Tras 15 días continuos de ilegales y extorsionadores bloqueos de su línea férrea, el pasado lunes 11 de mayo Cerrejón reactivó sus operaciones de transporte de carbón a Puerto Bolívar, donde una larga cola de buques con sus impacientes tripulaciones esperaba para ser cargados con este aún muy necesitado mineral. Después de haber soportado más de 282 bloqueos en este año, éste último parecía una interminable amenaza de acabar con la sostenibilidad de esta empresa, arrasando con mas de 13 mil empleos y todos los beneficios que genera para la región y al país.
A los protagonistas de estos bloqueos, que incluyen lideres de comunidades indígenas y algunos afrodescendientes, no les interesa los tremendos impactos negativos que producen. A ellos no les importa si Cerrejón se cierra por insostenible y como consecuencia miles de empleados y familias quedan sin trabajo, o si más del 50% del PIB de La Guajira se destruye en poco tiempo y se acaban súbitamente los cuantiosos recursos en impuestos, regalías e inversión social y ambiental que genera esta empresa.
La inacción y la indiferencia de las autoridades nacionales y locales es inaceptable cuando hay tantos beneficios en riesgo, especialmente es un territorio con tantas necesidades. Aunque esa actitud gubernamental puede tener su origen en los ataques que el presidente Petro, con su afán ambientalista, sigue haciendo a la minería de carbón y la explotación de petróleo.
Como no ha podido acabar con la minería de carbón en el país, imponiendo mayores impuestos y restricciones ambientales, estará feliz que lo hagan los bloqueos que realizan esas comunidades, que al final desafortunadamente serán las más afectadas. Podríamos estar entonces frente a una estrategia de inacción y complicidad del gobierno nacional frente a estos hechos.
Esta vez, cansados por lo prolongado del bloqueo, un importante número de comprometidos empleados directos y contratistas de Cerrejón, a los que se unieron ciudadanos independientes, realizaron una valerosa marcha y una campaña con múltiples mensajes por redes sociales para protestar contra esos devastadores bloqueos y para exigir a las autoridades competentes acciones concretas para evitar que se sigan presentando.
Sin dudas el diálogo directo y transparente es el camino correcto para solucionar las diferencias, reales o aparentes, que pudieran existir entre las partes.
No se han conocido pronunciamientos favorables de los lideres de las organizaciones sindicales, Sintracarbon y Sintracerrejon, orientados a coadyuvar en la solución de esta situación, que también amenaza sus puestos de trabajo y su misión o razón de ser. Por el contrario, mediante un comunicado, Sintracarbon dio su respaldo al bloqueo que realizó un grupo de personas denominado “junta social pro-reubicación de Tabaco”, en el que participaron representantes de algunas ONG europeas y norteamericanas. Adicionalmente estuvieron presentes lideres indígenas del Cauca, lo que evidencia el perfil ideológico de este hecho.
No todos los originarios de Tabaco están de acuerdo con los planteamientos de esa Junta que quiere ahora una reubicación, pues saben que en su momento no la quisieron y prefirieron acuerdos individuales con la empresa. Un fallo de la Corte definió el camino a seguir y las responsabilidades de cada una de las partes involucradas en este conflicto, en el que el municipio de Hato Nuevo tiene un rol muy importante que cumplir.
Por eso mismo, es desatinado intervenir en este conflicto social sin conocer su historia, su contexto y sus detalles. Ojalá esta organización sindical resuelva pronto ese gran dilema que enfrenta, para el bien de todos sus afiliados, quienes en su mayoría se sienten orgullosos de ser trabajadores mineros.
Álvaro López Peralta