La microeconomía tiene una virtud incómoda: explica con frialdad científica lo que en la política local se intenta justificar con discursos épicos. Una de sus leyes más simples —y más ignoradas en La Guajira— es la de los rendimientos marginales decrecientes: señala que, cuando se incrementa de manera sostenida un insumo variable mientras los demás factores permanecen constantes, la producción adicional generada por cada nueva unidad tiende a disminuir (Samuelson & Nordhaus, 2010), para llegar posteriormente a un punto en que no solo rinde poco, sino que estorba. Eso mismo ocurre, sin metáforas forzadas, en la política guajira. Las campañas electorales funcionan como un taller saturado. El insumo que más se incrementa es siempre el mismo: dinero. Dinero para vallas, plata para tarimas, marmaja para líderes y “nequifavores” para activar los grupos de WhatsApp 24 horas. Sin embargo, los factores estructurales permanecen intactos: el mismo electorado empobrecido, la misma desconfianza institucional, las mismas promesas recicladas y el mismo déficit de ideas.
El resultado es predecible: cada millón adicional invertido genera menos votos que el anterior. La productividad marginal del gasto electoral cae, pero el sistema no corrige; insiste, persevera en función de la perversidad y la ignominia. Y, por lo tanto, apuesta más dinero para compensar la falta de legitimidad y más despliegue para ocultar la ausencia de proyecto político. Es la ley de los rendimientos decrecientes aplicada con terquedad caribe… y con los recursos públicos de un futuro cada más abrigado por la cobija de la incertidumbre.
El verdadero problema no es el despilfarro en campaña, sino el sistema de financiación que lo sostiene. En La Guajira, la campaña no se concibe como un esfuerzo político, sino como una inversión financiera. Quien pone el capital espera retornos, no en dividendos legales, sino en contratos, influencia y control del gasto público. El candidato no gana solo una elección: adquiere una deuda. Y ahí comienza la segunda fase del modelo: el Estado como mecanismo de pago, en función del mejor de los garantes.
Ya en el gobierno o en el legislativo, el gasto público se expande de forma artificial. Se contratan más personas de las necesarias, se crean programas sin capacidad operativa, se multiplican proyectos sin impacto real. Y por supuesto, la productividad marginal del gasto público se desploma. Cada peso adicional ejecutado produce menos bienestar, menos resultados y más frustración social. Pero el sistema insiste: si no funciona, se aumenta el presupuesto. Si el problema persiste, se nombra otro contratista.
La política guajira parece desconocer que cuando la productividad marginal cae, el costo marginal sube, y por ende la función de gobernar se vuelve cada vez más onerosa y menos efectiva. El Estado termina entonces funcionando como una estructura inflada, pesada y lenta, diseñada no para resolver problemas, sino para sostener el sistema de financiación que la originó. Y así, la ley de los rendimientos decrecientes deja de ser un concepto académico y se convierte en un diagnóstico político. Más gasto no equivale a mejor gobierno. Más contratos no significan más desarrollo. Más dinero en política no produce más democracia. En La Guajira, el problema no es que falten recursos. Es que sobran campañas costosas, gobiernos endeudados políticamente por la puerta de atrás y una obstinada incapacidad para entender que, cuando un sistema ya está saturado, seguir metiéndole plata no es solución: es parte del problema.
En este modelo, el ciudadano es tratado como una variable pasiva, un dato estadístico al que se le mide el comportamiento electoral, pero no el bienestar real. Porque los candidatos invierten más en movilizar votantes que en convencerlos; más en logística que en pedagogía; más en clientela que en ciudadanía, y por supuesto, más en demostrar sus virtudes histriónicas artísticas que a levantar la voz con los discursos rimados con propuestas y no aupados con el ay ombe del jolgorio. El resultado es una democracia de bajo rendimiento, donde el costo por voto efectivo es cada vez más alto y la confianza pública, ese capital invisible pero fundamental, se consume sin reposición.
Tal vez por eso la política guajira se parece tanto a una empresa que se niega a innovar: insiste en aumentar el mismo insumo esperando resultados distintos. Pero la microeconomía es implacable y la realidad aún más. Pues, al no transformar los factores fijos —institucionalidad, transparencia, planeación y ética pública—, cualquier aumento de gasto solo acelera el colapso del sistema. En ese punto, los rendimientos ya no son decrecientes: son negativos.
Arcesio Romero Pérez
Escritor afrocaribeño
Miembro de la organización de base NARP ASOMALAWI
Un axioma economico y sobre todo la analogia c0n el tema político y de elecciones excelentemente tratado. Gran articulo.
Solo me queda decir que el daño a la Democracia se puede ver reflejado en que dan cabida a falacias que prometan la redención de esas formas de hacer política y terminen llevándose todo, hasta lo más preciado…