Absolutamente dispendioso encontrar calificativos para bautizar la incansable y ponzoñosa oposición a Petro. La experiencia padecida, más que vivida, por gobernantes de talante alternativo, progresista, en otros países regionales, presagiaba en Colombia una arremetida y oposición sin tregua. Dada la degradación de las castas dominantes nacionales, tales presagios se vislumbraban más feroces y depravados, pero ni los más pesimistas conjeturaron que sería de tal magnitud.
El dogmatismo y fanatismo de la lumpen burguesía criolla, engrosada por una cuantiosa masa de intolerantes despistados, perturbados, carentes de autoconciencia, llegó al clímax en el episodio ocurrido en contra de la hija de Petro, en la antesala del partido Colombia contra Brasil, en pleno estadio Metropolitano. Se desnudaron a plenitud las carencias éticas, la bajeza de una ralea y un sector amaestrado, decididos a lo que sea con tal de sabotear al gobierno. Ese acto deleznable tiene los visos de haber sido fraguado y planificado. Se viene replicando en otros estadios del pais, ¿será que los artífices añoran los regímenes de barbarie y corrupción precedentes?
La obsesión antipetrista de bases opositoras incitadas por líderes mafiosos y criminales los induce a copiar, asimilar y reproducir calumnias y disparates que su matriz de contradicción, alimentada por el odio y la ignorancia les provea. Han cimentado alrededor de actos, ejecutorias, pronunciamientos del gobierno, cuanta insensatez se les ocurre. Hordas radicalizadas, entre cuya militancia figuran energúmenos, autores de frases como: “plomo es lo que hay, hagan silencio o los callamos, y titulares de prensa sensacionalista confabulada para estimularlos a cometer actos que exceden normas mínimas de convivencia. No olvidemos que, entre sus tutores destacan auspiciadores del paramilitarismo, lo cual sugiere una frontera difusa en sus límites morales.
En su desbordada e iletrada radicalización, la oposición, llega al extremo de otorgarle al gobierno total negligencia en sus responsabilidades ejecutivas. Es usual la manida frase: “No ha hecho nada”, cháchara recurrente a la que apela ese ejercito desalmado, indocto e irracional. El voluntarismo vulgar es su norte imaginativo.
A efectos de demostrar que esta última argucia: la supuesta inacción gubernamental está desprovista de asideros, hemos escogido a La Guajira para refutar falacias esgrimidas en tal sentido por la caterva de insensatos opositores. En el propósito es menester destacar el cambio de paradigmas en la fórmula de diseño y ejecución de programas, proyectos y planes gubernamentales. La oposición y la derecha de este pais está habituada a programas y proyectos rimbombantes, generalmente acompañados de portentosas asignaciones presupuestales prioritariamente orientadas a obras de infraestructura física que, antes de la adjudicación y aprobación, cuentan con destinatarios o beneficiarios contractuales, preseleccionados con las esperadas y consabidas coimas y mañas corruptas, obviamente traducidas en muchas ocasiones en rotundos fracasos, obras inconclusas o “elefantes blancos”.
Citaremos a los más notorios que, en un departamento asolado por tantas carencias, se trasmutan en un crimen: Centro de Acopio Lechero de Villanueva, se invirtieron entre los años 2008 y 2009 la suma de $ 900 millones. Recursos provenientes del INCODER. Los Programas de Vivienda inconclusos en los municipios de Riohacha, Maicao y Hato Nuevo, el despilfarro en los tres entes asciende a $ 15,538 millones. La “joya de la Corona”: la Represa del Ranchería, que se constituye en el segundo más cuantioso “elefante blanco” del pais, cuyo coste asciende a los $ 700 mil millones.
Los uribistas a ultranza- denominación redundante- defienden a capa y espada los antecedentes del proyecto Ranchería, omitiendo que en su trámite anida una enorme irresponsabilidad al no gestionarse al momento de su aprobación, la garantía de reservas presupuestales en vigencias futuras, para su culminación, por tratarse de un proyecto estratégico. El interés se centró en adjudicar la obra a como diere lugar, aprovechando los colosales recursos con que contó el expresidente, provenientes de las bonazas mineras y petroleras de la época, y de la venta de varios activos estatales. De estos últimos recibió la suma de $ 13 billones de pesos. Generándose un desenfreno por gastar a manos llenas los enormes recursos disponibles.
