Quien escribe estas líneas nació hace 25 años. Desde entonces, la consigna y reclamo común de la población colombiana para con nuestros gobernantes es uno, que parece inmutable en el tiempo: La seguridad.
Cuál tierra de nadie. Así se ha convertido el territorio colombiano. La criminalidad abunda, los ciudadanos se sienten desprotegidos, sea que estén en Chocó, la Guajira, el Cauca, Vichada, Santander o Bogotá. En la actualidad todos los colombianos se sienten agobiados y temerosos de siquiera salir a la calle con su familia y amigos ante la inseguridad generalizada que sumerge a Colombia tanto en los campos como en las ciudades, un problema que parece no tener fin.
La política de paz total del gobierno se muestra cada vez más fracasada, y el ciudadano común y de a pie es el que sufre con las consecuencias.
El panorama es desalentador: Según datos de la FIP, solo en el 2025 los llamados grupos armados sumaron 5.000 nuevos miembros, para un total de alrededor 27.000 personas dedicadas exclusivamente a la criminalidad, en especial, a actividades de extorsión y narcotráfico. Ese número de personas se reparte entre grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN, el Estado Mayor Central y las disidencias de las FARC. Esto, excluyendo a la ya normalizada “criminalidad común”, que azota los conglomerados urbanos.
En ciudades como Barranquilla, la extorsión a empresarios es ya generalizada. En zonas como el Catatumbo no es extraño escuchar a la población normalizar el pago de las llamadas “vacunas”. Pequeños y medianos empresarios en todo el país la incluyen todos los meses dentro de su presupuesto de gastos mensuales, como quien paga un recibo más, como si no tuvieran suficiente carga con la inmensa carga tributaria que se ven obligados a soportar.
La violencia política tampoco cede. Por el contrario, en época electoral, se recrudece: Líderes sociales siguen siendo asesinados, amenazados y extorsionados todas las semanas. Los colombianos no terminábamos de olvidar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cuando ya hay noticias de más violencia política.
La semana pasada circuló en redes sociales el video de un ataque al esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos ocurrido en Fortul, Arauca. Las imágenes de hombres con fúsil en mano acercándose a plena luz del día a disparar a la camioneta donde se transportaban los escoltas son ciertamente tenebrosas.
Mientras tanto, la respuesta del Estado parece no llegar nunca. Solo hasta inicios de febrero, tres años y medio luego de iniciado su mandato, el gobierno Petro llevó a cabo el primer bombardeo en contra del ELN en la zona del Catatumbo. La tardanza del ataque es bastante sintomática del debilitamiento que la fuerza pública ha experimentado bajo el gobierno actual, así como de la desesperante inacción por parte del ejecutivo. La oscura financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, así como los pactos hechos con criminales en las cárceles pueden ayudar a explicar el porqué de este escenario.
En la mayoría de los casos, los colombianos nos hemos acostumbrado que el gobierno se limite a ser un mero espectador del auge criminal por el que el país atraviesa. Cuando ya el crimen está cometido y hay poco más que hacer, desfilan por las redes sociales funcionarios públicos anunciado investigaciones que no llegan a ningún lado y prometiendo, una vez más, que el hecho en cuestión “no quedará en la impunidad”. La repuesta es reactiva, no preventiva. El escenario es el mismo una y otra vez, solo cambia el crimen y la desgracia de otra familia.
Este escenario, claro está, repercute en todos los campos de la vida de las personas. ¿Cómo salir a comer tranquilamente sabiendo que puedo ser robado? ¿Cómo abrir las puertas de mis negocios sabiendo que puede ser vandalizado? ¿Cómo prosperar como empresario si soy víctima de extorsión? ¿Cómo atraer inversión si el escenario de seguridad es el que es? ¿Cómo querer hacer política honesta sabiendo que puedo ser amenazada o asesinado?
En fin. La seguridad será, sin duda, una de las prioridades del próximo gobierno (una vez más), y quizá la más importante de ellas. La recuperación de la fuerza pública será primordial para lograr ese objetivo. Los colombianos necesitan sentirse seguros al caminar por sus ciudades y campos. Los colombianos no se quieren seguir sintiendo en un lugar donde no haya ni Dios ni ley.
Diego Alejandro Berbessi Fernández