sistema de energía confiable y accesible. La misma legislación hace costosos los cambios al sistema alternativo. Para instalar paneles solares en empresas obligatoriamente se debe normalizar el servicio en el inmueble con centro de control eléctrico y entre instalar un transfornador o contador industrial es toda una tramitología costosa.