En mayo y octubre del año pasado sugerí al gobierno nacional, a través de estas columnas de opinión, activar un programa de inversión pública para incentivar la producción de alimentos de la canasta básica familiar con el fin de afrontar la crisis global alimentaria debilitada por el Covid-19, el cambio climático, los altos precios de los commodities minero-energético y una guerra entre Rusia y Ucrania, que nos tomó por sorpresa.
Era un simple ejercicio de planeación estratégica entre los ministerios de Agricultura, Comercio e Industria, DNP y Hacienda, para amortiguar el impacto del costo de vida y la inflación, garantizar la oferta de alimentos y la seguridad alimentaria a 50 millones de colombianos y de paso, exportar algunos excedentes, aprovechando el “Superciclo” de precios de los commodities agrícolas a nivel mundial. Desafortunadamente, el gobierno no atendió mis sugerencias y hoy, tenemos una inflación por encima del 9% y un PIB agropecuario del -2.5%, pasándole la factura y a más del 40% de los colombianos comiéndose escasamente dos platos de comida al día.
Lo preocupante de este asunto, es que, en el segundo semestre de este año, el impacto económico en el bolsillo de los colombianos va a ser peor. La poca existencia de distritos de riego, baja cobertura de crédito agropecuario, el alto costo de los fertilizantes y la falta de un sistema de cobertura o seguro de precios mínimos de las cosechas (como existió con el extinto IDEMA), hizo que muchos agricultores redujeran sus áreas de siembras por temor a una reducción de sus rentas. Claramente, las áreas que se dejaron de sembrar en abril y mayo, obligan a una importación de esos productos en agosto y septiembre a precios fletes de transporte marítimo más costosos y con un dólar por encima de los 4.000 pesos.
Para ponerlos en contexto. Si el gobierno hubiese incentivado en abril la siembra mecanizada de unas 500 mil hectáreas de maíz amarillo y 300 mil de soja, en los departamentos del Meta, Valle del Cauca, Caldas, Tolima y Córdoba con un paquete de creditos blandos y un subsidio a la cobertura de precio, la industria de los alimentos balanceados hubiese reemplazado la importación de unas 4 millones de toneladas, reduciendo esos costos extras de logística de transporte y portuarios, permitiendo una estabilización del precio de los huevos y las carnes de pollo, cerdo y bovina. Pero como dijo el expresidente estadounidense Dwight D. Eisenhower, “la agricultura se ve fácil cuando el arado es un lápiz y se está a mil millas del campo de maíz”
La catástrofe alimentaria global que se avecina por causa de la guerra entre Rusia y Ucrania, la alarmante ola de calor en la India, el atraso de las lluvias en China y las largas temporadas de sequía en el cinturón de trigo de Estados Unidos, la región francesa de Beauce y el Cuerno de África, es una situación que obliga al gobierno a tomar medidas de carácter urgente. Más de una quinta parte de todas las exportaciones de fertilizantes están restringidas. Si el comercio se para, no tendremos como producir alimentos y lógicamente vendrá una hambruna.
Quedan nuevamente notificados.
Indalecio Dangond