Lo dijo y lo cumplió. El presidente Petro no se anda con vueltas para llevar a cabo lo que dice, independiente de las consecuencias que tengan sus decisiones. Son sus convicciones y así procede.
Mediante el decreto 227 y con base en los artículos 370 de la Constitución y 68 de la Ley 142, el presidente retomó las funciones de regulación de los servicios públicos para la definición de las tarifas que la ley le ha delegado a las Comisiones de Regulación de Agua Potable y a la de Energía y Gas.
El argumento central de la decisión del presidente está en que, de esa forma, va a garantizar el poder adquisitivo de los hogares colombianos, sobre todo porque el panorama inflacionario está muy complejo para que sea controlado en corto tiempo y ninguna plata le alcanza a la gente.
El presidente Petro considera que asumiendo el control de las tarifas de los servicios públicos, desde su despacho, se pueden mitigar las alzas que más afectan el bolsillo de la gente de menos recursos económicos, y en eso lo apoya el DANE que también identifica a ese grupo poblacional como el que está más afectado por la inflación. No hay discusión, pero esa no es la forma de resolver el problema.
El gremio de las empresas prestadoras de los servicios públicos recogidas en ANDESCO ha dicho que el Gobierno “no debe tomar decisiones políticas sobre asuntos técnicos” sin tener en cuenta explicaciones económicas, porque puede llevar a la desfinanciación de las empresas, al reducirles los ingresos, y por consecuencia también se reducen las inversiones, con lo cual se estaría llegando a despertar el fantasma del apagón en el caso de la energía. Ojo con eso.
Coincido en que más bien lo que debe hacer el gobierno, es otorgarles más subsidios a los sectores más pobres y vulnerables para mejorarles las condiciones económicas, y a las empresas debe brindarles mayor seguridad jurídica y financiera para que presten los servicios públicos según lo convenido, porque no puede ser que hayan contratado bajo unas condiciones y en el transcurso les cambien lo que hubieran acordado, abusando de las prerrogativas del Estado en material contractual relacionadas con la terminación, interpretación y modificación unilaterales.
Pueden decir lo que quieran, pero esta decisión del presidente altera el concepto garantizador de estabilidad política relacionado con la separación de poderes en una democracia.
Las comisiones de regulación de los servicios públicos domiciliarios han sido creadas como organismos autónomos y técnicos, para garantizar la competencia y la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, a partir del precepto constitucional de intervención del Estado en la economía, y al asumir el presidente Petro esas funciones de regulación solo cabe la interpretación de ejercer un poder que no le corresponde, que debe estar bajo la responsabilidad de organismos técnicos y especializados para garantizar decisiones objetivas y justas, lo cual no se cumple si lo hace el presidente con el sofisma de procurar el bienestar de la sociedad, porque es una decisión que está basada en intereses políticos.
Los comisionados deberían hacer una reflexión respecto a la eliminación de sus funciones, aunque sea de manera transitoria, porque un servidor público no solo debe tener capacidad y conocimiento para desempeñar sus funciones de manera eficiente, sino que también debe tener dignidad.
Yo hubiera renunciado de manera irrevocable el mismo día de expedición del mencionado decreto, porque es necesario que prevalezca el respeto de la autonomía y la independencia que deben tener los organismos creados para llevar a cabo la regulación y supervisión, por mandato constitucional y en desarrollo de la ley. Es decir, dejaron al regulador sin capacidad de regulación.
Por otra parte, no me cabe dudas de que en la decisión del presidente Petro siguen vigentes sus criterios de nacionalización de los servicios públicos que tantos problemas le causaron cuando se desempeñó como alcalde de Bogotá, con el tema de la recolección de las basuras, al punto de conducirlo a la destitución en una controvertida decisión del Procurador General de la Nación, que luego lo salvó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí…
Luís Alonso Colmenares Rodríguez