Es evidente que la situación de orden público sigue causando gran preocupación y generando hechos violentos en Colombia, con tendencia a continuar empeorando aún más. Se está confirmando el fracaso de la política de paz del Gobierno Nacional, representada por su fallida “paz total”, que ha intentado implementar, en los largos dos años y medio que han transcurrido de su mandato, en forma desordenada y sin un plan estructurado y concreto. Una clara demostración de un pobre liderazgo para lograr resultados efectivos y medibles.
La más reciente encuesta Invamer poll, la primera del 2025, además de mostrar un incremento en la desaprobación del desempeño del presidente Petro -llegó al 65%-, identificó al orden público -seguridad en los territorios- como el problema que más trasnocha a los colombianos, alcanzando el 31% entre todas las preocupaciones consultadas por la encuestadora.
Las continuas noticias que nos llegan de las regiones que sufren el accionar delictivo de los grupos armados ilegales han sido complementadas con el más reciente informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con datos alarmantes que evidencian el deterioro de la seguridad en varias regiones del país: Crecimiento del confinamiento en 58% con respecto al 2023, más de 52,000 personas desplazadas, incremento significativo del reclutamiento de menores, con una cifra que supera los 216,000 casos. Aunque según estimaciones de la Defensoría del Pueblo las denuncias recibidas son alarmantes y podrían ser el doble de esa cifra. El secuestro también sigue creciendo.
Según Indepaz en este 2025 ya han ocurrido 32 masacres, 13 firmantes de paz y 32 lideres sociales asesinados, sin visibles acciones de control por parte de la maniatada Fuerza Pública, lo que ha facilitado un mayor control territorial de los grupos armados ilegales.
A pesar de las evidencias y de la rigurosidad de las fuentes de los datos mencionados, el presidente Petro ha insistido en su actitud negacionista, y apoyado en una información que emitió el saliente ministro de Defensa, relacionada con la reducción de la tasa de homicidios intencionales -que difiere con las cifras de Medicina Legal- se atrevió a decir que la situación de orden público “no es tan dramática y está mejorando en la mayoría de los Departamentos”.
En vez de arremeter, como lo hizo el presidente Petro, contra el Consejo Gremial y los Medios porque cuestionaron sus cifras, debería esforzarse por reconocer sus múltiples errores y rectificar el rumbo de su caótica gestión de paz.
Si persiste en su terquedad, ocurrirá lo contrario y la seguridad de los territorios continuará al garete; es decir, sin control y con un rumbo errático, generándole zozobra y muertes a los campesinos y habitantes de las zonas rurales, reduciendo las oportunidades de trabajo y de ingresos para el bienestar de sus familias, tal como ocurre en importantes regiones del país, como el Catatumbo, el Cauca y muchas otras.
Como evidencia contundente, recordemos que antes de la renuncia colectiva del equipo ministerial, la vicepresidente Francia Márquez manifestó, en forma sorpresiva y valiente, en el mediático Consejo de ministros del 4 de febrero -primero televisado en directo- que “sus familiares y amigos le reclamaban que la difícil situación que se vive en el Cauca está peor que cuando comenzó el actual Gobierno Nacional”. Todos vimos sus pronunciamientos por televisión y en videos en las redes sociales, hechos en forma angustiosa, tal vez por ser oriunda de esa sufrida región.
Ante tanta incertidumbre, muchos colombianos nos hacemos la pregunta de rigor: ¿Se acabará el interés por una real gestión gubernamental por la paz, y en general por gobernar, antes de que se le cumpla el periodo para el cual fue elegido y continuará enfocando sus esfuerzos en continuar invitando a sus seguidores -alrededor del 30% de los colombianos- a salir a las calles para defender sus nunca bien estructuradas propuestas de reformas?
Álvaro López Peralta