Le atribuyeron a Santos desidia en terminar de ejecutar la Represa, por ojerizas contra su antecesor. El pupilo del Gran Colombiano desmintió esa tesis, de manera paradójica y contradictoria destinó a un embeleco denominado Guajira Azul, la suma de $ 420,000,000,000 que, bien pudieron haber sido reservados a su culminación de la Represa. Equivalentes a alrededor del 30% del presupuesto requerido para finalizar los distritos de riego de San Juan y Ranchería y las obras para optimización y mejoramiento de los 9 acueductos regionales.
El gobierno Petro a través de la Agencia de Desarrollo Rural está realizando actualización de estudios y diseños de la Represa, estructuración de financiación, y se espera que en 2024 culmine la fase de estructuración de problemáticas y articulación institucional.
El Programa Guajira Azul, otro ejemplo palmario de corrupción, despilfarro, ineficiencia y pésima asignación de recursos públicos, acompañado de nulas repercusiones e impactos sociales. En las cuantiosísimas inversiones realizadas por los gobiernos de los conmilitones que tan ferozmente critican al gobierno Petro. Lo menos determinante son los beneficios e impactos comunitarios.
El Programa Guajira Azul estrategia diseñada por Duque para dar cumplimiento a la Sentencia T- 302, por medio de la cual, y mediante un histórico fallo la Corte Constitucional tuteló derechos a la alimentación, salud y agua de los niños Wayuu, no fue óbice para que campearan la negligencia y corrupción en su ejecución. Entre 2018 y 2022 se comprometieron a entregar 24 pilas y al finalizar el anterior gobierno, solo habían entregado 5. El suministro de agua no es continúo debido al modelo ideado, no se garantizó la operación y mantenimiento de las pilas. No hubo tal como lo ordenaba la Sentencia, consulta previa con las comunidades para el diseño, ubicación y ejecución. El Programa se limitó: “a contratar, construir, inaugurar y abandonar”.
La Contraloría General concluyó que “la planeación, implementación y ejecución del Programa Guajira Azul durante las vigencias 2018,2019 y 2020 no es eficaz por las debilidades encontradas en los contratos de la muestra evaluados, así como en el seguimiento y control del área presupuestal y de los recursos administrados y asignados para el desarrollo de los proyectos (sic). En términos generales se identificaron 22 hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria, 6 hallazgos más con incidencia fiscal por más de $ 2,000 millones y ante la gravedad de los hechos se solicitaron dos indagaciones preliminares”.
En el actual gobierno los programas van orientados y dirigidos a las comunidades como beneficiarios directos. Desafortunadamente, y debido a dificultades en su difusión, no son adecuadamente conocidos. Describiremos de manera sucinta algunos programas y proyectos en ejecución en el departamento de La Guajira a escasos 17 meses de posesionado el actual presidente.
Para fortalecer la pesca artesanal en La Guajira, la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, entregó a los pescadores artesanales de Camarones, embarcaciones, kits de seguridad y matrículas a diversas asociaciones de pescadores artesanales, con una inversión que supera los 600 millones de pesos. Este proyecto busca no solo apoyar a los pescadores locales en su labor diaria, sino también contribuir al objetivo de Hambre Cero en la región.
Se enfatizó la importancia de respetar prácticas y costumbres arraigadas en la región. Un total de 11 organizaciones fueron beneficiadas con las nuevas embarcaciones, proporcionándoles recursos adicionales para mejorar ingresos y facilitar el acceso al recurso pesquero en el mar. La iniciativa no solo busca garantizar el sustento alimentario comunitario, sino también generar ingresos económicos dignos. Esta inversión significativa representa un paso importante hacia el desarrollo sostenible de la pesca artesanal en la región, promoviendo el bienestar de las comunidades locales.
