Una aproximación a una gestión legislativa consensuada.
La oportunidad histórica de contar con cinco congresistas representa para La Guajira el momento clave para ser protagonista en la agenda del Congreso de la República que se instalará el próximo 20 de julio. Los senadores Alfredo Deluque y Martha Peralta, y los representantes a la cámara Juan Loreto Gómez, Jorge Cerchiaro y Karmen Ramírez, tienen consignado en sus credenciales el mandato ciudadano de los guajiros y guajiras para ser gestores del cambio en el desarrollo de la península. Para cumplir a cabalidad esa misión, deben contar con la colaboración del señor gobernador, los quince alcaldes municipales, gremios, comunidades de base, universidades, medios de comunicación, Cámara de Comercio, dirigentes cívicos y en especial, de aquellos senadores de otras regiones que obtuvieron respaldo del electorado guajiro, entre ellos: Carlos Trujillo (20.578 votos), Efraín Cepeda (6.368 votos), Mauricio Gómez (5.293 votos), José Alfredo Gnecco ( 5.207 votos), Lidio García (4.607 votos), José David Name (4.104 votos), Antonio Correa (3.884 votos) y Didier Lobo (3.640 votos); todos, manifestantes recurrentes de compromisos «logísticos» y del juramento expresivo en su correrías políticas: «trabajaré incansablemente por La Guajira y el bienestar de todos sus habitantes».
La construcción de una agenda legislativa y la gestión parlamentaria debe ser superior a los intereses políticos y proselitistas futuros (elecciones de gobernador y alcalde), y sobre todo, responder a criterios de concurrencia, priorización y coopetencia para crear valor por parte de los actores regionales. La convocatoria para la construcción de la agenda debe recaer en cabeza del gobernador en su función natural de liderar las propuestas de La Guajira durante la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. El resultará será una agenda que no sea contestataria, quejosa y obstinada en la melancolía vespertina de la tierra del olvido, sino por el contrario, una que vaya más allá del desfile de artesanías y «souvenires achinchorrados» en las recepciones oficiales en Riohacha o los saludos apresurados en un rincón del recinto congresional a ministros y a otros altos funcionarios del gobierno de turno.
A nuestro criterio, la agenda parlamentaria debe contemplar temas prioritarios para La Guajira, algunos de los cuales conformaron las propuestas de campaña de los congresistas electos y de algunos aspirantes a la cámara (Alejandro Rutto, Miguel Pitre y Teresa Iguarán, entre otros). La hoja de ruta de nuestros legisladores necesariamente tendrá que contemplar las siguientes temáticas y derroteros:
- Declaratoria del proyecto Ranchería (Distritos de riego y acueducto regional) de interés nacional estratégico dentro del Plan Nacional de Desarrollo y asegurar su financiación en el plan de inversiones.
- Presentar nuevamente el proyecto de ley para la transformación de la Universidad de La Guajira como ente autónomo del orden nacional (retomar el PL-058/2016C). Mediante esta iniciativa se asegura la sostenibilidad financiera de Uniguajira, se fortalece el proceso de acreditación institucional y el mejoramiento de la calidad de sus programas académicos.
- Conformación de una comisión accidental del Congreso para verificar el cumplimiento del Plan de Acción y Seguimiento (PAS) y los resultados del Comité Interinstitucional de seguimiento a las acciones ordenadas por la sentencia T-302 de 2017 y los compromisos establecidos en el CONPES 3499 de 2018, especialmente en materia de seguridad alimentaria, agua potable, salud y nutrición de la población wayúu.
- Control político a la implementación y reglamentación de la Ley 2135 de 2021: Régimen especial para los departamentos y municipios fronterizos. Especial atención han de revestir los siguientes aspectos para su desarrollo normativo:
- Régimen aduanero especial y comercio transfronterizo.
- Distribución de combustibles líquidos en zonas de frontera.
- Zonas de frontera y Unidades especiales de desarrollo fronterizo.
- Planes estratégicos de desarrollo e integración fronteriza.
- Declaratoria de zonas especiales de intervención fronteriza.
- Centro Nacional de Atención en Frontera-CENAF.
- Fortalecimiento y consolidación de capacidades de las entidades territoriales fronterizas.
- Debate político a los resultados de la intervención de la Nación a las competencias territoriales en los sectores salud, educación y agua potable durante el período 2017-2022 y evaluación de la gestión de los administradores temporales.
- Creación del Sistema Nacional de Atención Integral al hambre en comunidades étnicas (SINAÍ), con énfasis en el suministro de agua potable y la seguridad alimentaria para población indígena wayúu de la alta y media Guajira.
- Fortalecimiento de la red pública Hospitalaria de La Guajira y seguimiento al proceso de intervención al Hospital san José de Maicao.
- Inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 de un programa de cierre de brechas de la calidad de educación en los departamentos rezagados en los indicadores del sector (La Guajira, Chocó y departamentos de la Orinoquía y la Amazonía). El programa tendrá como objetivo la profundización en las áreas STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).
- Presentación de dos proyectos de ley vitales para el futuro del municipio de Maicao:
- Creación del Distrito Especial, Fronterizo y Comercia.
- Ley de honores para celebrar el centenario de la fundación de la ciudad.
- Proyecto de Ley para la creación de Mecanismos de Participación Económica (MPEC) para las comunidades étnicas por la generación, distribución y comercialización en sus territorios de energías renovables provenientes de fuentes no convencionales (FNCER): biomasa, aprovechamientos hidroeléctricos, eólica, geotérmica, solar, mareomotriz y el aprovechamiento energético de residuos.
- Proyecto de ley para la generación de beneficios temporales que estimulen el desarrollo económico, físico y social de los municipios fronterizos receptores de población migrante venezolana.
- Gestión para garantizar el cumplimiento de la Sentencia SU-245 de 2021 mediante el cual se ordenó al Ministerio de Educación la definición de un Sistema transitorio de equivalencias, que permita a los etnoeducadores que han sido nombrados en propiedad, gozar de los derechos propios del escalafón docente (emolumentos, prestaciones sociales, vacaciones y otros aspectos similares). Además, se exhortó al Congreso de la República adopten la normativa que respete los estándares y principios logrados, y además, avance en torno al Sistema Educativo Indígena Propio, en el marco del principio de progresividad de las facetas prestacionales de los derechos fundamentales.
La diversidad de los partidos y vertientes ideológicas de los miembros de la bancada guajira y la convergencia con senadores con arraigo electoral en nuestro departamento aseguran un buen nivel de interlocución para sacar adelante la «Agenda Común» con cualquiera de los candidatos presidenciales que resulte elegido para el período 2022-2026. Lo anterior, aunado al concurso de las fuerzas vivas del departamento deben imprimirle una nueva dinámica de desarrollo a un territorio sediento de progreso.
Los actores políticos e institucionales del orden nacional deben tener presente que el consenso regional de la Agenda común y su gestión en Bogotá apunta a romper el concepto lampedusiano acuñado por los últimos gobiernos, quienes desde la fría capital acudieron al sofisma del cambio ficticio para engañar a la Majayut guajira con la recurrente promesa: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”. Pues, señoras y señores congresistas, llegó la hora de demostrar que todo ha cambiado, en especial el trabajo y el amor de ustedes por su tierra y la voluntad política de los tomadores de decisiones que se sienten y se sientan 2.600 metros más cerca del cielo.
Arcesio Romero Pérez
Escritor afrocaribeño
Miembro de la organización de base NARP ASOMALAWI