Preliminarmente consideramos indispensable formular una definición escueta del significado del concepto Lawfare, que combina dos términos del inglés, Law que traduce ley, y Fare que significa guerra: se trata del uso de procesos legales para inmovilizar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un pais. LawFare es una guerra jurídica y una judicialización de la política, o podríamos sintetizarla como una guerra política con medios judiciales. Su objetivo esencial es desacreditar a una autoridad política. Se ha comparado con un “golpe blando”. En ese sentido llamamos la atención de la opinión pública, y en particular a los que elegimos a Petro, para que analicemos cuidadosamente, los terrenos escabrosos, la alambrada, el camino de espinas por el que se encuentra transitando nuestro presidente en procura de trasformar las estructuras económicas, sociales e institucionales, indispensable para el cambio prometido. En ese tránsito surgen visos de lo padecido por otros gobernantes regionales de molde alternativo.
Las rimbombantes e insolentes respuestas del Fiscal de bolsillo Francisco Barboza y la resonancia en la Corte Suprema de Justicia que, a través de su Presidente Fernando Castillo Cadena, en alguna medida avaló y respaldó las intemperantes réplicas de Barbosa en la controversia suscitada recientemente con el Presidente Gustavo Petro. No es una casualidad. Encaja y se corresponde con esa manía aludida, estrategia usual en Latinoamérica, constitutiva de una de las aristas de los poderes establecidos para sabotear y deslegitimar desde el ámbito judicial y acudiendo a artimañas que la oportunidad les presente para contribuir a debilitar, cuestionar e impedir el normal desarrollo de gobiernos alternativos en la región. Rafael Correa lo describió como un robo a la democracia. Sucedió con Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Roussef y Lula Da Silva En Brasil, Los Kirchner en Argentina, el propio Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, etc.
El caso colombiano, y debido justamente a las modalidades de elección del Fiscal General a cargo de la Corte Suprema de Justicia, engendra adicionalmente un perverso circulo de contraprestaciones burocráticas que comprometen al Fiscal con sus electores, un quid pro quo, donde yo te elijo y tú me nombras familiares y amigos en cargos importantes en esa entidad. Acentúa los peligros y los riesgos de complicidad y alianza entre Fiscal y Corte Suprema. Todo lo anterior se suma a un conjunto de estrategias, mediáticas, políticas y demás artimañas fraguadas desde el establecimiento para sabotear a toda costa al gobierno del cambio. De contera y simultáneamente, por ahí anda un tal ex general Zapateiro, con un incontrolable delirio conspirador.
En ocasión anterior me había referido a las fuentes de acumulación de capital de una buena parte de la burguesía criolla, y que la tornan una de las más “salvajes” de la región. Dispuesta a defender a sangre y fuego si es necesario, sus privilegios, y a mantener a como dé lugar el Estado de cosas. Existen suficiencias evidencias de los feroces métodos usados para sustentarse en el poder. Por lo tanto, es menester no desatender cada acto y cada episodio, ya que tras bambalinas se pueden estar fraguando acciones mucho más allá de lo surgido a la luz pública. En el trasfondo puede esconderse más de lo que las apariencias sugieren.
Las hipérboles usadas por Barbosa no se avienen con una ligereza o una exageración cuando califica a Petro de dictador e inclusive de ostentar un pasado criminal. Jamás un funcionario de tan alto rango se había referido en términos tan desobligantes hacia un Jefe de Estado. Podría tratarse de la ambientación de un escenario para fraguarle al presidente un estereotipo, a fin de justificar o abrir el camino para un eventual juicio o acusación en la medida en que ello, o las circunstancias lo requieran. Ya Petro fue denunciado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara por el imputado Fiscal Hernández. Ojalá el almuerzo entre Petro y la magistratura despejen los fantasmas del Law Fare en Colombia.
El verdadero jefe del Fiscalucho Barbosa, y por el que “se ha dado la pela”, hasta convertir su entidad en un ente de bolsillo y grotesco: modificó ilegalmente un artículo de la Constitución para hacerse reelegir, espió magistrados de las Altas Cortes y a figuras de la oposición, propósito en el que usó al extinto DAS; trató de” hijos de puta” a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se paseó retadora y arbitrariamente por los pasillos de la Fiscalía en el periodo de Montealegre, apeló al embeleco del Estado de Opinión como vía expedita al desconocimiento de los demás poderes públicos, regañaba a periodistas entrevistadores. Hoy día, decenas de procesos de todos los pelambres, en su contra, reposan plácidamente en los anaqueles de las instituciones judiciales respectivas. Y a pesar de la encarnizada e injustificada defensa de la Fiscalía, se encuentra ad portas de ir a juicio por efecto del proceso conocido por todos. No obstante, posa como un demócrata y como el Gran Colombiano.
Petro por pedirle respuesta a través de canales inusuales, en temas sensibles y cruciales, y al exagerar un tanto en su condición de jefe de Estado incluyendo erradamente al Fiscal como su subordinado, es víctima de insultos inéditos, tildado de dictador, por un funcionario energúmeno que “peló el cobre” y confirmó su talante despótico, excluyente y su proverbial soberbia. “Dime que presumes y te diré que careces”. Barbosa se explaya ufanándose de su ética, su decencia, su honestidad y de supuesta sapiencia jurídica.
La iracundia de Barbosa a la legitima pregunta formulada por Gustavo Petro a las que aquel frenético, respondió airada, descortés e inapropiadamente, es un derecho que le asiste al Presidente de la Republica sea quien fuere, posee la potestad de realizar ese tipo de cuestionamientos. Incluso está amparado constitucionalmente para ello, y le corresponde ineludiblemente, y es una de las obligaciones del funcionario que ocupe el cargo de Fiscal General, responder sin mayores inconvenientes. Sin embargo, ha evadido el tema central de la controversia, prevalido de múltiples ardides. El funcionario de pacotilla terminó orquestando un show publicitario y mediático en el que por supuesto con excepción de los independientes, encontró eco y la mayor resonancia en los principales medios masivos de comunicación. Probablemente no tiene respuesta satisfactoria al respecto. En este escabroso asunto se encuentra comprometido el Fiscal Hernández, quien figura en la lupa del FBI, igualmente por omisiones en el proceso contra Odebrecth.
Gracias a la personalidad patéticamente megalómana de Barbosa, este incidente inexplicablemente trastocado en un escándalo con ribetes indebidos, podría terminar devolviéndosele y saliéndole el tiro por la culata. Cuando las aguas se serenen y retorne a su cauce, inevitablemente deberá rendir cuentas sobre presuntas omisiones en la denuncia que ha venido realizando el periodista Gonzalo Guillen, y que originó la pregunta que Petro hizo por canales desacostumbrados. Sin embargo, el Fiscal está acudiendo a diferentes tretas para no responder. Pero una vez recupere la calma, si es que lo logra, y su personalidad inclinada a exageraciones y a la sobreestimación que tiene sobre sí mismo, le haga aterrizar en la tozuda realidad, se enfrentará a una situación embarazosa.
José Luis Arredondo Mejía