Seguridad jurídica, instituciones sólidas y una reforma de Estado para recuperar la confianza en la justicia.
La justicia colombiana no necesita una nueva reforma parcial. Tampoco otra comisión de expertos ni un nuevo diagnóstico sobre problemas que el país conoce desde hace décadas. Necesita una transformación de fondo que restablezca la confianza ciudadana, modernice sus instituciones y devuelva a la seguridad jurídica el lugar que nunca debió perder dentro del Estado de Derecho.
Pocas veces Colombia ha tenido una oportunidad como la actual. La llegada del doctor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero a la Presidencia de la República y del doctor Iván Alfonso Cancino González al Ministerio de Justicia y del Derecho abre un escenario propicio para emprender una reforma estructural de la administración de justicia. Ambos conocen el sistema judicial desde el ejercicio profesional y la litigación, no desde el informe técnico elaborado a distancia.
La congestión de los despachos, la duración excesiva de los procesos, las decisiones contradictorias y la incertidumbre sobre el alcance de las normas han deteriorado la confianza de los ciudadanos. Ningún Estado puede aspirar a consolidar sus instituciones cuando quienes acuden a los jueces dejan de creer que encontrarán decisiones oportunas, coherentes y previsibles.
Por eso la seguridad jurídica debe convertirse en el eje de cualquier transformación institucional. Los ciudadanos tienen derecho a conocer las reglas que gobiernan sus relaciones y a confiar en que serán aplicadas con criterios estables. Esa certeza fortalece la igualdad ante la ley y afianza la legitimidad de la función judicial, sin menoscabar la independencia de los jueces.
Ese propósito obliga a revisar el funcionamiento de las altas cortes: mejorar su coordinación, consolidar la función unificadora de la jurisprudencia y avanzar hacia mayores niveles de especialización. Después de más de tres décadas de vigencia de la Constitución de 1991, Colombia debería abrir un debate institucional sobre la creación de una Jurisdicción Constitucional especializada, integrada por jueces dedicados exclusivamente a la acción de tutela y/a la protección de la supremacía constitucional y de los derechos fundamentales. No se trata de sustituir el modelo vigente. Se trata de preguntar si el país necesita una arquitectura institucional que ofrezca mayor coherencia interpretativa.
El cambio tampoco puede detenerse allí. Debe abarcar la Fiscalía General de la Nación, simplificar los procedimientos judiciales y revisar la distribución de competencias que hoy alimenta los cuellos de botella en los despachos. La transformación tecnológica también es inaplazable: expedientes electrónicos, servicios judiciales digitales y herramientas de inteligencia artificial pueden contribuir a una gestión más eficiente.
Uno de los capítulos que no puede seguir aplazándose es el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo y, especialmente, del Sistema Nacional de Defensoría Pública. La defensa técnica de miles de colombianos continúa descansando sobre un modelo de vinculación que no ofrece la estabilidad que exige una función esencial para el Estado Social de Derecho. Mientras esa realidad no cambie, la dignificación de la defensa pública seguirá siendo una deuda institucional.
Precisamente desde esa perspectiva cobra especial interés una de las primeras propuestas formuladas por el doctor Iván Cancino. El ministro designado en reciente entrevista en caracol radio ha planteado eliminar la audiencia de imputación cuando la Fiscalía no solicite medida de aseguramiento y concentrar ese acto procesal en la audiencia correspondiente cuando sí exista una solicitud restrictiva de la libertad. El planteamiento parte de una realidad difícil de desconocer: hoy el juez de control de garantías no ejerce un verdadero control material sobre la imputación. La propuesta merece discutirse con rigor técnico y sin prejuicios: el objetivo es un proceso penal más eficiente sin sacrificar las garantías fundamentales.
Pero ninguna de estas medidas será suficiente si no se consolida una verdadera carrera judicial basada en el mérito, la formación permanente y la excelencia profesional. La independencia judicial no comienza con una sentencia; comienza con procesos de selección transparentes y con servidores que sepan que su permanencia depende exclusivamente de su capacidad, su integridad y su desempeño.
Nada de esto será posible sin acuerdos amplios. El Congreso, las altas cortes, la academia, los gremios jurídicos, (colegios y escuelas) y los operadores judiciales deberán asumir una discusión serena y técnica, sin cálculos políticos. Ningún gobierno puede sacarla adelante solo.
El presidente electo y el ministro designado, abogados litigantes durante décadas conocieron la justicia desde el lugar donde realmente se mide su funcionamiento: los estrados judiciales. Han vivido las fortalezas del sistema, pero también sus vacíos y sus demoras. Esa experiencia trae consigo una responsabilidad concreta.
Si la reforma se construye con el mismo rigor y la misma disciplina con que se prepara una defensa jurídica, Colombia estará ante una transformación real y no frente a una nueva promesa aplazada. Quien ha conocido el sistema desde adentro tiene una ventaja que pocos han tenido: sabe dónde están las fallas. Ahora el desafío es tener la voluntad institucional para corregirlas.
Si la reforma logra materializarse con la profundidad que el país reclama, Colombia, el Estado Social de Derecho, la administración de justicia y quienes diariamente la sirven tendrán razones para reconocer el liderazgo de quienes asumieron la responsabilidad de impulsar una transformación largamente esperada.
Eugenio De Jesús Quinto Loperena