El debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, y las recientes declaraciones del comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro en contra de un candidato a la Presidencia parecen poner de manifiesto que la supremacía del control civil sobre el militar ha sido sustancialmente erosionada en Colombia. En esa misma dirección ha quedado en el ambiente una sensación predominante y dolorosa: la de que algunos sectores políticos subvaloran los derechos fundamentales de la población campesina de nuestro país y están dispuestos a justificar actos recurrentes de violencia contra ella
En un estimulante artículo del historiador militar norteamericano Richard Kohn llamado: How Democracies Control the Military, este considera que el control sobre las Fuerzas Armadas por parte de funcionarios civiles elegidos por el pueblo es fundamental en una democracia. Para ello el principal requisito es que esta tradición apuntó a que los cuerpos oficiales armados sean políticamente neutrales y se prevenga así cualquier posibilidad de intervención militar en la vida política.
El control civil permite que una nación base sus valores, instituciones y prácticas en la voluntad popular y no en las opiniones de los líderes militares, cuya perspectiva, por definición, se centra en la necesidad del orden interno y la seguridad externa. El Ejército es, por necesidad, una de las instituciones menos democráticas en la experiencia humana. Las costumbres y procedimientos marciales chocan por naturaleza con la libertad individual y la libertad civil, valores supremos de las sociedades democráticas, afirma Kohn.
En Colombia, sin embargo, lo que parece estar sucediendo es que altos funcionarios civiles y figuras de los sectores políticos afines al Gobierno pretenden alinear ideológicamente a la cúpula militar y llevarla a adoptar posiciones abiertamente partidistas. Ello la estimula a intervenir impunemente en el debate electoral. Esto entraña el riesgo de fracturación entre los miembros de las Fuerzas Armadas con todas sus devastadoras consecuencias sobre el orden político existente. Por ello las democracias maduran, ponen límites a la actuación de los militares mediante un conjunto de reglas y de controles institucionales.
En el debate de moción de censura al ministro de Defensa está en juego nuestra madurez democrática, pues la decisión del Congreso puede constituirse en un invaluable referente en el que el principio de legitimidad y apego a las normas nacionales e internacionales tengan un carácter relevante en las actuaciones militares frente a la población civil. También puede convertirse en un precedente funesto en el que estos principios sean considerados completamente irrelevantes y se apele a la lógica situacional de las conveniencias políticas coyunturales propia de las dictaduras o de las democracias inmaduras. Frente a esta situación podemos recurrir al pasado como un reservorio de experiencias aprendidas para la democracia. Ello nos lleva de vuelta a las siempre oportunas palabras del presidente Alberto Lleras frente a los militares colombianos en mayo de 1958: “Las Fuerzas Armadas, al transgredir el límite de sus funciones, entran a la política, y la dañan. La dañan simplemente porque nadie las invita a entrar a la política sino con el ánimo de que echen bala por su cuenta, pongan los muertos, destruyan a sus enemigos y defiendan intereses ajenos a las conveniencias generales de la República”.
Weildler Guerra Curvelo