Cabo de la Vela – Media Luna (Uribía, La Guajira) serían las primeras Comunidades energéticas. Actualmente más de 1.500 familias se encuentran involucradas en un proyecto de energización liderado por el IPSE, de las cuales más de 550 ya cuentan con el servicio desde diciembre de 2022 a través de una planta diésel. Para ellos se trabaja en la implementación de 2 instalaciones fotovoltaicas centralizadas, las cuales se ubicarán elevadas en dos instituciones educativas: una en el Centro de Desarrollo Infantil de Media Luna y la otra en el Internado Indígena Cabo de la Vela.
De la mano de la energización se adelantará un proyecto de Fortalecimiento Educativo Piscícola basado en tanques de geomembrana para la producción de Tilapia Roja orientado a l autoconsumo de la comunidad de Cabo de la Vela y venta de excedentes de la producción pesquera. Para la institución de Media Luna se gestiona un proceso de fortalecimiento lúdico educativo. Actualmente el IPSE trabaja en la proyección de los valores de la inversión para realizar una articulación con empresas del sector para la financiación del componente económico y social.
El Ministerio de Agricultura entrega un balance de acciones desarrolladas en este departamento para beneficio de la población rural. Inversiones, desarrollo, créditos y apoyo para enfrentar la situación de hambre hacen parte de los avances presentados. Un convenio por $6.000 millones para impulsar proyectos productivos de agricultura familiar, con el fin de mejorar aparejos y equipos para la pesca artesanales, fue suscrito para beneficiar a 5.880 pescadores. Esta alianza se selló con jefes familiares Wayüu de la zona norte extrema de La Guajira, Wayuú – Araurayu, para mejorar la calidad de vida y las condiciones de proyectos productivos pesqueros de la región.
Se invirtieron recursos por $4.000 millones para destinarlos a acciones anticipatorias frente a la posible llegada del fenómeno El Niño. Se beneficiaron 35 comunidades indígenas de Uribía, Manaure, Maicao, Albania, Riohacha y San Juan del Cesar. El plan consistió en la instalación de infraestructura para riego, sistemas de captación de agua, rehabilitación de jagüeyes, molinos de viento y entrega de semillas certificadas tolerantes a la temporada seca.
En materia de financiamiento, se reportaron 217 otorgamientos de crédito por $4.420 millones, siendo los pequeños productores los más beneficiados, con operaciones por $1.798 millones para costear proyectos productivos en Riohacha, Fonseca, San Juan del Cesar, Maicao y Villanueva.
En Líneas Especiales de Crédito se generaron 46 operaciones con tasa de interés subsidiada, lo que representa subsidios por valor de $63 millones, y que apalancaron créditos por $658 millones. Las actividades productivas que más solicitaron apoyo financiero son yuca (26%), café (24%) y plátano (20%).
Con una inversión superior a los 6 mil millones de pesos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres implementó en el departamento el programa de ‘Canastas Populares’ con el propósito de atender a las comunidades de esta zona del país, que se encuentran en situación de riesgo por inseguridad alimentaria. A través de este programa en lo corrido del año se han impactado más de 70,000 habitantes con una canasta para cumplir con los requerimientos básicos para su alimentación.
Alimentos como frutas, verduras, carnes, cereales, tubérculos, plátanos, leche y aceite, entre otros, hacen parte de las canastas populares que están beneficiando a 14.479 familias de 26 comunidades de Riohacha y los municipios de Manaure, Maicao, Hato Nuevo y Uribía. Las comunidades beneficiadas recibieron una canasta tipo mercado que consta de aproximadamente 40 kilogramos de productos agrícolas perecederos y no perecederos, teniendo en cuenta los requerimientos energéticos y nutricionales para una familia compuesta por cinco personas.
En Riohacha al lado de la Universidad de La Guajira, en un lote que ya ha identificado el Gobierno del Cambio, se construirá un nuevo hospital con recursos por 40 millones de dólares acordados con el presidente de Emiratos Árabes Unidos.
Los aproximadamente $160 mil millones (USD 40 millones), estarían destinados no solo para la construcción del nuevo hospital, sino en actividades para potabilizar el agua en comunidades indígenas y atención a migrantes.
José Luis Arredondo Mejía