La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre, dejó entrever impactos de corrupción, que se han vuelto costumbre, en el círculo politiquero, que rige y predomina en Colombia, sobre todo, donde apremian necesidades, por causas de pobreza extremas, tormentas, pandemia, desastres, siniestros y tragedias, de origen: epidémico, climático, hambruna, abandonos, inclemencias, fenómenos sísmicos y acción humana.
El departamento de La Guajira ha sido una referente víctima, en engaños, maniobras fraudulentas y dolosas, “que dejan en entredicho” a quienes nos representan, silenciando y esquivando, responsabilidad que les asisten para: gestionar, defender y denunciar; los hechos ilícitos, irregulares y negligencias; muy diferente que comportarse pasivo y cómplice, participando de intereses personales, avalando operaciones reprochables, repudiables e indigna. El Bienestar Familiar, Departamento de Prosperidad Social, UNGRD y otras instituciones; son manejada de mala fe, incumpliendo deberes y funciones, permitiendo saqueos, fraudes, peculados, derroches y despilfarro; con los recursos económicos presupuestales de la nación.
En La Guajira, se sintió alivio y regocijo, por la llegada con pitaderas de 40 carros tanques, para las distribuciones de aguas, en los territorios indígenas wayuu, municipio de: Uribía, Manaure, Maicao y Riohacha. Algunos habitantes de la oposición en el departamento iniciaron críticas por permanecer estáticos en un batallón militar, otros manifestaban que no iba a servir para movilizarse por la Alta Guajira y no faltaron series de contradicciones y sentimientos de envidias. También se expresaron los agradecidos, manifestando la utilidad del servicio para soluciones frente a las necesidades, que se requiere para atender a las comunidades indígenas. “A caballo regalado no se le mira los colmillos” Pero lo comentado no es todo. Es una telenovela, trasmitidas, por capítulos.
En las diferencias expresas, de gobiernistas y opositores, comenzaron los señalamientos y atribuciones de responsabilidades, sobre la asignación de vehículos, a diferentes zonas previstas por el medico Luis Gómez Pimienta y el líder Wayuu, Javier Rojas, encargado de manejar la operación de los vehículos carros tanques, conforme lo afirmó el director de UNGRD, Olmedo López, generándose diferencias por descoordinaciones de manejos, que no comprometen a los alcaldes. Seguidamente se conoció el valor de las comprar de los vehículos, mediante contratación asignada a dedos, en triangulación de participantes, para un mismo favorecimiento participativos.
Los favorecidos beneficiarios de las ventas de carros tanques, no son concesionarios acreditado en Registro Mercantil, de ninguna marca de vehículo. Tampoco acreditan, licencia para importar vehículos. Los proveedores no disponen de domicilio del establecimiento de comercio, incluidos talleres de mecánicas, que garanticen revisiones periódicas, mantenimientos y reposición de repuestos; a los vehículos destinados para las distribuciones de aguas. ¿Por qué no se formalizó una licitación entre oferentes idóneos de vehículos de cargas?
Lo que rebasó la copa, fue conocer el valor unitario de los vehículos, discriminando en forma detalladas los costos individuales, en la que relacionan valor del vehículo en chasis, tanques, pagos a choferes, parqueadores, combustibles, pólizas y matrículas de vehículos entre otro, liquidando un valor de $1.280 millones, por cada uno de los carros tanques; sumando en total la compra por una suma superior a $46 mil millones. Al confrontar de las facturas, con los distintos valores particularizados, encontrando sobrecostos globales equivalentes al 30%. Ejemplo registraron un valor por concepto de matrícula, de $76 millones, cuando el costo en la oficina de transito era de $26 millones, es decir una diferencia de $50 millones por cada vehículo carros tanques. El sobre costo general de las compras de 40 vehículos tanques, puede oscilar los $ 12 mil millones; que no es sano tolerar, ni mucho menos echarle tierra, encubriendo las faltas, para que no haga mella las costumbres y hábitos, perversos y degradantes, que se origina de la corrupción.
El gobierno a través de la oficina de transparencia presentó ante la Procuraduría, quejas y denuncia penal en la Fiscalía, lo que obligó a director Olmedo López, a presentar renuncia de su cargo. Sin embargo, esperemos a ver en que terminará. El hecho ocurrido no es nada diferente, a los muchos que comúnmente viene ocurriendo, como la desatada practica de corrupción, ejercidas por los partidos politiqueros, que han gobernado y gobiernan esta nación; amparado en complicidad de organismos de control y autoridad penal.
Las tragedias y emergencias, por distintos fenómenos o causas imprevistas, constituye un medio de apropiación, para gobernantes de turnos o dependientes administrativos, con depravados representantes populares, que acuden no a socorrer, sino a robarse las ayudas y recursos económicos, que se destinan para solventar los estados deprimentes en que quedan personas víctimas de trágicos acontecimiento.
Sería importante, se practique una rigurosa investigación a la UNGRD, interviniéndola si es el caso, para que Fiscalía, Procuraduría y Contraloría verifique el registro de gastos presupuestales, con la inversión ejecutadas, durante los últimos 10 años, termino en que ocurrieron hechos relevantes y terribles, como el de Providencia, en San Adres y el departamento de Putumayo, donde hicieron pasar casas construidas en forma sencillas, sin terminar, ni incluir el precio del lote, por un valor de $500 millones, en Putumayo, todo quedó a medio palo, por robarse parte de los dineros destinado a resolver compromisos prometido por mandatarios nacional (presidente)
Algo similar viene ocurriendo, con el PAE en la alimentación niños pobres y el Bienestar Familiar. Mientras unos sufren y lloran de dolor, por perderlo todo, seguir en intemperie, desamparo y desintegrados en familias, otros malvados, se lucran y gozan, de la rentabilidad que arrojan crisis y desgracias humanas. ¿A cuáles de las víctimas de las tantas tragedias ocurrida en Colombia, le han cumplido, los gobernantes, lo prometido y apropiado económicamente en presupuestos, sobre cálculos previstos y estimados?
¿De esa forma, como resolver situaciones humanitarias, si se roban los recursos e inflan los precios reales, desde mandatarios hasta “disque” representantes populares, de las víctimas, sin que pase nada? Así no se puede, ni nada se logra por mala fe y la corrupción. Esta última, es la catarata y glaucoma, que tiene ciego autores y cómplices, que ignoran o niegan situaciones, cuando están implícitos en los mismos acontecimientos, pasan de hipócritas y se hacen los locos o que no saben, cuando todos sabemos, quienes son beneficiarios de apropiaciones, aprovechando las tragedias humanas.
Martín Barros Choles