En Riohacha, la capital de La Guajira, miles de estudiantes llevan semanas sin clases. No se trata de una pausa pedagógica ni de una decisión consensuada, sino de una crisis que desnuda la desidia administrativa y la falta de compromiso con la educación pública. La ausencia de transporte escolar y del Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha paralizado el sistema educativo, dejando a más de 50,000 niños, niñas y adolescentes sin acceso a un derecho fundamental. Esta situación, lejos de ser un inconveniente pasajero, es un reflejo de problemas estructurales que exigen soluciones urgentes.
El transporte escolar es una necesidad crítica en un distrito donde muchas comunidades, especialmente en zonas rurales e indígenas, están alejadas de las instituciones educativas. Sin este servicio, estudiantes de corregimientos como Mayapo, Camarones o Punta Espada enfrentan caminatas largas y peligrosas, o simplemente no asisten a clases. En 2022, un estudiante de la zona rural fue atropellado mientras intentaba llegar a su escuela, un trágico recordatorio de las consecuencias de esta carencia. A pesar de las protestas, bloqueos de vías y promesas de las autoridades, el problema persiste. En 2025, la situación no ha mejorado: los recursos para el transporte escolar siguen siendo insuficientes, y los procesos de contratación, lentos o inexistentes.
Por otro lado, el PAE, diseñado para garantizar una alimentación básica que incentive la permanencia escolar, es otro pilar que brilla por su ausencia. Más de 30,000 estudiantes en Riohacha no han recibido este complemento alimentario desde el inicio del calendario escolar, el 3 de febrero de 2025. Para muchas familias en situación de vulnerabilidad, el PAE no es solo un apoyo; es la única comida segura que sus hijos reciben al día. La Alcaldía de Riohacha ha recibido recursos significativos —$35,000 millones en 2025, según el Ministerio de Educación—, pero la contratación del programa ha sido declarada desierta en dos ocasiones por fallos administrativos. Este retraso no solo afecta la nutrición de los estudiantes, sino también su rendimiento académico y su motivación para asistir a clases.
La indignación de la comunidad educativa es palpable. Docentes, padres de familia y estudiantes han salido a las calles, bloqueando vías como la de La Florida y Mayapo, y han iniciado paros indefinidos que, a mayo de 2025, cumplen más de 15 días. La Asociación de Trabajadores de la Educación en La Guajira (Asodegua) y la Unión Sindical de Directivos de la Educación (USDE) han denunciado no solo la falta de transporte y PAE, sino también la carencia de docentes, personal de aseo, vigilancia y agua potable en las escuelas. Estas condiciones precarias han llevado a Riohacha a un estancamiento educativo, con resultados en las Pruebas Saber que reflejan el abandono institucional.
La Alcaldía, encabezada por el alcalde Genaro Redondo, ha argumentado dificultades administrativas, como problemas con el software financiero o la necesidad de más recursos para el segundo semestre. Sin embargo, estas excusas no justifican la inacción. Los recursos están disponibles, y las directrices del Ministerio de Educación son claras. Lo que falta es voluntad política, capacidad de gestión y, sobre todo, un compromiso real con los derechos de los niños. La Procuraduría General de la Nación ha abierto investigaciones disciplinarias contra funcionarios de la Alcaldía por no garantizar el PAE, pero estas medidas, aunque necesarias, llegan tarde para los estudiantes que ya han perdido semanas de clases.
Es inaceptable que, en un país que se jacta de avanzar hacia la equidad, la educación de miles de niños en Riohacha esté en jaque por problemas que son, en esencia, evitables. La educación no es un lujo; es un derecho constitucional que debe priorizarse. La Alcaldía de Riohacha debe agilizar los procesos de contratación, garantizar el transporte escolar y el PAE, y responder con transparencia a los requerimientos de la comunidad y los entes de control. El gobierno nacional, por su parte, debe reforzar la asistencia técnica y la vigilancia para evitar que estas crisis se repitan.
A los niños de Riohacha se les está robando su presente y su futuro. Cada día sin clases es una oportunidad perdida para aprender, crecer y soñar. La sociedad guajira no puede seguir normalizando este abandono. Es hora de que las autoridades actúen con la urgencia que la situación demanda y devuelvan a los estudiantes lo que les pertenece: una educación digna y sin interrupción.
Antonio Pinzón