Hoy escribo desde lo más profundo de mi corazón de mujer, madre y guajira. Lo hago con la certeza de que la historia que estamos escribiendo no es menor: es un antes y un después en la política de Colombia. Porque no se trata de un favor ni de una concesión, sino del reconocimiento de una verdad incómoda: la violencia política contra las mujeres ha sido una de las formas más invisibles y más crueles de nuestra democracia incompleta.
Desde hace décadas, mujeres que decidieron ponerse la política al hombro han sido objeto de burlas, amenazas, manipulación económica, acoso digital, violencia simbólica, exclusión e invisibilización. No es postureo decirlo: es reconocer que ser mujer en política ha implicado pagar un precio que muchos no conocen ni dimensionan.
La Ley 2453 hace algo urgente: tipifica esas violencias (psicológica, simbólica, económica, digital, vicaria). Exige a los partidos ajustar sus estatutos; crea la presunción de riesgo extraordinario para mujeres que denuncien; obliga a las autoridades electorales a responder sin dilaciones. No es asistencia. Es garantía democrática.
Pero las leyes solo toman carne cuando se bajan al suelo. En La Guajira, donde las voces femeninas han sido relegadas durante demasiado tiempo, esta ley debe convertirse en herramienta viva. Propongo que en nuestra tierra se cree un observatorio ciudadano que acompañe casos, genere informes públicos, visibilice victorias y denuncias, y brinde protección real a las mujeres que se animen a estar en la arena política.
Quiero destacar en esta coyuntura a Jennifer Pedraza Sandoval, representante a la Cámara por Bogotá, economista y defensora férrea de los derechos de las mujeres y la juventud. Jennifer no viene de la política tradicional: viene de la universidad pública, del activismo estudiantil, y desde ahí asumió riesgos. Fue vocera nacional en el movimiento estudiantil, defensor de la financiación digna de la educación pública y promotora de leyes que tocan lo que duele: equidad, feminismo, derechos sociales.
Jennifer ha enfrentado críticas duras, ha sido señalada y objetada. Pero su valor reside en no retroceder cuando muchos prefieren callar. Su trayectoria nos recuerda que la política no está reservada para quienes conocen las reglas del poder, sino para quienes se atreven a transformar desde la periferia.
En el debate de esta ley, su voz suma. Nos muestra que numéricamente no basta: necesitamos que más mujeres como ella estén acompañando la construcción, la veeduría y la exigencia de que la Ley 2453 no quede en letra muerta.
No es una batalla de mujeres contra hombres. Es el momento de reconstruir la política como un terreno incluyente. No más silencios obligados. No más intimidación como estrategia política.
A Lilia Avella, María Camila Tovar, Alexandra Gómez Valek y Brenda Jiménez les digo: esta ley que hoy celebramos es también su herramienta. Pero depende de nosotras que tenga impacto real.
Como madre, guajira y mujer, sueño con un territorio donde mis hijas no tengan que elegir entre participar y ser castigadas. Donde una mujer aspirante no tenga que armar escudos para defenderse de insultos o acosos. Donde la política no sea zona vedada.
La Ley 2453 es punto de partida. Pero el desafío es convertirla en cultura política. En gestos cotidianos que certifiquen que, en Colombia y La Guajira, ninguna mujer será relegada por su género.
Hoy quiero invitarte: acompáñame en este esfuerzo colectivo. No permitamos que esta ley sea letra muerta. Que sea semilla, detonante, combustible de justicia.
Porque un país que protege a sus mujeres en política, es un país que protege su propia democracia. Y si lo hacemos aquí, desde este rincón del norte, La Guajira tiene todo el derecho a volverse ejemplo.
Juana Cordero Moscote
La transformación de Colombia exige más mujeres tomando decisiones al interior de los partidos y en el alto gobierno
De acuerdo, estimada Juana, con los criterios expuestos en esta valiente columna.