Confieso que aunque no lo conozco personalmente, en su momento me generó buenas expectativas la noticia de su designación como al gerente especial para La Guajira, tal vez por sus antecedentes como viceministro de salud y alcalde del distrito de Riohacha. Además, su cercanía política e ideológica con el presidente Petro hacían prever que tendría todo el apoyo necesario, tanto logístico como presupuestal, de todo el andamiaje del gobierno nacional para cumplir el enorme reto de gestionar y coordinar soluciones a la crisis humanitaria generada por las incesantes muertes de las niñas y niños indígenas wayuu, causadas por la desnutrición y por la deficiente atención de salud que sufren en este territorio.
Luego del anuncio de su honrosa designación, realizado con alto perfil mediático por parte del consejero presidencial para las regiones, Luis Fernando Velasco -ahora ministro del Interior-, el médico y político de izquierda Luis Gómez Pimienta asumió las responsabilidades asignadas varias semanas después, debido a algunos inconvenientes relacionados con el cargo o las funciones a desempeñar como parte de la estructura administrativa de la Consejería presidencial para las Regiones. Pareciera que esa demora fue un mal presagio y una señal inequívoca anticipada de lo que estaría ocurriendo meses después: ocupa un cargo de “Gerente Especial” sin equipo de trabajo o colaboradores que le reporten directamente y le ayuden a planificar y monitorear el logro de los objetivos propuestos, sin presupuesto de gastos, sin infraestructura logística y sin capacidad de liderazgo institucional. En resumen, el esperado apoyo del gobierno Petro no se ha evidenciado con hechos concretos hasta ahora.
En su momento el consejero presidencial Velasco alimentó las ilusiones de los habitantes de La Guajira al afirmar: “Queremos que esta crisis humanitaria llegue a su fin. La muerte de un solo niño para nosotros es una tragedia, no son solamente cifras”; sin embargo, las cifras son contundentes y demuestran que el gobierno Petro sigue fracasando. La información conocida indica las aterradoras cifras de 85 menores fallecidos en 2022, mientras que solo en lo que va corrido de este año 2023 han sido reportados 40 fallecimientos adicionales por las mismas causas.
El mismo gerente especial para La Guajira, Luis Gómez Pimienta, se pronunció recientemente a través de la reconocida emisora nacional La W y se quejó de que ni siquiera tiene los recursos necesarios para poder atender casos identificados que requieren atención urgente de la población wayuu en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. Hizo énfasis en que su labor “Ha sido un trabajo de conciencia y de solidaridad. No tenemos presupuesto propio, ni oficina. Todo lo hemos hecho con aliados. Hicimos un trabajo de campo epidemiológico de base la zona de Manaure donde hay más 3.000 o 3.400 niños y donde se muere uno cada semana. Allá llevamos 66 días sin un solo niño muerto”.
No obstante, no manifestó nada con respecto a las acciones correctivas que se hayan realizado con las muchas otras comunidades del extenso territorio peninsular, ni conoce las gestiones que hayan realizado en este territorio otras entidades del Estado, cuando su rol como Gerente Especial implica que por lo menos debería conocerlo. Por el contrario, complementó sus declaraciones con una fatídica y desafortunada expresión: “Se van a seguir muriendo los niños, el Estado tiene que corregirlo”.
Lamentablemente tiene razón el señor Gómez Pimienta, pues mientras se siga actuando de la misma manera ineficaz como se ha actuado hasta ahora, tanto por parte del gobierno nacional como por parte de los gobernantes y las entidades territoriales involucradas, no se pueden esperar resultados diferentes.
Es evidente no ha existido un claro y fuerte liderazgo, con la capacidad de influenciar y coordinar en forma efectiva las acciones de las diferentes entidades involucradas, con foco en la ejecución de en un plan de acción estructurado y medible.
Esta experiencia que se ha tenido con la figura de la Gerencia Especial ha sido ineficaz -en cuanto no ha producido los resultados esperados- para las comunidades Indígenas de La Guajira. Los hechos son tozudos. Si se quieren resultados diferentes es necesario contar con un liderazgo sólido, con valores éticos y con la voluntad política y social, apoyado en un enfoque étnico, que permita asegurar la sostenibilidad de todas las intervenciones estatales y territoriales, garantizando la participación y un diálogo fluido con las autoridades legítimas de las comunidades wayuu.
Indudablemente es un reto exigente. Es evidente la necesidad de rectificar el camino recorrido, para emprender uno nuevo lo más pronto posible con el firme e insoslayable propósito de lograr los resultados satisfactorios que todos esperamos.
Álvaro López Peralta