Convertirse en actores políticos ha sido una fuerte crítica que sectores de la sociedad le han hecho a FECODE (Federación Nacional de Educadores), especialmente después del inoportuno discurso de Nelson Alarcón, líder de esa organización en plena discusión por la continuidad y legitimidad para actuar como voceros de las comunidades durante el paro nacional; esas expresiones partidistas a favor del Grupo Significativo de la Colombia Humana sepultaron parcialmente la credibilidad de algunas de las que se podrían considerarse conquistas de ese movimiento social perdiendo capacidad moral para reivindicarse esos logros; además que puso a la palestra un fuerte debate nacional sobre la participación de los docentes en actividades políticas, especialmente respecto a la decisión de no dar cumplimiento al Decreto 777 de 2021, en el que se ordena entre otras decisiones al retorno a la presencialidad en las aulas escolares.
Es claro que hoy se considera como uno de los mayores errores de los educadores oficiales su participación en política y sus tendencias a favorecer a los candidatos de su preferencia en los ejercicios de escrutinio electoral, lo cual ha llevado a varios partidos y movimientos a solicitar su exclusión como jurados electorales en los próximos comicios; de igual manera se ha visto a congresistas, alcaldes, gobernadores y al mismo Presidente de la República acusar públicamente a FECODE y sus filiales de incitar a sus adeptos a convertir la tribuna del salón de clases en escenario de adoctrinamiento político o proselitismo, olvidando su labor esencial por la que están ahí, que se define en enseñar y asegurarse de que todos los estudiantes aprendan; no obstante, algunos dirigentes parecen desconocer las que el verdadero florero de Llorente son las realidades del sector que han motivado históricamente inconformismos que se traducen en peticiones políticas aún no resueltas.
Como enérgico promotor para la garantía del estado social de derecho e hijo de docentes oficiales, considero que los profesores como ciudadanos pueden ejercer libremente el derecho constitucionalmente tutelado a elegir y ser elegido, además que son las personas idóneas para incluir en las agendas políticas el componente educativo, especialmente analizando la situación actual de la educación, los procesos de formación de los maestros; las condiciones laborales, de salud y bioseguridad, así como, las condiciones institucionales del trabajo docente, la infraestructura y equipamiento de las escuelas por lo que creo que sí deben ser parte del sistema político, sin embargo, deben proclamar sus convicciones fuera de los centros educativos; así pues, la participación política de los maestros debe articularse a las demandas de la sociedad y al fortalecimiento de la educación pública como beneficio, pero en las calles.
La baja calidad de los procesos educativos en Colombia reflejada en los pésimos resultados para el país en las pruebas internacionales en las que se evalúa el desarrollo de las habilidades y conocimientos de los estudiantes especialmente en lectura, matemáticas y ciencias, justifican de una u otra manera las imputaciones que les hacen; por lo que es oportuno definir la motivación correcta de la labor docente porque si a estos no los motiva la enseñanza y su interés en garantizar que los alumnos aprendan, sino la posibilidad de convertirse en autoridades administrativas, la inversión se puede considerar como dinero desperdiciado y su función como una mera opción laboral sin la finalidad propia de su génesis.
Para superar la crisis generalizada debemos centrar la discusión en buscar las vías adecuadas para mejorar la calidad, acceso y permanencia del proceso de enseñanza y aprendizaje para todos los miembros de la comunidad educativa, pues tengo la convicción que la educación es el motor transformador de realidades, movilidad social y generación de oportunidades, por lo que las entidades gubernamentales deben para garantizar, salarios justos, prestación eficiente de servicios de salud y mejores condiciones de ambiente laboral con lo que se evita la generación de eventos de inconformidad que trasformen los escenarios académicos en las acusadas incubadoras de ideas anarquistas.
Es posible considerar que todo acto educativo es un acto político; sin embargo, no se debe utilizar como instrumento de opresión ideológica, sino como una labor emancipadora; donde se generen espacios de auto-reflexión y pensamiento crítico por lo que los docentes deben propender a una participación libre, sin coerción de ningún tipo ni condicionamiento a fin de cambiar la postura que hoy los ve como sujetos perjudiciales para las garantías en libertad de pensamiento político.
ADAULFO MANJARRÉS MEJÍA