Abunda la congestión de situaciones sobre el tema político, e inunda la mente de quienes no quieren aceptar algunas de las realidades que nuestro sistema establece, dentro del marco de las competencias que la constitución determina para revisar los actos del gobierno.
En el caso actual, bien valiera la pena pedir que mediara una reflexión ex ante sobre las limitaciones que la ley impone a los actos del ejecutivo. El primero de los ejemplos, y para mí el más doloroso, se refiere a La Guajira y la atención que en buena hora ha puesto el presidente Petro sobre la península. Es un tema que recurrentemente está en su mente y eso hace que sea parte primordial de su agenda de gobierno. Lamentablemente, el camino escogido para lidiar con sus seculares problemas no fue el que se acomodara al sistema legal vigente, ya determinado por la Corte Constitucional. No vale la pena quedarse en el cuestionamiento de esos fallos. Ya perdimos un semestre que se hubiera podido usar para reformar las leyes pertinentes, acomodar las disposiciones al caso sui géneris que acumula la persistente mala administración sobre la pobre condición de nuestros wayúu e irnos por el camino institucionalizado y no por la aventura de la experimentación de reformar a las volandas sin tramitar a lo seguro.
Sin embargo, no se justifica llorar sobre la leche derramada. Hay que construir pensando en el futuro, que no da espera en el caso guajiro. No en vano ha traído a colación el tema el presidente Petro en su reunión con algunos de los empresarios más adinerados del país. Y cabe destacar el interés expresado por el grupo AVAL, poderoso en varios sectores de la funcionalidad democrática nuestra desde el lado empresarial. La banca, la construcción, el transporte de gas y otras tantas están dentro del portafolio de actividades que desarrolla este conglomerado.
Contrasta esta actitud participativa con la elusividad de enfrentar el problema en su real dimensión por parte de las empresas que construyen los parques eólicos en terrenos indígenas. En vez de quedarse viendo en solitario la particular negociación para acceder a los territorios específicos, debieron entender que el entorno requiere una mayor coordinación de los tres actores fundamentales en este cambio. Tanto las empresas, como los gobiernos y las comunidades en general deben hablar, en uso de la inveterada costumbre wayúu, para mejorar hacia adelante. Pero que el diálogo no se quede en la forma, que avance hacia resultados hoy. ¿Qué tanto les cuesta incluir en los inmensos presupuestos para el desarrollo de sus proyectos -rondan los COP $14 bm- unos aportes para la atención organizada de esta pobreza inmensa? Están a tiempo de cambiar su estrategia, como lo está haciendo el gobierno, todo en beneficio en el corto plazo de las comunidades guajiras.
La intención de Petro pasaba por el convencimiento, que comparto, de crear una organización aparte para la atención de esta problemática. Lo pasado no ha servido. Han pervertido el manejo de estas competencias y han acrecentado la miseria, sin ningún reato de conciencia. Caminan campantes por entre la multitud de electores que se han enceguecido por tantas promesas y tan pocas realidades de bienestar común.
El camino no era la emergencia. Pero la necesidad se vuelve cada vez más urgente de atender.