En agosto de 2026, el precio promedio de la energía en bolsa llegó a 946,6 pesos por kilovatio hora, 278,2 % más que un año antes. Ese mes, según XM, la generación hidráulica aportó el 61,5 %; la solar, el 8,3 %; la eólica, apenas el 0,3 %, y las plantas térmicas, el 28,8 %. Una sola fotografía mensual no explica todo el mercado, pero sí revela una vulnerabilidad conocida: Colombia conserva una matriz relativamente limpia, aunque demasiado expuesta al agua y todavía incapaz de convertir en electricidad firme una parte importante de su potencial solar y eólico.
El contraste con Uruguay incomoda porque demuestra que la transición no depende únicamente de tener recursos naturales. En 2025, ese país produjo el 98 % de su electricidad con fuentes renovables: 46 % hidráulica, 34 % eólica y el resto, principalmente biomasa y solar. Llegó allí mediante una política energética 2005-2030, respaldada por un acuerdo multipartidario, reglas estables, inversión privada y subastas competitivas. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la transformación redujo a la mitad los costos de generación y creó cerca de 50.000 empleos. Uruguay no tuvo más viento que Colombia. Tuvo continuidad, planeación y capacidad de ejecución.
Colombia ha avanzado y sería equivocado desconocerlo. La UPME informó que, en julio de 2026, el país alcanzó 4.654 megavatios instalados en proyectos solares y eólicos y que el 74,19 % de la capacidad del Sistema Interconectado Nacional provenía de fuentes hidráulicas, solares y eólicas. Sin embargo, capacidad instalada no equivale a energía efectivamente entregada ni a confiabilidad. En agosto, el viento aportó solo tres décimas del total generado. Al mismo tiempo, SER Colombia reportó 16 proyectos eólicos paralizados, mientras la línea Colectora, necesaria para llevar más de 1.000 megavatios desde La Guajira al sistema nacional, volvió a desplazar su entrada completa hacia 2027.
El problema no es la falta de anuncios. Es una arquitectura pública que adjudica proyectos, asigna conexiones y fija fechas antes de resolver la transmisión, la gestión territorial y la relación con las comunidades. El propio Ministerio de Minas reconoció en julio que varios proyectos recibieron fechas de operación incompatibles con el avance de las obras de transporte. Cuando la planeación técnica corre por un carril y la realidad social por otro, el resultado es previsible: inversiones congeladas, litigios, costos financieros y energía que no entra al sistema.
En este punto debe darse una discusión seria sobre la consulta previa. Es un derecho fundamental y no puede tratarse como un trámite que se elimina para acelerar obras. Pero tampoco puede operar como un proceso indefinido, fragmentado o sin reglas de cierre. La Corte Constitucional ha sido clara: la consulta procede cuando existe una afectación directa; busca acuerdos de buena fe, y en el diálogo ni la comunidad tiene un derecho general de veto ni el Estado puede imponer arbitrariamente una decisión. El equilibrio constitucional ya existe. Lo que falla es su administración.
La reforma necesaria debe comenzar antes de adjudicar y su regulación tendrá que consultarse con los pueblos étnicos. El Estado, y no cada empresa por separado, debe levantar una línea base étnica, territorial y ambiental para los corredores de generación y transmisión; identificar autoridades legítimas; determinar afectaciones probables, y publicar un cronograma institucional único. Ministerio del Interior, MinMinas, ANLA, UPME y autoridades territoriales deben actuar con un expediente compartido y decisiones trazables. Si aparecen nuevas comunidades, la procedencia de la consulta debe resolverse con evidencia de afectación directa y dentro de una ruta definida, sin desconocer territorios ancestrales ni reiniciar indefinidamente todo el proyecto.
También hay que cambiar el contenido de los acuerdos. La compensación aislada no construye desarrollo. Las comunidades necesitan asistencia técnica independiente para negociar, participación verificable en los beneficios, formación para empleos especializados, acceso confiable a energía y proyectos de agua y actividad productiva acordes con el territorio. La Resolución 40387 de 2026, que institucionalizó un esquema de coordinación entre comunidades wayuu, Estado y empresas en La Guajira, puede ser un punto de partida, siempre que produzca cronogramas, responsables y cumplimiento medible.
Para el Caribe, esta discusión no es abstracta. La energía define si es viable bombear agua, sostener cadenas de frío, transformar alimentos cerca de las zonas productoras y atraer industria. Una transición que llena el territorio de aerogeneradores y líneas, pero deja a las comunidades sin servicio confiable, agua o empleo estable, perderá legitimidad. El potencial energético debe integrarse con corredores agroindustriales, infraestructura hídrica y formación técnica local. Allí se juega la diferencia entre extraer un recurso y construir una economía regional.
Colombia necesita un acuerdo de seguridad y transición energética con horizonte de 2040, revisiones técnicas periódicas y compromisos que sobrevivan a cada gobierno. Debe sincronizar nueva generación, transmisión, almacenamiento, respaldo térmico, gestión de la demanda y beneficios territoriales. No se trata de escoger entre derechos y desarrollo. Se trata de organizar el desarrollo con derechos, decisiones oportunas y obligaciones exigibles. El viento de La Guajira seguirá soplando; lo que Colombia está perdiendo es el tiempo para convertirlo en seguridad energética, productividad y bienestar.
Luis Miguel Pico Pastrana