El presidente Gustavo Petro sancionó recientemente la nueva Ley de Salud Mental en Colombia, una norma que representa un paso significativo en el reconocimiento de la salud mental como un derecho fundamental y una prioridad en la política pública. Esta ley, que actualiza y fortalece el marco normativo anterior (Ley 1616 de 2013), busca garantizar el acceso equitativo, oportuno y de calidad a servicios de salud mental, así como combatir el estigma y la discriminación hacia las personas que padecen trastornos mentales. El presente artículo analiza los principales beneficios de esta ley, así como los actores sociales e institucionales que deben garantizar.
Uno de los principales avances de la Ley de Salud Mental es que adopta un enfoque basado en derechos humanos. Esto implica que la salud mental deja de ser vista únicamente como un tema médico o clínico, y pasa a comprenderse desde una perspectiva integral: social, comunitaria y participativa. La ley establece que toda persona, sin distinción alguna, tiene derecho a recibir atención digna, respetuosa y libre de discriminación por motivos de salud mental.
Este enfoque es especialmente relevante en contextos como el colombiano, donde el conflicto armado, la pobreza, el desplazamiento forzado, la violencia intrafamiliar y las desigualdades sociales han tenido un impacto profundo en la salud mental de la población. Reconocer estos factores como determinantes sociales permite una atención más justa y eficaz.
Uno de los grandes beneficios de esta ley es la garantía de acceso universal a servicios de salud mental, tanto en el sistema de salud pública como en el privado. El Estado tiene la obligación de ofrecer atención de salud mental en todos los niveles del sistema (primario, secundario y terciario), integrando estos servicios a la atención general en salud y evitando su fragmentación.
Asimismo, la ley enfatiza la atención temprana y oportuna, lo cual puede reducir significativamente la cronicidad de los trastornos mentales, mejorar el pronóstico de los pacientes y disminuir los costos en salud pública. Además, se establece la promoción de servicios comunitarios y extrahospitalarios, priorizando el bienestar psicosocial y la inclusión social de los pacientes.
Inclusión educativa y laboral
La Ley de Salud Mental también promueve la inclusión educativa y laboral de las personas con condiciones de salud mental. Esto representa un paso importante hacia la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente. Las instituciones educativas y las empresas deben adoptar políticas de no discriminación, ofrecer apoyos razonables y fomentar entornos saludables que prevengan el estrés, el acoso, el burnout y otros factores que afectan el bienestar psicológico.
Además, se exige a los empleadores y centros educativos sensibilizar sobre la salud mental, lo cual puede tener un impacto positivo tanto en la productividad como en la cohesión social
Un elemento innovador de la ley es la participación activa de los usuarios y de la sociedad civil en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas de salud mental. Se crea un marco para fortalecer los comités de usuarios, redes comunitarias y organizaciones sociales que trabajen en el tema, reconociendo el saber popular, las prácticas culturales y los procesos comunitarios como parte fundamental de la salud mental colectiva.
¿Quiénes deben cumplir y hacer cumplir la ley?
El cumplimiento de esta ley no recae exclusivamente en el Ministerio de Salud. Diversos actores sociales, institucionales y territoriales están implicados:
- El Estado y el Gobierno Nacional: deben diseñar políticas públicas acordes con los principios de la ley, asignar presupuesto adecuado, y coordinar con otros sectores (educación, trabajo, justicia, cultura) para un abordaje integral.
- Entidades Territoriales (gobernaciones, alcaldías): son responsables de implementar planes territoriales de salud mental, garantizando que los servicios lleguen a zonas rurales y vulnerables.
- EPS e IPS: están obligadas a brindar servicios de salud mental sin barreras administrativas, con personal capacitado, y con un enfoque humano y ético.
- Instituciones educativas y empresas: deben promover entornos saludables, prevenir riesgos psicosociales, y atender adecuadamente los casos de estudiantes o trabajadores con problemas de salud mental.
- Organizaciones sociales y comunidad: tienen un papel clave en la sensibilización, el acompañamiento y la vigilancia del cumplimiento de la ley.
La nueva Ley de Salud Mental sancionada por el presidente Gustavo Petro es un avance significativo hacia la garantía del bienestar psicosocial de la población colombiana. Al adoptar un enfoque integral, comunitario y de derechos humanos, la ley permite que la salud mental sea reconocida como un componente esencial del desarrollo humano y social. Su cumplimiento depende de la articulación de múltiples sectores y de la activa participación ciudadana. De esta manera, se espera reducir la carga de enfermedad mental, fortalecer la resiliencia colectiva y avanzar hacia una sociedad más justa, empática y saludable.
Sait Ibarra Lopesierra