“La cobardía de la autoridad siempre ha envalentonado, y jamás pacificado, al rebelde”. No podía tener mayor razón el historiador colombiano Pablo Victoria, autor de tan certera frase, a propósito de la violenta realidad que la política de Paz Total y de Seguridad Humana ha logrado reeditar.
A menos de un año de terminar su mandato, no cabe duda que la promesa de cambio con la que Gustavo Petro y Francia Márquez llegaron al poder ha resultado ser, una estafa. El ELN no firmó la paz en tres meses y los criminales son los únicos que terminaron “viviendo sabroso”.
Los atentados terroristas de Cali y Amalfi, reafirman el fracaso de una sinuosa política que empoderó a los criminales, a expensas de la estabilidad institucional y la seguridad pública. Mientras los grupos armados ilegales han retomado zonas que habían sido recuperadas por la Fuerza Pública hace varios años, han adquirido sofisticado armamento y han perfeccionado la instrumentalización de la población en beneficio propio, las autoridades civiles y militares parecen aturdidas, desorientadas e incapaces de garantizar la seguridad de los ciudadanos, y hasta la suya.
En ambos actos criminales saltan a la vista graves fallas de inteligencia y de planeamiento. No es posible explicar de otra manera, que dos furgones cargados con cilindros adaptados con explosivos recorrieran cerca de 400 kilómetros, desde Corinto, Cauca, hasta la base Marco Fidel Suárez en Cali, sin ser detectados.
Más incomprensible resulta aún que un helicóptero cayera en un área previamente preparada con explosivos enterrados a más de un metro de profundidad, fuera del alcance de los detectores electrónicos y del olfato de los caninos, en una zona con probada presencia de grupos armados ilegales. ¿Cómo explicar, además, que tras el ataque la Fuerza Pública tardara 24 horas en llegar al lugar? Sin unidades de tierra ni apoyo aéreo de respaldo, la operación quedó marcada por la improvisación, la desidia y la carencia de recursos, una precariedad que ya es imposible seguir ocultando.
Estos actos terroristas, perpetrados por dos de los grupos armados que se han beneficiado de los ceses al fuego y la suspensión de órdenes de captura de sus sanguinarios cabecillas, no fueron obstáculo para que emisarios de Petro se reunieran con alias Calarcá, jefe del frente 36 de las FARC, apenas un día de confirmar el asesinato de los 13 Policías que ocupaban el helicóptero, con el fin de continuar “hablando de paz”.
Mientras las familias de los Héroes y ciudadanos asesinados lloran su desgracia, y millones de colombianos reviven la zozobra de hace décadas, Petro está más interesado en reivindicar su pasado criminal y denostar de las legítimas acciones militares de los Estados Unidos en el Mar Caribe, temeroso de que ello signifique el fin del régimen de su aliado Nicolás Maduro.
De este modo, además de insistir en la falacia de que el accionar criminal de los grupos armados en Colombia obedece a las órdenes de una “junta internacional del narcotráfico”, de la cual nunca ha aportado prueba, se empeña en desconocer la existencia del Cártel de los Soles en Venezuela, a pesar de la sobrada evidencia que confirma su existencia desde la década de los noventa. Llegó la hora de recuperar la mano dura.
José Félix Lafaurie Rivera